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Lunes 20 de Septiembre de 2021

Vecinos del Uruguay denunciaron por violar los DDHH a UPM ante la OEA

Vecinos del Uruguay denunciaron por violar los DDHH a UPM ante la OEA

18/08/2021 |La planta se instalará cerca de Paso de los Toros, en el centro del país. El monto de la inversión será de US$ 2.700 millones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió el martes pasado la denuncia de varias organizaciones sociales de la República Oriental del Uruguay sobre las lesiones de los derechos humanos de vecinos y de la población en general por los acuerdos firmados entre el gobierno y la multinacional UPM (ex Botnia) para la instalación de una tercera planta de celulosa en el hermano país.

La denuncia la presentaron vecinos de las localidades orientales de Durazno, 25 de Mayo, Florida, Progreso, La Paz, Canelones, Peñarol, Sayago, Colón y el Municipio de Montevideo, que se oponen al paso del tren de UPM por esas zonas densamente pobladas, junto con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, Redes AT de Uruguay y el Colectivo Ecofeminista Dafnias, se indicó en un comunicado dado a conocer por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus).

Las organizaciones socio ambientales recordaron que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA creado en 1959 para la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, Estados Unidos. Junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH).

“La denuncia presentada se basa en las irregularidades cometidas por el Estado uruguayo y UPM para instalar la planta de celulosa eludiendo las garantías del debido proceso, alterando los procedimientos de autorización ambiental, desconociendo la Constitución y las leyes protectoras de derechos humanos y ambientales y los tratados internacionales respectivos de los cuales es signatario Uruguay”, explicaron en la presentación a la prensa.

Las personas afectadas apelaron al derecho de petición ante el Poder Ejecutivo y el Parlamento uruguayo para objetar el contrato firmado, han recurrido a las vías administrativa y judicial para impugnar los actos irregulares sin obtener respuesta. Los vecinos de las localidades atravesadas por el tren de UPM utilizaron una ley vigente para promover un cambio o decidirlo por una consulta popular, pero fueron ignorados, publicó el portal Era Verde.

“En defensa de la dignidad, la integridad y los derechos de los uruguayos, llamamos a cumplir con los principios establecidos por las Naciones Unidas y ratificados por Uruguay, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados posteriores en esa materia, en especial, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, expresa la petición presentada al organismo interamericano.

Las organizaciones firmantes solicitan a la Comisión la realización de una auditoría externa e independiente con el fin de evaluar el Contrato ROU-UPM y sus consecuencias potenciales sobre el ambiente y los derechos humanos, así como para analizar lo que está ocurriendo actualmente en Uruguay en relación al proyecto de la multinacional finlandesa y el respeto de los derechos involucrados.

Esta denuncia se complementa con la presentada en febrero pasado al Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU por tres organizaciones sociales finlandesas sobre las consecuencias de las actividades de UPM en Uruguay y la responsabilidad de Finlandia en la actuación de empresas multinacionales cuya sede central se encuentra en ese país.

En sus conclusiones, el CDESC lamentó que Finlandia no tenga un marco normativo que obligue a las empresas bajo su jurisdicción a respetar los derechos humanos y expresó su preocupación por la falta de una evaluación completa sobre los impactos del proyecto de UPM en Uruguay. El Comité fijó un plazo de dos años para que Finlandia adopte un marco normativo sobre empresas y derechos humanos.

 

 

 

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