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Jueves 27 de Enero de 2022

Megajuicio por corrupción: Rodríguez Signes ratificó informes aportados a las investigaciones

Megajuicio por corrupción: Rodríguez Signes ratificó informes   aportados a las investigaciones

28/12/2021 |El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes declaró en la última jornada testimonial del megajuicio por corrupción que tiene sentado en el banquillo de los acusados al ex gobernador y actual embajador en Israel, Sergio Daniel Urribarri.

La declaración de Rodríguez Signes en calidad de testigo fue ayer, durante el día 33 de debate. “La Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas son los organismos que quedaron sin reglamentar después de la Constitución de 2008 e intervienen en el supuesto que un gobernador o ministro lo requiera”, declaró el funcionario provincial.

Primero fue consultado en el marco de la “causa Global Means”, a partir de la cual la Fiscalía acusa el direccionamiento de publicidad a una empresa que no estaba registrada en Personería Jurídica ni en el Registro de Medios de la provincia. Rodríguez Signes emitió un documento a pedido del juez de instrucción -la causa tramitó por el viejo código de procedimientos-, el 13 de noviembre de 2012. Sostuvo en esa instancia que no encontró “irregularidad, habiendo intervenido todos los organismos de control y organismos competentes que tiene atribuida su participación en la contratación y referencia a 18 expedientes”, leyó el funcionario y reconoció su firma, consignó el portal Análisis Digital.

“Esto no implica una intervención previa de Fiscalía -de Estado- sino una opinión respecto a estos expedientes que el juez solicitó”, acotó. “Nuestro dictamen refirió respecto de la regularidad de expedientes, intervención de organismos de control como Contaduría, y áreas de legalidad como el servici9o jurídico del Ministerio de Cultura y la Secretaría Legal y Técnica”.

Después testimonió en el marco del legajo por el cual se acusa la difusión de cuatro supuestos spots de campaña en el marco de la Cumbre del Mercosur, en diciembre de 2014. “No hubo intervención de la Fiscalía de Estado en el contrato entre Nelly Entretaiment y el Estado, porque no pasó previamente por Fiscalía, lo que no quiere decir que no haya pasado por otros organismos de control”, señaló y agregó que las contrataciones de publicidad podían ser incorporadas al contexto de la Cumbre del Mercosur, según la ley. 

Subrayó que las contrataciones de publicidad son susceptibles de la vía directa. “La Fiscalía de Estado se inscribe en el control de legalidad. Eso implica controlar, verificar que los procedimientos administrativos se cumplan de acuerdo al bloque de legalidad, en función del derecho aplicable. Ese control de legalidad funciona de manera descentralizada. La Fiscalía de Estado no es un órgano como Contaduría General que tiene un auditor en cada oficina y ante cada expediente que implica una modificación de la hacienda pública, tiene intervención. La Fiscalía interviene ante determinados supuestos. El control de legalidad lo deberían hacer los servicios jurídicos de cada ministerio”, manifestó.

Y agregó: “Cada Ministerio tiene un servicio jurídico que se ocupa del control de legalidad. Lo que dije en el dictamen es que la Fiscalía interviene cuando la habilita la ley. Si bien en 2008 se modificó Constitución de Entre Ríos, y se incluyó una nueva redacción de las competencias de la Fiscalía, en realidad la reglamentación todavía es la anterior y la estructura orgánica también. La Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas no fueron reglamentados todavía, entonces la Fiscalía hace control de legalidad en el supuesto que un ministro o gobernador lo requiera, o cuando hay alguna impugnación o un procedimiento especial. En este caso, la intervención fue previa al contrato, fue una opinión previa en ese marco”, aclaró. 

El fiscal de Estado fue consultado en primer lugar por el defensor Raúl Barrandeguy (abogado de Urribarri) que lo convocó; y posteriormente por los defensores José Velázquez (abogado de Germán Buffa); Ignacio Díaz (abogado del exministro y ex diputado provincial Pedro Báez); Emilio Fouces (representante legal de Gerardo Caruso y del exministro de Turismo Hugo Marsó); y Marcos Rodríguez Allende (abogado de Juan Pablo Aguilera).

Por último, fue el turno del Ministerio Público Fiscal. El fiscal Gonzalo Badano lo consultó sobre las contrataciones directas por vía de excepción. “Hay dos formas de contratación directa: una por precio testigo, y la contratación directa por libre negociación. La vía de excepción siempre debe ser justificada. No quiero arriesgar opiniones, pero imagínese que hay una urgencia, por ejemplo, la Cumbre de Mercosur, hay urgencia o necesidad por razones de tiempo, siempre hay que escribirlo”, manifestó y después asentó que “el área de prensa históricamente fue de las más sensibles en este aspecto, para fundamentar las contrataciones directas. Siempre fue un tema conflictivo”, indicó.

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