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Tras las protestas y la violencia en Chubut, la Legislatura derogará la ley que autorizaba la megaminería
Convocaron a una sesión virtual para este martes a las 9. Los manifestantes harán una vigilia y aún temen que la política les haga alguna trampa. De concretarse la derogación, la norma no habrá regido ni una semana.
El sol impacta de lleno en miles de cabezas en el centro de Rawson, en Chubut. Son las 15 del miércoles 15 de diciembre y los vecinos empiezan a correr la voz para instalarse frente a la Legislatura e intentar descifrar qué es lo que pasa en el recinto en el que, a sus espaldas, los diputados aprobarán una ley resistida en la provincia desde hace años. Se trata de la ley que permite que en la zona de la meseta se desarrolle la megaminería.
Pasadas las 20, lo que las movilizaciones y asambleas populares habían logrado contener desde hace 19 años, se transformaba en una pesadilla. Pan American Silver, minera canadiense, obtenía vía libre para sacar plomo, plata y cobre del proyecto denominado Navidad.
Sin embargo, lejos de detener a los manifestantes, la sanción de la norma y la promulgación en tiempo récord del gobernador, Mariano Arcioni, no hicieron más que agitar las aguas y envalentonar a los manifestantes. “Se defiende, el agua no se vende”, con ese cántico como bandera las marchas se multiplicaron en todos los rincones de la provincia.
Las demostraciones que el miércoles y el jueves terminaron en represión policial y detenidos, continuaron el viernes, el sábado, el domingo y hoy. Cada convocatoria tenía cada vez mayor asistencia. Esto obligó a Arcioni e incluso a varios diputados que votaron a favor a dar marcha atrás y a prometer la derogación de la norma, mañana a las 10.
“Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad, la oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, y con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud”, planteó esta tarde el mandatario chubutense a través de las redes sociales.
Allí mismo anunció su decisión de “derogar la ley” e “impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo”.
Pero la que debe derogar la ley es la misma Legislatura que convocó a una sesión virtual para mañana a las 9. Los manifestantes harán una vigilia y esperan por la convocatoria: temen que la política les haga alguna trampa. Si derogan la norma, no habrá regido ni durante una semana.
Los movimientos sociales recuerdan a las manifestaciones de fines de 2019 en Mendoza, que también consiguieron torcer el proyecto megaminero en la zona. Docentes, científicos, la Iglesia, clubes sociales y deportivos y hasta supermercados se manifestaron contra la zonificación. Municipios y concejos deliberantes declararon personas no gratas a los 14 diputados que habían apoyado con su voto la norma impulsada por el Poder Ejecutivo provincial.
A ellos se sumaron más de 150 organizaciones sociales y referentes de todo el país, tras la violencia y la represión sufrida durante las manifestaciones. Ante las miles de personas que marchaban en cada ciudad de la provincia patagónica, los intendentes de Rawson, primero, Trelew y Comodoro Rivadavia pidieron que se derogara la ley para devolver la “paz social”.
Y por último, Carlos Eliceche, referente del kirchnerismo y uno de los impulsores de la iniciativa Carlos Eliceche, también pidió retrotraer la situación.
“Estamos atentos, esperando a ver qué pasa. Los cortes en las rutas siguen. No sabemos si creerles o no. Hicieron todo a espaldas del pueblo. Es una vergüenza. Ahora hablan de un plebiscito. Es una locura querer plebiscitar algo que se quiere derogar y que puede ser inconstitucional”, dijo Pablo Lada, referente de una de las asambleas populares por el agua.
Desmanes y represión
El Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena, resolvió crear un equipo de fiscales, funcionarios e investigadores para llevar adelante todas las tareas necesarias que permitan dar con los responsables y determinar las calificaciones jurídicas por los incidentes que se generaron tras las protestas. Se trata de los incidentes que entre otros daños, afectaron las instalaciones de la Casa de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía de Rawson, entre otros.
Según la resolución se indicó que “por el momento se puede advertir la probable comisión de delitos tales como la compra de voluntades, la liberación de la zona por parte de las autoridades, el ingreso a los edificios públicos para iniciar incendios, saquear y destruir”.
“Por todo lo expuesto, desde el Ministerio Público Fiscal, se investigará quiénes instigaron a estos grupos, se profundizará sobre la figura de la intimidación pública, todos ellos previstos en el Código Penal. Corresponderá abrir casos por los atentados y resistencias a la autoridad, por los robos, por las lesiones -dado que hubieron agentes de las fuerzas policiales lesionados-, como así también por los excesos y abusos policiales en las tareas de prevención”, se agregó.
La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut también se manifestó contra la sanción de la norma y de un paquete de leyes dictadas unos días antes: “Esta Asociación ha venido denunciando irregularidades e ilegalidades cometidas por parte del poder político con relación a la citada normativa. Se advirtió sobre la sorpresiva e injustificada sanción de la ley que estableció el per saltum, se criticó la reforma a la ley de amparo, y la modificación al procedimiento para el dictado de medidas cautelares contra el Estado. También se cuestionó la cobertura de cuatro cargos (mayoría) en el Superior Tribunal que se anunció públicamente como un acuerdo político que luego fue convalidado por unanimidad. Hoy, a la luz de lo acontecido el miércoles en la Legislatura, en una sesión apurada y al filo del reglamento, confirmamos que todas esas decisiones estaban dirigidas a consagrar la megaminería en la Provincia. Con pesar, advertimos que también se pretende asegurar que la megaminería sea convalidada por el Poder Judicial en caso de que se plantearan objeciones constitucionales”.