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La Cámara de Casación rechazó el juicio abreviado a José Ángel Allende
La Cámara de Casación Penal de Paraná rechazó el juicio abreviado que firmaron el ex diputado provincial José Ángel Allende y el Ministerio Público Fiscal.
La noticia es también, en este caso, que el fallo haya sido por unanimidad, teniendo en cuenta las relaciones que se dan en el plano del fuero penal de la capital provincial. Un acuerdo propiciado por el Procurador general Jorge Amílcar García es rechazado por el organismo que integra la pareja del procurador, Marcela Badano. El primero fue elegido por el entonces gobernador Jorge Busti, la segunda ingresó por concurso. Todo en estricto cumplimiento de la Constitución Provincial.
Lo sucedido el jueves pasado es una respuesta a quienes, graciosamente, con un poco de malicia y en el marco de las internas tribunalicias, suelen llamar Cámara de “Confirmación” Penal. Fueron pocos los que se animaron a hacer un planteo sobre esta cuestión, la de una supuesta parcialidad de Badano por su relación personal con el procurador. Lo hizo Rubén Virué, que lo planteó en la entrevista en la que se evaluaba a la doctora Badano en el Consejo de la Magistratura. Ese mismo día el entonces gobernador Sergio Urribarri lo eyectó de la Secretaría de Justicia de la provincia. Luego se animaron otros abogados, en distintas causas en la que finalmente Badano terminó excusándose de intervenir argumentando una enemistad con los letrados.
Lo cierto es que la Cámara de Casación Penal echó por tierra un juicio abreviado que era, realmente, polémico. Por el lado de la Fiscalía, el acuerdo lo firmaron Cecilia Goyeneche, Laura Cattáneo, Álvaro Piérola y Leandro Dato. Un primer acuerdo de juicio abreviado había sido rechazado por los jueces José María Chemez, Alejandro Cánepa y María Carolina Castagno. Luego hizo lo propio el juez Elvio Garzón, consignó el portal Página Judicial.
El acuerdo al que se había llegado implicaba una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional para Allende; el decomiso de su casa del Parque Urquiza de Paraná valuada en 720.922 dólares y otra ubicada en el centro de la capital provincial que tiene un valor de 378.289 dólares; y el pago de una multa de tres millones de pesos. Todo eso por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; un enriquecimiento patrimonial no justificado de 1.069.841,19 dólares a valores históricos –calculado en pesos sería de 4.983.146,14–, por haber hostigado durante mucho tiempo a la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y por las amenazas al periodista Martín Carboni. También se imponía a Allende realizar algún tipo de curso sobre violencia de género y libertad de expresión.
El abogado Leopoldo Lambruschini, defensor de Allende, apeló esa resolución ante la Cámara de Casación Penal, que no hizo lugar a la queja. El primer voto de rechazo fue suscripto por el vocal Hugo Perotti, al que adhirieron Badano y Marcela Davite, con sus propios votos.