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La Suprema Corte revocó una sentencia de no prescripción de los delitos de corrupción
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) revocó un fallo de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, que había declarado imprescriptibles los delitos de corrupción y ordenó que se vuelva a resolver el caso.
Fue en respuesta a un recurso de la causa de la ‘mafia del oro’, caso que se inició en 1995, es decir, 27 años atrás. Las condenas fueron 22 años más tarde, el 14 de agosto de 2017, y las confirmaron los jueces de Casación Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani hace tres años.
Firmaron el fallo de la Corte los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En su resolución, de solo dos párrafos, dejaron “sin efecto la sentencia apelada” y devolvieron el expediente a la Casación para que “se dicte un nuevo pronunciamiento”. En cuanto a los fundamentos, la Corte remitió “en lo pertinente” -sin dar más precisiones- a un dictamen del procurador, Eduardo Casal, de hace un año y medio.
El fallo revocado, de los camaristas de Casación Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, había rechazado un planteo de las defensas que pidieron que el caso se declarara prescripto.
El procurador sostuvo que los argumentos de Gemignani y Hornos para sostener la imprescriptibilidad no eran “sustancialmente convergentes, sino completamente diferentes entre sí”; por eso, según él, en la sentencia no se construyó una mayoría debidamente fundada.
“Aun cuando la conclusión coincidente sea la no extinción de la acción penal, resulta indispensable determinar las razones por las que la ‘mayoría’ del fallo impugnado arriba a esa solución”, dijo Casal en el dictamen al que remitió la Corte.
Hornos, que creía que el caso concreto no estaba prescripto -y así votó-, hubiera incluido sus opiniones sobre la imprescriptibilidad con solo el objetivo de formar la mayoría.
La Cámara de Casación deberá emitir ahora un nuevo fallo y el primer paso será determinar quiénes son los jueces que van a intervenir. El Procurador dictaminó que esa nueva sentencia deberá dictarse “con la premura que el caso y el orden público involucrado exigen”.