La Provincia estableció el cese preventivo de canteras en Islas del Ibicuy y Gualeguaychú

La provincia confirmó que dispuso el cese por un plazo de 45 días de las areneras que operan en el Sur de la provincia, tal como se consensuó en la audiencia convocada por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri y que afectan a las empresas extractoras de arena silícea para los yacimientos de Vaca Muerta que extraen combustible mediante el sistema de fracking.

El gobierno provincial, por intermedio de la Secretaría de Ambiente dispuso el cese de actividades de canteras de arenas silíceas, ubicadas en los Departamentos Islas del Ibicuy y Gualeguaychú.

En el marco de una audiencia de conciliación desarrollada el 29 de abril pasado en el juzgado Federal de Gualeguaychú, se llegó a un consenso entre las partes, aceptándose la propuesta de las autoridades provinciales y se convino prohibir a las empresas que no tengan el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), otorgado por la Secretaría de Ambiente de la provincia, realizar actividades de extracción de arena silícea de las Zonas I, II, III, IV y V de los ríos Paraná y Uruguay, en lo que concierne a la provincia de Entre Ríos, por un plazo de 45 días.

Desde esa repartición, dependiente del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, se informó que un total de nueve canteras y cuatro plantas de lavado de arenas silíceas, que venían desplegaban su actividad en la zona sur de la provincia, las que habían finalizado el plazo de habilitación para la explotación de este tipo de áridos, y habiendo sido intimadas en tiempo y forma para cumplimentar las exigencias que establecen las normativas para este tipo de producciones extractivas, la Secretaría de Ambiente decidió el cese preventivo de sus actividades hasta tanto cumplimente los informes técnicos que exige este tipo de explotaciones.

De las 14 areneras radicadas en las zonas, a nueve se les dispuso el cese de actividades. De estas nueve, tres poseen informe técnicos favorables y se encuentran en proceso administrativo de certificación (dos para renovación y una en la etapa de participación ciudadana).

Desde el gobierno provincial y su organismo de aplicación de trabaja diariamente para que las empresas que tienen actuación en este sector, cumplan con las normativas que regulan las acciones susceptibles de provocar degradación del ambiente o impactar negativamente sobre el medio natural o antrópico.

El Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, comentó que Entre Ríos “se ha convertido en proveedora de arena para las producciones petrolíferas de Vaca Muerta, y que en estos últimos años se ha ido intensificando, producto de que la arena en vez importarse se está obteniendo arena de origen nacional, entre las cuales las de Entre Ríos son aptas. Esto dio pie a una intensificación de la actividad minera en cuanto arenas se refiere”.

El fiscal detalló que “las areneras y todas las canteras, necesitan dos tipos de habilitación. Por un lado, la de la Secretaría de Minería como establecimiento minero, habilitado para la extracción de arena; pero, además, se necesitan Certificados de Aptitud Ambiental del trabajo a realizar, que otorga a Secretaría de Ambiente”.

En ese marco, Rodríguez Signes se refirió al amparo presentado por el abogado Ricardo José Luciano en representación de Carlos Humberto Cadopp, y explicó que “el Juez Federal de Gualeguaychú, nos citó a una audiencia de conciliación previa a dictar una medida cautelar, en la cual participó junto al ministro de Producción, Juan José Bahillo”.

Explicó que, en esa audiencia, la provincia propuso, “y el juez resolvió favorablemente, un plazo para revisar todas las autorizaciones que tienen las areneras para sus actividades”. Y agregó: “Lo que se pactó fue un plazo en el cual se regularizara la situación”.

Entonces, mencionó que “ya había otro amparo similar contra la provincia de Entre Ríos, pero tramitó en el ámbito del Poder Judicial provincial. En este caso el que se interesó fue el Juez Federal, porque el tema ambiente trasciende la competencia provincial exclusivamente y es un tema en el que ejercen competencias concurrentes las provincias, la Nación, los municipios”.

“El objetivo es regularizar el cumplimiento de la Ley de Minería y de la Ley Nacional de Ambiente”, afirmó.

Entonces, remarcó que “fue una audiencia en el marco de ese proceso y el Juez dispuso como medida cautelar, receptó esta propuesta nuestra de establecer un plazo para que todos los que están en esta actividad regularicen su situación, en un plazo de 45 días”.

Finalmente, indicó que “hay muchos juicios ambientales de distintas organizaciones”, pero este “es el primero en el que se hace una audiencia de conciliación convocada por el juez Federal en Gualeguaychú y es la que concurre el ministro y propone un plan de regularización”.

El abogado Luciano ha pleitado tanto en el fuero federal como en la justicia ordinaria. Últimamente consiguió un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ordenó al gobernador Gustavo Bordet regularizar la actividad de las areneras en el Sur entrerriano.

De los 120.000 kilómetros cuadrados de la cuenca neuquina, que abarca sobre todo Neuquén y también parte de Mendoza, La Pampa y Río Negro, Vaca Muerta se extiende en unos 30.000, la mayoría en superficie neuquina, aunque también ocupa una porción en el Sur mendocino y en el Oeste rionegrino. Algunos expertos calculan que esta formación -entre 1.000 y 3.000 metros de profundidad- tal vez abarque un área mayor y sea explotable a lo largo y ancho de 44.000 kilómetros cuadrados, incluido en esa estimación parte de La Pampa. A su vez, en casi toda la cuenca neuquina hay otras formaciones no convencionales explotables con el fracking, como Agrio y Los Molles, también de “Shale o esquisto” (Nota de la Redacción: Shale oil / conocido como esquistos bituminosos, es una roca sedimentaria de grano fino que contiene kerógeno, que es una mezcla sólida de compuestos químicos orgánicos de la cual se producen hidrocarburos líquidos), y Mulichinco y Las Lajas, de “Tight o arcillas compactas” (Nota de la Redacción: Tight significa, literalmente, “apretado” en inglés. Se trata de arenas o arcillas que alojan hidrocarburos y que al igual que la roca madre de Vaca Muerta necesitan ser fracturadas para que éste emane).

La arena de fractura es uno de los principales insumos utilizados en la industria del shale, y puede llegar a representar hasta el 30 por ciento del costo de completación de un pozo no convencional en Vaca Muerta. Aproximadamente el 80 por ciento de las arenas silíceas nacionales que se utilizan en los yacimientos neuquinos proviene de Entre Ríos, y el resto de Chubut.

La resolución del juez Viri abarca a las explotaciones de arena silícea en el Sur de Entre Ríos que no cuenten con certificado de informe técnico favorable.

El abogado Luciano ha señalado que las areneras extraen arena sílica para mandarla a los yacimientos de Vaca Muerta, en Neuquén, donde se utiliza en la industria del fracking (que posibilita o aumenta la extracción de gas y petróleo del subsuelo). El letrado, que es apoderado de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, explicó, en una entrevista con la Agencia de Informaciones Mercosur, que “las areneras están exentas de impuestos, mientras casi todos los ciudadanos de esta provincia y el país, salvo bien conocidas excepciones, debemos cumplir a pie juntillas, porque si no pagamos, nos castigan con intereses, e inclusive, embargos”, y detalló que la Ley Provincial número 10.557 establece que las actividades mineras, areneras y/o canteras, durante 2020, 2021 y 2022 , están exentas de pagar tributo alguno. ¿Y por qué este privilegio?”, cuestionó.

En ese marco, estimó que “se trata de un negocio de 600 millones de dólares al año, en el que, las canteras entrerrianas proveen el 80 por ciento, es decir, las areneras o canteras instaladas en la provincia, ganan por año 480.000.000 de dólares”.  Y agregó: “En 2020, el negocio de las arenas silíceas facturó en Argentina 220 millones de dólares. Entonces esperaban triplicar esa cifra en 2021. Y así fue”, fustigó.