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Megajuicio por corrupción: rechazaron la mayoría de los planteos de las defensas
Se reanudó ayer el debate con la resolución sobre el planteo de nulidades y exclusiones probatorias realizadas por los abogados defensores en el marco del mega juicio por corrupción que se le sigue al actual embajador en Israel y ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri.
El tribunal compuesto por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno rechazó la mayoría de lo presentado por los abogados defensores.
Posterior a esto, el abogado defensor de Sergio Urribarri, Raúl Barrandeguy solicitó un cuarto intermedio para poder comunicarse con el embajador argentino en Israel y Chipre, para coordinar su declaración ante el Tribunal.
Barrandeguy y el resto de los defensores Candelario Pérez, Ignacio Díaz, José Velázquez, Emilio Fouces, Marcos Rodríguez Allende y Miguel Cullen, habían atacado los informes periciales realizados por el Ministerio Público Fiscal. Dijeron que no se trata de “pericias” sino que son una especie de informes de parte, elaborados por profesionales que consideraron no idóneos en las materias que se expidieron. El Tribunal rechazó el planteo defensivo.
Además, volvieron a criticar la separación del juicio del imputado Fernando Montañana -publicista de Concepción del Uruguay, acusado en el legajo conocido como ‘causa de la vaca’-. Aseguraron en ese punto que su exclusión del debate afecta el ejercicio de la defensa en juicio del propio Montañana y de otros imputados.
Pero, estos argumentos también fueron desechados por el Tribunal de Juicio, consignó el portal Análisis Digital.
También sufrieron el rechazo de la incorporación como testigo del extitular del AFSCA, Gabriel Mariotto, tras el fallecimiento del exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González, convocado por la defensa del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.
Los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Cecilia Goyeneche habían contestado uno por uno los planteamientos. Dijeron que los informes periciales atravesaron la instancia de control en la Justicia de Garantías. Agregaron que, en ocasiones puntuales, los propios defensores no participaron de la producción de esos informes cuando fueron citados en reiteradas ocasiones para la instancia. Sumaron en el mismo sentido que los abogados pidieron la intervención de profesionales organismos extrajudiciales en la producción de pruebas y debieron convocarlos, pero no lo hicieron. Preguntaron por qué, si no estaban de acuerdo con la intervención de algunos profesionales del Ministerio Público Fiscal en la producción de los informes, no los recusaron en su momento. “Las mismas partes que en su momento acordamos esta producción de prueba, ahora la están cuestionando. Claro que nos sorprende esto que están haciendo, porque hicimos un acuerdo para admitir esta prueba y después la están cuestionando. No solo precluyó la etapa para eso, sino que carecen de razón y se produce una contradicción con la acción procesal anterior, validada por la Justicia de Garantías”, contestó Goyeneche.
Identificaciones
Tras dar a conocer la resolución sobre esta discusión, los jueces identificaron a los imputados. De este modo, se chequearon los datos personales de cada uno. Así pasó con el exgobernador Urribarri; el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez; el empleado legislativo Juan Pablo Aguilera; su esposa Luciana Almada; el hermano de ella, Alejandro Almada; Maximiliano Sena; Emiliano Giacopuzzi; los empleados del Gobierno de Entre Ríos, Gustavo Tórtul y Hugo Céspedes; la contadora Corina Cargniel; el exministro de Turismo Hugo Marsó; el empresario Gerardo Caruso; Gustavo Tamay y el empresario Germán Buffa.
Declaró Urribarri
Tras la decisión del Tribunal de Juicio de rechazar la mayoría de los planteos previos realizados por las defensas, los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón procedieron a identificar a cada uno de los imputados. En esa instancia, cada imputado decidió si declara o no en esta instancia.
La estrategia de los abogados defensores fue que Urribarri exprese algunas palabras sin mayor extensión y que el resto de los imputados no declaren en esta instancia. Cabe recordar que a cada imputado le asiste el derecho de declarar y ampliar su declaración durante cualquier momento del debate oral y público.
Urribarri expresó: “Mi oportunidad de hablar en detalle será más adelante en este juicio, lo voy a hacer de manera extensa y detallada sobre distintas cuestiones. Pero, no quería perderme esta oportunidad para negar enfáticamente todos los hechos que se me endilgan en cada uno de los legajos”, expresó el ex gobernador en su primer declaración como imputado ante el Tribunal de Juicio.
Posteriormente, afirmó: “Yo más que nadie estaba esperando este momento para poder defenderme de tantos ataques que he recibido durante todos estos años. No tengo dudas que esto que digo quedará probado durante el desarrollo de este debate”, expresó el exgobernador desde su domicilio en Israel.
Por su parte, el exministro de Cultura y Comunicación del gobierno de Urribarri, Pedro Ángel Báez, se limitó a ratificar lo expresado durante toda la etapa de investigación: “Quiero ratificar lo que he dicho a lo largo de todo el proceso y consta en mis declaraciones”.
“Adelanto que declararé más de una vez a lo largo de esta instancia de debate, siempre cuando sea permitido y lo resolvamos con mi defensa”, finalizó el exdiputado provincial.
El abogado de Báez, José Velázquez, solicitó que no se le de publicidad al domicilio actual del exdiputado y exministro, “en resguardo de la privacidad”. El Tribunal le concedió el pedido.
Posteriormente llegó el turno del cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera, quien se pronunció en la misma sintonía que Báez y aseguró que declarará con posterioridad durante el debate. Mismo camino tomó su pareja, Luciana Almada, quien decidió no declarar en esta instancia. En sintonía con su cuñado y hermana, Alejandro Almada decidió no declarar en esta instancia.
La estrategia defensiva se completó con un mismo comportamiento del resto de los imputados en el megajuicio por corrupción. De ese modo, Maximiliano Sena, Emiliano Giacopuzzi, Gustavo Tórtul, Hugo Céspedes, la contadora Corina Cargniel, el exministro de Turismo Hugo Marsó, el empresario Gerardo Caruso, Gustavo Tamay y el comerciante Germán Buffa, decidieron abstenerse a realizar declaraciones en esta instancia.