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Ataque al Congreso: Los imputados rechazaron que Cristina Kirchner sea querellante en la causa
Para “La Gremial” de abogados, la Presidencia de la Cámara alta, a cargo de la Vicepresidenta de la Nación, no es víctima “de los presuntos delitos de daño” .
La defensa de los imputados por los incidentes al despacho del Senado de la vicepresidenta Cristina Kirchner apelaron la resolución de la jueza federal María Eugenia Capuchetti de tener como querellante a la presidencia de la Cámara alta, que lo había solicitado a través de Graciana Peñafort, la Directora General de Asuntos Jurídicos.
La presentación, a la que accedió Infobae, fue realizada por la abogada María del Rosario Fernández, integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que defiende en la causa, entre otros, a Leandro Marcelo Cáceres, uno de los presuntos agresores. Cáceres se negó a declarar ante la magistrada y fue beneficiado con la eximición de prisión.
Entre otros argumentos, la defensora asegura que “la solicitante -por la ex mandataria- no consigue demostrar, más allá de su cúmulo de aseveraciones de escasa verosimilitud, su carácter de ‘particularmente ofendida’, es decir, su legitimidad procesal para ser parte en esta causa”. Más tarde o más temprano será el Tribunal de Alzada el que deberá decidir la cuestión.
Cristina Kirchner, siempre a través de Peñafort, quien supo ser su abogada en causas como el Memorándum con Irán, entendió que los militantes de diversas corrientes piqueteras que vandalizaron su despacho, entre otros, habrían cometido los delitos de “daño agravado, art. 184 inc. 1, 4 y 5 CP; intimidación pública, art. 211 CP y tentativa de lesiones, art. 90 y 42 CP”.
Sin embargo, la abogada defensora entiende lo contrario. Por ejemplo, cuestiona que las agresiones ocurrieron “con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad”. Y, por otro, el daño a “bienes de uso público” o, eventualmente, en “monumentos”.
Para esgrimir ese pensamiento, Fernández toma las palabras de la propia magistrada quien, al solicitar la “inhibición” de la justicia porteña para seguir investigando los hechos, sostuvo que todo ocurrió “en ocasión que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se encontraba llevando a cabo una sesión pública, a fin de debatir el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional”. Esto quiere decir que, la “autoridad” a la que supuestamente se buscaba impedir “el libre ejercicio de la autoridad” sería eventualmente la Cámara de Diputados de la Nación y no el Senado, que no se encontraba en sesión en ese momento.
Respecto de los “bienes de uso público” afectados, siempre según la presentación judicial de la defensora de los imputados, “estos serían, indudablemente, propiedad del Congreso de la Nación o más precisamente del Poder Legislativo Nacional, del Senado y, menos aún, de la Presidencia de esa Cámara”.
Para “La Gremial” de abogados, la Presidencia de la Cámara alta, a cargo de la Vicepresidenta de la Nación, no es víctima “de los presuntos delitos de daño” y por lo tanto “no es titular de los bienes jurídicos afectados”. Por esa razón, se esgrime en la presentación ante Capuchetti, “el Tribunal no debería aceptarla en el carácter que invoca”, es decir, de querellante.