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Se archiva la reforma judicial y la creación de juzgados ambientales

Se archiva la reforma  judicial y la creación de  juzgados ambientales

El senador Edgardo Kueider (PJ-Entre Ríos) propuso en su momento la creación de secretarías ambientales en el ámbito de la justicia federal, como una necesidad de atender la demanda social por la protección de los derechos ambientales.


Pero la iniciativa, enmarcada en la reforma judicial, quedó atrapada en medio de los desacuerdos entre el oficialismo y la oposición y ahora se encamina hacia el archivo.

Al día de hoy, cuatro provincias tienen focos activos de incendios y otras cuatro tienen incendios controlados, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Estos focos activos se enmarcan en el contexto de los incendios que se repitieron en el año último y que afectaron a 331 mil hectáreas en todo el país, el equivalente al 5,5 por ciento de la superficie de tierra firme que tiene Entre Ríos, aunque representa un 70 por ciento menos de lo que se perdió en 2020 (1.136.534 hectáreas).

El dato revela que año a año los incendios forestales se repiten.

En ese contexto, y al calor del debate sobre la reforma judicial impulsada por el Gobierno nacional, surgió una novedosa propuesta para la creación de estructuras para la protección del agua, el suelo, el aire y la diversidad biológica en el ámbito de la justicia federal, publicó el portal Página Judicial.

Concretamente, el senador Kueider propuso la creación de una nueva secretaría penal en materia ambiental en el Juzgado Federal de Paraná, que se replicaría en otros juzgados de primera instancia. El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Senadores y, después de un intenso debate, se aprobó un dictamen para su aprobación en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que hasta el 10 de diciembre presidía otra entrerriana, Carolina Gaillard (PJ).

A nivel federal no existen juzgados de competencia exclusiva en materia ambiental. El proyecto de Kueider recoge los términos de dos acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2013 y 2014, donde se crearon oficinas ambientales y un registro público de procesos colectivos radicados ante los tribunales argentinos; y el trabajo que viene realizando la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), creada en 2006 por el procurador Esteban Righi, surgida en medio del conflicto por la instalación de las plantas de pasta de celulosa frente a la costa de Gualeguaychú.

Por estas horas, el Gobierno ajusta el temario que enviará al Congreso para las sesiones extraordinarias, y si bien se especula que la reforma de la justicia federal penal podría entrar en la agenda. En principio, el proyecto cuenta con media sanción del Senado y eso le concede un año más de vida parlamentaria; pero en el actual escenario de desacuerdos entre el oficialismo y la oposición, parece poco probable que sea convertida en ley. Sería un ejemplo más de oportunidades desperdiciadas por disputas que nada tienen que ver con los problemas reales.

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