Planes sociales:   Morales denunció el fomento de un “Estado paralelo sin control”

El gobernador de Jujuy y titular de la UCR nacional, Gerardo Morales, denunció, a través de un informe elaborado con el comité nacional y los bloques legislativos, que el gasto que dirige el gobierno nacional directamente a organizaciones sociales es 20 veces mayor que aquel que destina a programas sociales para las provincias. En concreto, dijo que las primeras recibieron $332.574 millones de pesos en lo que va del año, mientras que los gobiernos provinciales percibieron tan sólo $16.500 millones para programas sociales.

“Se ha fomentado un Estado paralelo sin control, que generó una lucha de poder por el manejo de recursos públicos entre organizaciones sociales, funcionarios y el gobierno nacional, llenando las calles del país de violencia semana a semana y convirtiendo al Frente de Todos en una fuerza política ingobernable, en un país al borde del abismo”, dijo el gobernador, a través de un comunicado donde detalló los gastos sociales del Estado nacional provincia por provincia.

Así, demostró que el gobierno nacional, desde el 1° de enero de este año hasta el 27 de julio, el Ministerio de Desarrollo Social les transfirió a los gobiernos provinciales la suma de 16.592 millones de pesos en concepto de distintos programas como el de Comedores Escolares, el de Emergencia Social para catástrofes, el proyectos de vulnerabilidad social, y el de articulación socio-productiva, entre otros.

Mientras tanto, en el mismo período, en concepto de Transferencias Directas a Personas -es decir, a través de organizaciones sociales- el gobierno nacional ejecutó la suma de 332.574 millones de pesos. Y detalló que fueron en concepto del plan Potenciar Trabajo (172.302 millones de pesos); de Prestaciones Alimentarias (143.020 millones de pesos). El resto fueron todas transferencias directas a personas, con la suma de 17.252 millones de pesos.

Proyectando hasta fin de año, las organizaciones habrán manejado un presupuesto anual de 700.000 millones de pesos en 2022. “Esto explica la razón de la lucha de poder por el manejo de recursos públicos”, siguió Morales. “Con la mitad de la plata que nos mandan, alimentamos al triple de personas en comparación con las organizaciones sociales a las que les llegan los fondos de los programas de asistencia directa. Este va a ser uno de los temas que va a tener que explicar y sobre el que va a tener que dar cuenta el gobierno nacional”, agregó.

Desde Jujuy informaron que en Desarrollo Social les dijeron que la Unidad Ministro no maneja el tema alimentario, sino que lo hacen las áreas que están bajo el mando de La Cámpora. “Cristina Kirchner habla de empoderar a los sectores municipales, pero el hijo, Máximo, maneja la política alimentaria y es el que distribuye. Esto es contradictorio con lo que plantea la vicepresidenta. El gobierno ha consolidado un Estado paralelo en ayudas sociales”, sostuvo el gobernador. Y dijo que los legisladores de la UCR “van a profundizar y pedir más información” al respecto.

Sobre esta denuncia de Morales, el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, indicó que el ministerio tiene una política alimentaria que está basada en la Prestación Alimentar, que es la antigua Tarjeta Alimentar y “que insume el 40% del presupuesto del Ministerio”. Esto implica “unos 30 mil millones de pesos por mes que llegan en forma directa a quienes perciben Asignación Universal por Hijo y tienen hijos de menos de 14 años”.

“En el caso de Jujuy, hay 54 mil familias que reciben una inversión de 603 millones de pesos, que se vuelcan a la compra de alimentos y movilizan la economía. Además, durante la pandemia, las provincias que lo solicitaron, y Jujuy es una de ella, recibieron un subsidio de emergencia para la compra de alimentos”, explicó el funcionario nacional.

Al referirse a la “violencia” en las calles, Morales aludió a la multiplicidad de marchas que hubo en las últimas semanas, y que se sumaron a las periódicas manifestaciones que se registran desde el comienzo del año, en especial a partir de la firma del acuerdo con el FMI. Sin ir más lejos, el jueves pasado organizaciones sociales y agrupaciones piqueteras de izquierda realizaron una jornada de protestas, que tuvo su epicentro en el Obelisco porteño y en Plaza de Mayo, donde reivindicaron sus banderas “en defensa del salario y el trabajo genuino” y en rechazo a la “criminalización de la protesta social”, entre otras demandas.

La actividad se inició por la mañana en la zona de Tribunales, donde referentes de Unidad Piquetera (UP) junto con dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que contiene a movimientos sociales oficialistas, tales como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, y el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) que conduce Juan Grabois, entre otros, ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar “la criminalización de la protesta social” y una serie de “persecuciones” contra organizaciones sociales. La semana anterior y la previa, en especial tras la llegada de Silvina Batakis a Economía, habían mostrado una importante sinergia.