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Causa Contratos: La Cámara Electoral postergó definiciones hasta que la Corte se expida
La Cámara Nacional Electoral (CNE) postergó la definición sobre si la decisión del juez Daniel Alonso de declararse competente en la causa “Contratos” está o no ajustada a derecho. Será hasta que la Corte Suprema determine si el expediente debe tramitarse en la Justicia Federal o en la Provincial, según la información a la que tuvo acceso.
La CNE fue notificada el pasado 9 de diciembre del conflicto de competencia que existe entre el Juzgado Federal Electoral a cargo de Alonso y el Juzgado de Garantías provincial de Marina Barbagelata sobre la investigación de la causa “Contratos”, que investiga presuntos desvíos de fondos de la Legislatura provincial a través de contrataciones ficticias de personal.
Alonso entiende que se cometieron infracciones a la ley nacional electoral al supuestamente desviarse fondos públicos hacia la financiación de partidos y campañas electorales y, por lo tanto, el caso debe ser juzgado en el fuero federal.
Barbagelata, por su parte, sostiene que los fondos fueron extraídos por una asociación ilícita para fines particulares, por lo que considera que los delitos de peculado y asociación ilícita tienen que juzgarse en la Justicia provincial.
La decisión de Alonso, cuyo criterio no es compartido por la Fiscalía Federal de Paraná, fue apelada y debe ser revisada por la Cámara Electoral, su órgano de alzada. Pero esta apelación no se resolverá hasta tanto la Corte Suprema no dirima el conflicto de competencia entre el juez federal y su par provincial, según reza el decisorio al que tuvo acceso esta Agencia.
Toda la investigación fue remitida a la Corte para que sea puesta a disposición del Procurador General, Jorge Casal, quien deberá emitir un dictamen sobre cuál es la competencia que corresponde. Sobre esta definición actuarán luego los vocales del máximo órgano judicial. Aunque la opinión de Casal no es vinculante para los Ministros de la Corte, sienta un antecedente interpretativo de la cuestión.
Mientras eso ocurre, la causa está paralizada. En el fuero provincial, Fiscalía cerró la investigación y pidió la elevación a juicio. Al frente del proceso está la Procuradora Adjunta Mónica Carmona, quien fue puesta allí por el Procurador General Jorge García a fin de ordenar las tareas que desarrollaban los demás fiscales.