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El Gobierno prepara el temario y estudia convocar a sesiones extraordinarias para enero
Pasaron las fiestas y el Gobierno nacional busca retomar la iniciativa política. Al menos, desde el punto de vista parlamentario. En los últimos días, los principales funcionarios de la Casa Rosada trabajaron en lo que será el temario que se buscará enviar al Congreso para que sea tratado en sesiones extraordinarias.
Aunque aún no está definida la fecha del llamado, desde el Ejecutivo avisaron a sus legisladores que tengan disponibilidad a partir del lunes 17 de enero. Y, aunque en los pasillos del Palacio Legislativo algunos especulan con que la primera sesión del año podría llegar a ser el miércoles 26 de enero, lo más probable es que comiencen las comisiones pero que no se llegue a un acuerdo para sesionar antes de febrero.
Mientras se termina de definir el temario, y también si se abre la puerta para sumar algún proyecto en donde la oposición tenga más letra como puede ser las modificaciones a la ley de alquileres, algunas de las iniciativas en las que el Gobierno buscará avanzar ya fueron ingresadas a la Cámara de Diputados.
Desde el punto de vista económico, se espera que en las sesiones extraordinarias el Ejecutivo disponga discutir 6 proyectos que entiende claves para la Argentina de la recuperación y que generarían, según estimaciones del Gobierno, USD 105.000 millones en exportaciones, crearían 800.000 puestos de trabajo y traerían inversiones por USD 2.000 millones durante la próxima década. Estos son Ley de Hidrocarburos; la Ley para el Desarrollo Agroindustrial; la ley de Compre Argentino; la Ley de Electromovilidad y la Ley de Industria Automotriz.
Ley de Hidrocarburos buscará generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo, el nuevo régimen jurídico para el sector autopartista y automotriz busca aumentar el volumen y el saldo exportador y generar incremento de la oferta de empleo del sector. En ambos casos, establece el acceso al mercado cambiario sobre el incremento exportador.
Además, el proyecto busca renovar el Régimen de promoción de la construcción, es decir, el blanqueo de capitales para el sector, algo que en el sector fue bien recibido durante el 2021 pero tuvo una mala aplicación porque no se cumplieron con los plazos establecidos en la ley.
En el caso de la ley de Electromovilidad propone incentivos impositivos, exigencias de línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años. La intención del Gobierno es, entre varios puntos, reconvertir la industria extractiva del litio para fabricar en el país baterías, que el transporte público de pasajeros se transforme en 10 años a la energía no convencional y todos los vehículos marchen hacia la producción de híbridos o eléctricos a gran escala. A partir de esto es que apunta tanto al transporte público, como los autos particulares y hasta las bicicletas.
La ley para la agroindustria busca el agregado de valor y corregir las distorsiones de precios. Entre los puntos más importantes de la norma está que otorga un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas, y uno de los puntos que más discusión genera que es la definición de la ganadería como un bien público de consumo popular.
En el caso de la ganadería, y con el fin de atenuar la discusión respecto, la norma establece que los productores ganaderos, ante la valuación de hacienda vacuna para el impuesto a las Ganancias, podrán optar por valuar sus existencias al momento de la venta y no durante el tiempo de engorde.
Pero hay otros que ya llegaron al Congreso. Uno de ellos es la modificación de la ley del Monotributo. El proyecto de redefinición de escalas de monotributo, que ya ingresó al Congreso y que, de aprobarse, implicaría por ejemplo que las categorías A, B y C pagarían menos. Estarán exentas por un tiempo del componente impositivo, la obra social será optativa y solo deberán realizar el aporte previsional. Además, establece un pasaje al régimen tradicional.