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Alicia Benítez: “Urribarri me dijo que se jugaba la vida, porque quería ser candidato”
Imagen de archivo del mega juicio por corrupción que se le sigue al ex gobernador Sergio Urribarri y otros funcionarios y empresarios.
La directora de Vialidad Provincial y excoordinadora de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, Alicia Benítez, declaró ayer en el mega juicio contra la corrupción que tiene como principal imputado al ex gobernador y actual embajador en Israel, Sergio Urribarri y otros ex ministros de su gestión de gobierno. El tribunal está compuesto por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.
En ese marco, Alicia Benítez le confío a los jueces que Urribarri la llamó para encargarle la puesta edilicia a punto para realizar la Cumbre del Mercosur. “Me dijo que se jugaba la vida, porque quería ser candidato (a presidente), quería ser elegido”, dijo.
Manifestó que entre agosto y septiembre de 2014, Urribarri se comunicó con ella por teléfono y le encomendó las tareas en los edificios donde desarrollarían la Cumbre del Mercosur. En ese momento ella ocupaba la Secretaría de Obras y Servicios Públicos dependiente del Ministerio de Planeamiento de la provincia. Alicia Benítez está imputada en otra causa, justamente por su intervención en el marco de la Cumbre del Mercosur. Eso generó una discusión entre las partes, puntualmente con los defensores Miguel Cullen y Raúl Barrandeguy. El primero pidió prudencia con las consultas y el segundo reclamó eximirla del juramento. El tribunal resolvió la cuestión, atendiendo la marcación de Cullen y entendiendo que la declaración de Benítez estaba convenida por las partes en la convención probatoria, publicó el portal Análisis Digital.
Declaró la perito del MPF
“Disculpe, pero advierto que no están presentes los doctores Fouces y Cullen y no se puede continuar en estas condiciones porque hay imputados que no tienen su defensa”, intervino Chemez. Así tuvo que interrumpir el presidente del Tribunal a la testigo y contadora Victoria González Brunet, integrante del gabinete de análisis de prueba del Ministerio Público Fiscal (MPF).
El fiscal Badano le consultó a la testigo por qué había decidido incorporar a sus informes la línea de Franco Urribarri y González Brunet respondió: “Tomé la decisión porque durante otros allanamientos que se realizaron en junio del 2018 en la sede de la empresa Relevamiento Catastrales –cuyo titular es Diego Armando Cardona Herreros- se encontraron dos facturas de la agencia de viaje Interfly Tour emitida a Relevamientos Catastrales donde daban cuenta de la compra de unos pasajes a Mar del Plata para Caruso, Aguilera y Franco Urribarri”.
La testigo informó que la agencia de viajes amplió la información en diciembre del 2018 y que en esa ampliación quedó evidenciado que “los pasajes fueron emitidos a pedido del propio Cardona Herreros”. De esa compra se emitió una factura con fecha de 10 de noviembre del 2014.
Lo que expuso Fiscalía es que Aguilera, Caruso y Franco Urribarri fueron a Mar del Plata a principios de noviembre del 2014 con pasajes pagados por Relevamientos Catastrales. Los llamados telefónicos coinciden con la línea de tiempo de la tesis del MPF, ya que la testigo confirmó que Aguilera y Franco Urribarri se empezaron a comunicar con Caruso el 7 de noviembre, “días previos al viaje juntos”.
Además, la integrante del equipo pericial del MPF señaló que entre el propio Urribarri y Caruso se comunicaron más de 160 veces a partir del 20 de octubre del 2014, siendo “la mayoría de las comunicaciones se dieron antes de que el gobierno le adjudique a Caruso la realización del parador en Mar del Plata”.
Causas acumuladas
El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera-.
El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa delas imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del ex Ministerio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.
La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.
Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.
El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.
En el debate intervienen, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.
El tribunal está compuesto por José María Chemez, carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y no se sabe bien cuándo concluirá, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate y a la cantidad de testigos previstos.
Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares.