Exigen al gobierno provincial que “frene el incremento de la violencia institucional”

Desde la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) elaboraron un fuerte documento en donde exigen “al gobierno de Entre Ríos que frene el alarmante incremento de la violencia institucional”. Apuntan al accionar de la Policía de Entre Ríos. Pero la exigencia no sólo es al Gobierno, sino que también “a los representantes de los tres poderes” de la provincia.

“Nos dirigimos a usted ante la escalada de violencia institucional que vivimos hoy en Entre Ríos. A 38 años del retorno a la democracia consideramos necesario hacer un repaso de algunas de las deudas pendientes que tiene el Estado Provincial en esta materia e instarles, a usted y a todos y todas los y las funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Gobierno Entrerriano, a que se comprometan realmente en la promoción y protección de los derechos humanos”, expresaron en el documento al que accedió EL ARGENTINO.

En el escrito se explica que “la seguridad pública ciudadana, como deber primario del Estado, no sólo importa en relación a la prevención de hechos delictivos sino también en proteger la vida, garantizar la integridad física y desalentar discursos y prácticas violentas”.

“Para ello es menester promover un sistema de seguridad democrático que respete los estándares mínimo de derechos humanos: que el sistema carcelario tenga como objetivo primario la readaptación social de las personas privadas de su libertad, que los agentes policiales y penitenciarios sean constantemente capacitados en derechos humanos, que se creen reglamentos y protocolos de actuación claros para guiar el accionar policial profesional que tienda a reducir los riesgos, proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas, prevenir y evitar intervenciones violentas abusivas”, reclamaron.

“En ninguno de estos puntos, el gobierno provincial tiene una intervención activa, ya sea por omisión, impericia o aquiescencia y, por decantación, se genera la reproducción de prácticas violentas en los cuerpos policiales y penitenciarios”, cargaron desde la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos.

En esa línea, comenzaron a ejemplificar con distintos casos ocurridos en los últimos años en la provincia. Citaron el caso de Iván Pérez y el de Gabriel Gusmán, a quienes calificaron como “víctimas de gatillo fácil durante esta gestión de gobierno”.

Además, puntualizaron en los dichos del Jefe Departamental de Gualeguaychú, Cristian Hormachea, que admitió en el marco de la investigación del crimen de Pérez, que “es prácticamente nula la capacitación que tienen los funcionarios policiales”.

“Es de una gravedad institucional sin precedentes y de lo cual ningún funcionario público ni legislador provincial ni poder del Estado solicitó informe sobre ello a la autoridad correspondiente ni ninguna otra acción que dé cuenta de la gravedad que esta realidad implica, al pretender justificar corporativamente la muerte de dos jóvenes en nuestra provincia por balas policiales”, subrayaron.

“Con su inacción o aquiescencia ante la violencia institucional este Estado provincial expone no sólo a ciudadanos y ciudadanas a la escalada de violencia estatal, sino también a las y los propios agentes de las fuerzas de seguridad, a quienes se termina por educar y empujar hacia la violencia, ejecutando delitos por los que tarde o temprano serán juzgados”, explicaron.

 

Más quejas

 

“El parlamento entrerriano, que responde al Gobernador Gustavo Bordet, viene ignorando los reiterados pedidos de los organismos de derechos humanos, y a todas luces desconoce también los hechos de tremenda gravedad institucional y crímenes del Estado que se acrecientan día a día en la provincia”.

Insistieron en la derogación del Código Contravencional (Ley 3.815) como lo vienen haciendo hace años. “La ley data de 1952 y otorga facultades discrecionales a la policía alentando detenciones arbitrarias que hoy por hoy padecen los jóvenes de los barrios periféricos de nuestras ciudades”.

El documento continuó: “Es deber del Poder Judicial robustecer los sistemas de control y sanción y diseñar una política criminal clara en donde los hechos en los que se encuentra involucrado un funcionario policial o penitenciario deben investigarse con celeridad, diligencia e independencia de los presuntos responsables y de las unidades, instituciones u organismos de las que pertenezcan los involucrados”.