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Cuando la justicia es lenta, no hay justicia
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Por Víctor Varone
Desde muy temprano, aquel lunes 16 de diciembre del 2019 un ”supuesto” sector disidente del gremio del transporte comenzó a gestar y organizar una “onda vandálica” que por la tarde irrumpió en el histórico edificio de la calle Moreno 2969, la sede de sindicato de Unión Tranviarios Automotor (UTA). Decenas de personas armadas entraron a la fuerza a sus oficinas, vandalizando, atacando y robando todo lo que encontraban a su paso.
Alguien habló de similitud con la toma de un castillo medieval, de un ataque “de película”. Los agresores alcanzaron el primer piso del edificio con escaleras que montaron en la calle, rompieron ventanales mobiliarios e instalaciones. También documentación de los afiliados, todas las cajas fuertes quedaron vulneradas, aunque solo pudieron abrir una. Las cámaras de seguridad fueron arrancadas de sus respectivos lugares, produjeron lesiones y vejaciones a los empleados, desde robos de sus pertenencias, torturas y hasta abusos sexuales.
Centenares de muebles y maquinarias destruidas, los electrodomésticos donados por las líneas de colectivos para la fiesta anual del gremio fueron robados, tal como quedo registrado en las imágenes que en vivo que se transmitían por TV ese día, en las cuales se podía ver la total impunidad de los hoy imputados, cargando televisores, impresoras, computadoras, y demás elementos.
Un dato a destacar en este violento hecho es que los agresores, más allá de los desmanes, robos y destrozos, tenían como objetivo a los líderes de la UTA. Todos los testimonios coinciden en que los violentos pedían y reclamaban por “la cabeza de Roberto Fernández”.
Fue de tal magnitud el hecho que todo el arco gremial dio apoyo a la UTA y sus directivos a través de un comunicado: “La CGT expresa públicamente su más firme repudio a los hechos violentos y vandálicos ocurridos ayer en la sede central de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Nos solidarizamos con el compañero Roberto Fernández y con toda la comisión directiva de la UTA, víctimas de la violencia irracional de quienes pretenden arrasar con la institucionalidad del sindicato”.
Ese fatídico 16 de diciembre, después de 14 horas de terror, gracias a la intervención de la Fiscal Estela Andrade, los atacantes depusieron su actitud y se le reintegró lo que quedó del edificio a la dirección del gremio.
La Dra Vanessa Alejandra Peluffo, jueza de la causa desde el inicio, delegó la investigación y tramite de la causa en el Ministerio Publico Fiscal, dejando en manos de los fiscales todo lo relativo al hecho. Al punto tal que – desconociendo el derecho de la víctima – rechazó un pedido de audiencia que los damnificados le solicitaran y también “delegó” esta obligación en los fiscales.
La causa inicia con Estela Andrade con gran impulso. Luego cuando la fiscal sufre un accidente se aparta e interviene el Pablo Recchini.
Hay mucha prueba, testimonios de empleados del sindicato y damnificados, análisis de imágenes y filmaciones del hecho, análisis de comunicaciones de los más de 30 imputados, análisis de geolocalización y planillas de los micros que estaban en la toma, testimonio de los jefes de personal de las 60 líneas que estaban en la toma (mayoría de la empresa DOTA) y allanamientos con resultados positivos.
Pero, pese a que la UTA, en su rol de querellante y desde un inicio, con los contundentes elementos que había y hay en la causa, pidió la indagatoria de los imputados, pasaron casi dos años y aun nada sucedió.
No solo en los casos de personas individuales o de “ciudadanos de a pie” hay situaciones de extrema demora, sino también en estos hechos de gran magnitud e impacto, pero en todos los casos, hay que actuar con celeridad y dar respuesta a los damnificados.
Esto no solo mantiene impune la situación, sino que da pie y genera nuevos incidentes violentos en distintas sedes de la UTA, ya que los violentos saben que la justicia es lenta y no llega.