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El Ejecutivo deberá hacer frente a nuevos reclamos salariales de municipales

El Ejecutivo deberá hacer  frente a nuevos  reclamos  salariales de  municipales

El costo de la canasta básica para una familia tipo de dos adultos y dos niños está en 1637 pesos debido a la persistente inflación, que le agrega más tensión a las negociaciones entre los Municipales y el Ejecutivo. El sindicato pretenderá este año cuando se reanuden las paritarias en marzo lograr otra recomposición salarial.


Los incrementos salariales logrados por el Sindicato Municipal luego de los conflictivos meses de abril y mayo de 2009, comienzan a quedar desactualizados, para aquellos empleados de menor categoría que están por arriba del salario mínimo garantizado de los 1500 pesos conforme estableció el Gobierno Nacional. La suba de la canasta básica en 2009 fue de alrededor del 15 por ciento lo que significa que está ahora el 34 por ciento por sobre el salario de bolsillo de un empleado público y el 10 por ciento por sobre el sueldo inicial de un maestro de grado, ambos con el sueldo “congelado” desde hace más de un año y sin que se ven buenas perspectivas de mejoras, debido a que el Gobierno provincial insiste en que no tiene plata para aumentos salariales. Las paritarias entre el Ejecutivo y el secretario general del sindicato Mario López, junto a sus delegados se reanudarán en el mes de marzo, bajo un contexto poco favorable para el municipio, que contará con un presupuesto de 105 millones de pesos y el 53,88 por ciento del presupuesto representan ingresos de jurisdicción municipales que no alcanza a cubrir el costo salarial actual del personal que representará el 56 por ciento del presupuesto. El resto de los recursos se distribuirán en un 12,12 por ciento en bienes de consumo, un 21,28 por ciento en servicios no personales, un 5,17 por ciento en transferencias, el 0,73 en bienes de capital, el 4,78 en deudas flotantes, amortización e intereses y gastos de la deuda y el 24 por ciento se destinará para la inversión de bienes de uso más trabajos públicos. Además la municipalidad también debe hacer frente a la inflación, que hace que las coparticipaciones provinciales y nacionales cada vez rindan menos para la prestación de los servicios básicos que permitan que la ciudad funcione con relativa normalidad. El 2009 fue un año agitado, desde el incremento salarial que el Sindicato obtuvo entre abril y mayo, el aumento de los insumos para el funcionamiento operativo de los Centros de Salud y las áreas claves, más un sensible retroceso en la cobrabilidad de las tasas de los servicios colocaron a las finanzas del Estado casi en rojo. El otro inconveniente que tiene el Sindicato a la hora de pedir otra recomposición salarial, será el poco eco que lograron sus pares de la administración pública provincial. Tanto los gremios docentes, enfermeros y la Policía, no tuvieron suerte ante sus constantes reclamos. Recientemente la Asociación gremial del magisterio adelantó que estudia la posibilidad de reclamar en la justicia la inconstitucionalidad de la ley de presupuesto provincial, ya que en medio de esta situación crítica privilegia la obra pública por sobre los salarios. Para dirigentes de Agmer los legisladores que aprobaron el presupuesto tuvieron oído más fino para los intereses de las multinacionales que para el pueblo que representan, a pesar de haber tomado el compromiso de no aprobar un texto que no contemplara pauta salarial. Lo aprobaron de todos modos atendiendo más el interés financiero que el popular. Las negociaciones con el Ejecutivo municipal y el Sindicato no serán fáciles de encausar, debido a la presión que cada día ven los afiliados al gremio sobre su salario, al incrementarse el costo de vida, y por otro lado el Municipio se ve con un plantel de casi 1300 empleados a los que deberá darle alguna respuesta salarial, sin que esta no afecte la operatividad de las reparticiones claves del Estado Municipal. Al ritmo en que se mueve la inflación, será una de las principales variables que harán de que el 2010 este cargado de conflictividad social, si no se establecen políticas para impedir que el salario real de los trabajadores sea carcomido por el aumento del costo de vida.

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