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Consejo Magistratura: el Gobierno suspendió el concurso de fiscales
El Poder Ejecutivo provincial revocó una resolución del Consejo de la Magistratura que exceptuaba de participar del examen a dos aspirantes embarazadas.
El Gobierno Provincial dispuso la suspensión del concurso de fiscales auxiliares en Entre Ríos, tras una presentación efectuada por alrededor de cincuenta postulantes que cuestionaron una resolución del Consejo de la Magistratura que permitía el uso de computadoras personales, exceptuaba de participar del examen a dos aspirantes embarazadas y fijaba para ellas una fecha complementaria para que pudieran rendir. Del mismo modo se suspendieron concursos para cargos de jueces de garantías.
La medida se conoció apenas unas horas antes de que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dispusiera el archivo de la denuncia contra el Procurador Jorge Amílcar Luciano García por una falta de vigilancia del movimiento general de la Procuración y mal desempeño de sus funciones, con la Procuradora Adjunta suspendida en su cargo y en medio de fuertes tensiones entre los tres poderes. ¿Casualidad?
A través de un decreto firmado por la vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, se dispuso la suspensión del examen de oposición previsto para el 14 de diciembre y se instruyó al Consejo de la Magistratura a tomar las medidas que correspondan para que se pueda realizar en el primer cuatrimestre de 2022.
El llamado a concurso para la cobertura de cargos de fiscales auxiliares venía extensamente demorado y hacia el interior del country había habido fuertes resistencias para su convocatoria, consignó el portal Página Judicial.
Recurso de Apelación
El Poder Ejecutivo, en rigor, hizo lugar a un recurso de apelación jerárquica presentado por un grupo de postulantes que reclamaba la suspensión de la prueba. Lo que se cuestionaba era la excepción a dos postulantes embarazadas a que participaran de la prueba y se fijara para ellas una fecha complementaria en la que pudieran realizar el examen. Esa decisión se había tomado haciendo hincapié en la obligación de adoptar las “medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”, tal como lo establece la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, un tratado internacional con jerarquía constitucional; y la Constitución Provincial, que garantiza la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y varones.
Los postulantes que impugnaron esa resolución sostienen en cambio que hacerlo de ese modo generaría una transgresión a las garantías de igualdad, anonimato, imparcialidad y unicidad de instancia de evaluación.
Se quejaron además de que se permitiera a los postulantes llevar computadoras personales para realizar la prueba de oposición, en abierta violación a la ley de creación del Consejo de la Magistratura y el reglamento general del organismo, dada la cantidad “excepcional” de inscriptos para el concurso. Para decirlo más claramente: el Consejo de la Magistratura no está en condiciones de conseguir 206 computadoras.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y Justicia, que elaboró un dictamen que sostiene la decisión de suspender el examen, señala que “las razones de orden logístico y de cantidad de postulantes inscriptos aparecen como insuficientes para dejar sin efecto la prohibición del uso de computadoras personales y la concreción del examen en sesión única”.
El Poder Ejecutivo reconoce “la dificultad que representa a nivel organizativo cumplimentar con las diferentes instancias concursales cuando el número de aspirantes supera las expectativas iniciales, sobre todo en un contexto de pandemia”, pero sugiere que tal vez se debió apelar a una especie de “colaboración inter-administrativa de otros entes y órganos estatales, a efectos de disponer del espacio y los recursos materiales necesarios para realizar la convocatoria en una misma fecha, en un mismo lugar o en lugares diferentes, quizá, en simultáneo, con bienes del Estado que garanticen la igualdad y anonimato requeridos”.
Respecto del resguardo de los derechos de la mujer, el decreto sostiene que “la adopción de medidas apropiadas para asegurar el desarrollo pleno y adelanto de la mujer no incluye emitir dispositivos que generen desigualdad, siendo posible prorrogar la fecha para que todos los postulantes, en única sesión y enmarcados en el reglamento, realicen la prueba”.