ATE denunció una defraudación con los excedentes de la ley 4.035

Un informe elaborado por el gremio reveló que entre 2007 y los primeros cuatro meses de 2009, el Estado recaudó 145 millones de pesos por aportes de los privados para financiar el beneficio de la ley 4.035, pero de ese total que juntó la Dirección General de Rentas (DGR), sólo se distribuyeron en el pago de beneficios unos 64,7 millones de pesos, sin que se sepa a ciencia cierta qué pasó con los restantes 80 millones de pesos. El fondo se compone con el 0,6 por ciento que tributan los empleados y un 1,5 por ciento que aportan los empleadores y tampoco se sabe qué ocurrió con lo que aportaron los empleados del Estado, que son casi 44 millones de pesos, que no ingresan a la DGR, según se indicó a El Diario de Paraná, por lo que no se conoce el destino que se dio a unos 124 millones de pesos. Un informe de abril último, firmado por Clarisa Bergomás de González, jefa del departamento Fiscalización de Ingresos y Valores de la DGR, da cuenta que la información sobre recaudación de la ley 4.035 se hace sin incluir la información correspondiente al sector público “debido a que hasta la fecha no se recibió dicha información por parte de la Tesorería General de la Provincia”. La ley 9.810 fijó taxativamente que del total de lo recaudado, se destine “hasta el uno por ciento para contemplar los gastos en administración del sistema, incluyendo la compra de bienes de capital”, en tanto que hasta un nueve por ciento, dice la norma, deberá ir “para los gastos de atención de mantenimiento y funcionamiento, incluyendo prestaciones alimentarias, de hogares de adultos mayores acreditados y autorizados por el Estado Provincial”. Pero hasta ahora esa ley no se reglamentó. El 28 de diciembre de 1954, la Legislatura de Entre Ríos sancionó la Ley Número 4.035 por la que se dio forma a un sistema de pensiones a la ancianidad, la invalidez y la madre soltera, siempre y cuando no cuenten con “recursos de ninguna naturaleza” que supere el monto del beneficio, actualmente en 200 pesos mensuales. El fondo se compone de aportes patronales y personales de los empleados del sector privado: los primeros con el 1,5 por ciento, y los segundos, con el 0,6 por ciento; igual alícuota recae sobre los haberes de los trabajadores del Estado. Hasta abril último, la DGR recaudó por ese concepto entre los privados unos 24,5 millones de pesos, pero sólo distribuyeron apenas 8,8 millones, quedando sin distribuir 15,7 millones. Los dirigentes de ATE Marcelo Ríos, Julio Luján y Salvador Pérez consideraron que se estaría frente a dos figuras que chocan con el ordenamiento legal: “defraudación”, por cuanto se retienen aportes y no se los deposita; y “malversación” al utilizarse “ilícitamente” aportes a los que se les estaría dando un uso distinto para el que han sido creados, por lo que también criticaron la falta de actuación de los organismos de control, como el Ministerio de Economía, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Salud y Acción Social porque “el Estado está administrando dinero que no le corresponde, y en esto fallan los organismos de control”, apuntaron. Ese es uno de los datos que los dirigentes expusieron para refutar el argumento oficial respecto de la falta de recursos para hacer frente a un pedido de recomposición salarial que hasta ahora el gobierno provincial ha desatendido. El gremio reclama un aumento de 300 pesos, sobre un haber mínimo garantizado de 1.220 pesos. # Otras dudas En ese sentido, pusieron en dudas los resultados conseguidos en la moratoria que lanzó la DGR en marzo último: “Hasta fin de abril ingresaron por moratoria 5.341.000 pesos, aunque el director (Guillermo Lisnesky) salió públicamente a decir que se firmaron 35.000 convenios. Es cierto, hay muchos papeles, pero en plata entraron nada más que 5 millones. Y eso es nada. Además, el 60 por ciento de los contribuyentes no pagó el año corriente, porque prefieren sumarse a la moratoria”, subrayaron. Por otra parte, los dirigentes de ATE cuestionaron la decisión oficial de incluir dentro del amplio régimen de la moratoria las multas por retenciones y percepción no tributadas, algo que consideraron “una defraudación” porque “no se puede condonar la multa a un contribuyente que se queda con la contribución de otro”; al tiempo que también cuestionaron la decisión oficial, en el marco del Pacto Fiscal, de sostener exenciones impositivas a distintos sectores productivos. En ese sentido, los dirigentes gremiales expresaron que “plata hay, lo que pasa es que haya plata que no se recauda, otra plata que no sabemos qué destino tiene, como el caso de la ley 4.035. En el caso de los trabajadores del Estado, es un dinero que nos retienen pero que no se deposita”, y agregaron que “la plata se puede recaudar, hay que mejorar los sistemas de recaudación, hay que poner los puestos de control fronterizo y ampliar la base de tributo de Ingresos Brutos. Esta no es una provincia pobre. El Pacto Fiscal terminó en 1999, y de esa fecha hasta ahora no se aplicó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a determinadas actividades, y eso podría tener que ver con ciertos intereses, como por ejemplo algunos legisladores que podrían verse perjudicados”, indicaron. Por otra parte, desde ATE ponen de manifiesto la paradoja que existe en la provincia en el sector de la Secretaría de Salud: mientras la pauperización de la población empuja a muchas franjas hacia el hospital público, el Estado restringe recursos al área. “Salud es el lugar más grande, y donde hay mayor demanda. Pero tenemos serios problemas en satisfacer la demanda por la falta de personal. Encima, la provincia insiste en medidas como el presentismo o el recorte de suplencias, cuando lo que más se necesita es recurso humano”, señalaron los dirigentes. Además, fustigaron a la secretaria de Salud, Graciela Traverso, por cuanto “lo único que le importa es que los números cierren. Mientras la caja cierre, está todo bien, y vemos en toda la provincia un deterioro muy grande en la salud”, y resaltaron que en Entre Ríos “no hay política de salud”, y puntualizaron que la campaña contra el dengue hace agua: “Dijeron que estamos preparados, y eso es una gran mentira. Es un anuncio mediático, pero no es así. Cuando dicen que el dengue ataca a todas las clases sociales, es cierto. Pero también es cierto que los más afectados son los sectores pobres. Y no vimos ninguna campaña para hacer limpieza en los barrios, donde se mejore la urbanización”, aseveraron. Fuentes: El Diario de Paraná y Análisis Digital.