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Diario El Argentinomartes 23 de abril de 2024
Provinciales

Elecciones 2007

Imputan a más de 600personas en Entre Ríos por incumplimiento

Imputan a más de 600personas en Entre Ríos por incumplimiento

Una Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento contra dos personas que se negaron a desempeñar sus funciones como autoridades de mesa en las elecciones del 28 de octubre de 2007, por lo que la causa se encamina a ser elevada a juicio oral en el que ambos podrían recibir penas de entre seis meses y dos años de prisión.


Las indagatorias en la provincia se iniciaron el 27 de noviembre de 2007, es decir, un mes después de las elecciones en las que resultó electa Cristina Kirchner como Presidenta de la Nación, y hasta el momento comparecieron 405 personas que, sin comunicar razones, no cumplieron con la carga pública de ser autoridad de mesa. Desde la Secretaría Electoral distrito Entre Ríos explicaron que una vez finalizada la etapa de indagatorias, el fiscal deberá expedirse al respecto, considerando los argumentos que en cada caso expongan los imputados y entonces podría solicitar el procesamiento de quienes incumplieron con su obligación ciudadana, según consignó el semanario Paralelo 32. Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron el procesamiento dictado por la jueza federal María Servini de Cubría contra dos personas que no concurrieron al acto eleccionario argumentando que no habían tomado conocimiento de la designación y convocatoria para actuar como autoridades de mesas masculinas; mientras que la Sala II de la Cámara Federal consideró que los telegramas cursados fueron recibidos por familiares y allegados y que el día de los comicios los procesados fueron a votar, por lo que no tenían impedimentos para desempeñar los cargos. En Buenos Aires, hace menos de un mes, la jueza Servini de Cubría procesó además a otras unas 20 personas que tampoco se presentaron a cumplir sus funciones de autoridad de mesa y en la investigación hay más de 700 expedientes abiertos por esta cuestión. El Código Nacional Electoral prevé una pena que podría llevar a la cárcel a quienes no justifiquen su inasistencia. En su artículo 132, con el título ?No concurrencia o abandono de funciones electorales?, expresa: ?Se penará con prisión de seis meses a dos años a los funcionarios creados por esta ley y a los electores designados para el desempeño de funciones que sin causa justificada dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o hicieren abandono de ellas?. Sin embargo, en el país no hay antecedentes de condena por este delito. Fuente: APF Digital.

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