.
Más del 94% de los productores del campo considera excesiva la intervención estatal sobre el sector
Una encuesta de Amplificagro evidenció el malestar del ambiente agropecuario. Un 30% de los encuestados apoya cesar la comercialización, otro 10% frenar la producción y un 9% cortar rutas.
La relación entre el Gobierno nacional y el campo parece haber alcanzado un nivel de deterioro difícil de revertir. Es tal la desconfianza mutua, que luce casi imposible que ambas partes acuerden una hoja de ruta. El sector entiende que las políticas oficiales perjudican al agro y son contrarias a la producción.
Agricultores y ganaderos rechazan casi unánimemente la carga tributaria sobre el sector y el carácter intervencionista del Estado nacional. Una encuesta realizada por la consultora Amplificagro a 506 productores arrojó que el 94,4% de los encuestados entiende que el actual sistema impositivo que rige la actividad del sector es “malo o muy malo”.
De hecho, el 99,2% de los productores sostiene que el mismo debería modificarse reduciendo la presión impositiva. El principal aspecto a cambiar sería el relacionado con los derechos de exportación con un 47,9% de las consideraciones, mientras que un 18,5% hizo hincapié en los ingresos brutos y un 10,8% en ganancias. Solo un 3,4% situó a la brecha cambiaria como una situación a ser modificada, a pesar de que tiene un gran efecto sobre la actividad.
En otro aspecto donde tampoco quedan dudas está referido a las intervenciones o regulaciones del Estado en la actividad. El 94,6% de los encuestados respondió que la intervención gubernamental es entre “excesiva a muy excesiva” y el 98,3% expresó la necesidad de reducir ese nivel de regulación. En este sentido, el 27,7% consideró que es del comercio exterior donde el Estado debería bajar su intervención, mientras que el 24% nombró a las retenciones y el 18,6% el tipo de cambio.
Para el cofundador y economista de Amplificagro, Hernán Satorre, la contundencia en los resultados responde a “la intervención y regulación del Estado, no solo por lo que ha ocurrido hasta al momento, sino también como una anticipación de lo que puede llegar a venir. Este malestar, inquietud e incomodidad que tiene el sector se debe a una actitud proactiva de anticipar lo que el campo entiende que el Gobierno va a hacer”.
Según explicó Satorre, “está claro que a esta altura de la historia que el modelo económico que propuso el gobierno fracasó, por lo que necesita no solo un chivo expiatorio, sino también un mecanismo para aumentar la recaudación, generar más ingresos para el Estado. No tienen la convicción ni demostraron movimientos que indiquen una reducción del gasto público, por lo que tratan de estabilizar las cuentas públicas, pero sin estar dispuesto a hacer un ajuste desde el Estado. Por eso deben aumentar la recaudación y es más que evidente que el enemigo para este fin es el sector agropecuario”.
Qué hacer
Este rechazo a las políticas oficiales encontró este año como expresarse y hacer que el malestar del sector llegue a los oídos del Gobierno, primero, con el tractorazo a Plaza de Mayo organizado por productores autoconvocados y, en segunda instancia, por el cese de comercialización y jornada de protesta llevada a cabo por la Mesa de Enlace el 13 de julio. No obstante, los productores entienden que las acciones y movilizaciones de rechazo podrían continuar y casi la mitad de los encuestados plantean metodologías de protesta duras para hacer saber su descontento.
Así, la encuesta arrojó que el 30% ve como mejor instrumento de protesta el cese de comercialización, mientras que el 9,6% va hasta el extremo de que se produzca un cese en la producción y el 8,8% considera necesario hacer cortes de ruta. Esto quiere decir que el 48,4% de los casos relevados “plantearon la intención de avanzar con medidas más ‘fuertes’ para hacerse escuchar por el Gobierno”, indicó la consultora. Sin embargo, cerca del 40% optó por metodologías menos severas: el 20,1% ponderan una campaña de información, mientras que el 19,8% considera a las reuniones con el Gobierno una herramienta valedera en este sentido.
La consultora entiende que esta situación se da debido a que “el sector productivo argentino y en particular el agro hace ya meses que atraviesa un contexto de alta incertidumbre e inestabilidad. Se siguen acumulando problemas sin soluciones de fondo, mientras que el Gobierno parece no querer comprender el impacto productivo de continuar la inestabilidad económica con reglas de juego cambiantes, la falta de gasoil en plena cosecha, la escasez y dificultad para hacerse de determinados insumos, las trabas a la producción, el cepo con el consiguiente desdoblamiento cambiario, las altas tasas de interés, las dificultades para acceder al financiamiento, la mala infraestructura, y la problemática de los caminos rurales, entre otros aspectos”.