Megajuicio contra la corrupción: comenzaron a declarar los testigos

El ex coordinador de la Unidad Operativa Mercosur, que funcionó en 2014, cuando sesionó en Paraná la Cumbre de Presidentes del Mercador Común del Sur (Mercosur), Hugo Félix Céspedes, falleció el sábado pasado después de batallar contra un cáncer. Céspedes era uno de los 15 imputados en el megajuicio contra la corrupción que se sustancia desde el lunes 27 de septiembre y que tiene a Sergio Urribarri (exgobernador y actual embajador de Israel) como principal imputado.

Céspedes estaba imputado y tenía un pedido de condena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua en la denominada causa del Sueño Entrerriano por la contratación de la difusión de spots en medios nacionales con la productora Nelly EntertainmentSA, de Jorge “Corcho” Rodríguez.

Durante la audiencia del martes 5 del actual, cuando fue identificado por el Tribunal que conforman los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón, contó que se había jubilado, que tenía 63 años y que estaba en tratamiento oncológico, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

Tuvo casi medio siglo de desempeño en la Administración: se desempeñó durante 46 años en el Estado. Fue jefe de Contable del Ministerio de Gobierno con Adán Bahl como ministro y luego director general del Servicio Contable de la Gobernación en la segunda gestión de Urribarri.

Estaba en tratamiento oncológico desde principio de año. Según se supo, a pesar de estar llevar bien esa afección, sufrió una falla cardíaca.

El portal Entre Ríos Ahora consultó a fuentes de Fiscalía respecto de qué implicancia puede tener el deceso de uno de los imputados en el desarrollo del megajuicio –mañana ser hará la sexta audiencia- y se respondió de modo tajante: “No cambia nada”.

 

Sexta audiencia: comenzaron a declarar los testigos

 

La sexta jornada de audiencias públicas del megajuicio que se sustancia contra el exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, tuvo ayer las ausencias de varios de los imputados: ya tenían permiso para no estar presentes, ni de forma presencial ni de modo remoto, el exministro de Turismo, Hugo Marsó, y el empresario Gerardo Caruso, que fundó la firma El Juego en Que Andamos y montó el pelotero en Mar del Plata, que le costó a la Provincia $14 millones, y que según Fiscalía, se utilizó para el lanzamiento de la precandidatura a presidente del exgobernador.

Tampoco fueron de la partida el exministro de Comunicación y Cultura, Pedro Báez –por malestar de salud-; el empresario Maximiliano Sena, según el Ministerio Público Fiscal, un “prestanombre” para las empresas que se atribuyen al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, sospechadas de un manejo “cartelizado” de las pautas publicitarias durante el urribarrismo. Tampoco estuvo el empleado de Turismo Gustavo Tamay, ni el funcionario Gustavo Tortul. La esposa de Aguilera, Luciana Almada, fue autorizada a ausentarse hasta que se disponga su presencia en Tribunales.

Respecto del imputado Hugo Céspedes, que falleció el fin de semana, el Tribunal conformada por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón aguardará contar con el certificado de defunción para dictar el sobreseimiento por extinción de la acción penal.

Ayer fue el turno de los primeros tres testigos aportados por la Fiscalía. El primero fue un oficial de la Policía Federal, Enrique Maximiliano Pepe, que prestó servicios en la Delegación Paraná de esa Fuerza pero que ahora está destinado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pepe participó de los allanamientos ordenados por la Justicia el 1° de agosto de 2016 en las empresas Tep SRL y Next SRL, en Feliciano al 800 y Racedo al 400, y dio detalles de esos procedimientos, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

Luego, siguió Teresa Pot, una empleada doméstica que trabaja en la casa de una docente jubilada que habita en una vivienda ubicada en calle Irigoyen al 800, contiguo a los galpones de Tep SRL.

Un cable asomaba en tejado. TBP pensó que eran un juguete. Es habitual que los niños que viven al lado arrojen sus trastos por la ventana. Y ahí quedan esos objetos, en algún punto del patio o la terraza, hasta que la dueña de casa o TBP deciden juntarlos.

Ese 1° de agosto de 2016, la mujer que hace 17 años limpia la casa de calle Villaguay e Irigoyen de Paraná, bajó de la terraza y avisó a la dueña de casa que había visto un objeto en el techo. Buscó una escalera móvil y trepó hasta alcanzarlo. Era una pequeña caja negra, de plástico duro y detalles en rojo. No sabía de qué se trataba, aunque en ese momento reafirmó su idea sobre los niños y los juguetes arrojados por la ventana. Lo entregó a la dueña de casa, terminó su trabajo de aseo y se fue.

Así lo contó ayer frente a los jueces: “La señora después me contó que se trataba de una memoria, y que la entregó a la Policía”, acotó más tarde, según consignó el portal Análisis Digital.

Esa memoria, considerada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) como “la caja negra” que contiene información de los “retornos” a las empresas Tep SRL y Next SRL, fue secuestrada en el marco del allanamiento que estaban realizando agentes de la Policía Federal y el MPF en el inmueble de calle Racedo 415. Según alegó la procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, hace algunos días, la contadora Corina Cargniel -a quien calificó como “mano derecha” de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri-, arrojó ese disco externo por el ventiluz de un baño, para no ser detectado en el operativo.

“Habitualmente barro afuera, entro, subo a la terraza, barro ahí, limpio adentro de la casa. Ese día subí a la terraza, estaba sacando telas de araña y vi que asomaba un cable en el tejado. Bajé y avisé a señora que eso colgaba. Pensamos que era un juguete de los nenes de al lado. Lo saqué, lo alcancé a la señora, terminé mis quehaceres y me fui”, dijo.

La fiscal Patricia Yedro, a cargo de la investigación en el legajo conocido como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”, le mostró el aparato secuestrado a la testigo. Le preguntó si se trataba de aquel dispositivo que vio en el techo. TBP contestó que sí.

La hipótesis acusatoria principal de la “causa de la vaca” apunta a que entre 2010 y 2015, el gobierno de la provincia direccionó partidas publicitarias para la vía púbica a las empresas Tep y Next. En la acusación formal se sostiene que las dos empresas, una de diseño gráfico y otra una imprenta, ubicadas en calle Racedo, tienen como titulares a personas que serían “testaferros” de Aguilera. Se trata de la contadora Cargniel, Maximiliano Sena, Emiliano Giacopuzzi, Alejando Almada y su hermana, Luciana Almada -pareja de Aguilera-.

Los defensores preguntaron a TBP sobre el episodio. Apuntaron a saber cómo fue entregado a la Policía un dispositivo que, en principio, las mujeres creyeron un juguete. Consultaron sobre los movimientos en el barrio, si el allanamiento había sido advertido. 

–¿Usted le vio alguna marca particular, un sello a ese disco? –consultó Raúl Barrandeguy.

–No, no le vi ninguna marca –respondió la testigo.

–¿Y entonces cómo sabe que ese disco que le mostraron es el mismo que usted bajó del techo?

–Por las marcas rojas.