El pueblo fue hasta el consulado uruguayo

La batalla lleva siete años y en los habitantes están a la vista las cicatrices de una extensa lucha para la que nadie nace preparado. Los vecinos están hastiados de la impunidad con que opera la ilegal Botnia en el río que históricamente hermanó a dos pueblos. Pero esa indignación es producto de que sus convicciones mutaron en experiencias que se vuelven conciencia.
“Los errores nos humanizan, pero los aciertos nos glorifican”, había afirmado en la Asamblea Ampliada la histórica ambientalista uruguaya Delia Villalba. Es cierto que a la asamblea le costó encontrar el rumbo tras el mazazo que significó el edulcorado fallo de la Corte Internacional de Justicia, pero en las últimas semanas retomó la iniciativa.
Cada una de los cientos de acciones que materializó la Asamblea Ciudadana a lo largo de estos años tuvo un porque y la movilización de ayer no fue la excepción. La concentración tuvo lugar frente al monumento de José Gervasio Artigas, el general de hombres libres, quien a mediados del siglo XIX expresó un pensamiento al que el Frente Amplio no le hace honor: “No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad”.
La acción prosiguió con una caravana que desplazó desde ese acceso del sur de la ciudad, pasó por el centro, y desembocó sorpresivamente en la puerta del Consulado de la República Oriental del Uruguay.
Sabido era que en esa sede diplomática nadie recibiría a los depositarios de la lucha contra las bocanadas contaminantes de la ilegal pastera. Es que una vez que ese conflicto había tomado fuerza nacional la cancillería uruguaya retiró a sus diplomáticos con asiento en Gualeguaychú y nunca más los reemplazó. En realidad, se jubiló la última cónsul –muy querida por la comunidad- y la política uruguaya, en un desprecio por los 200 años de relación, jamás volvió a nombrar otro diplomático.
El destinatario de ayer fue sin duda la dirigencia política uruguaya. Esa que desde un comienzo apeló a un doble discurso en vías de tratar de solucionar una problemática que se inició al autorizar unilateralmente la instalación y el funcionamiento de una planta ilegal en el río compartido, violando en más de diez puntos un estatuto de hermandad.
En los últimos días, estas contracciones de la diplomacia uruguaya volvieron a quedar plasmadas en la voz del canciller Luis Almagro quien afirmó que no permitirá el ingreso de técnicos de la CARU para que puedan monitorearla. Intentó borrar así la declaración que 24 horas antes firmaron los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica. Será interesante ser testigos de cómo la diplomacia oriental buscará en los próximos 60 días evitar ser presa de otro escándalo diplomático cuando intente borrar con el codo lo rubricado y protocolizado por los dos mandatarios.
En la proclama, la Asamblea Ciudadana también dedicó algunos párrafos a quienes entienden que el fallo de La Haya determinó que la ilegal Botnia no contamina. En este contexto, y en referencia al Día Internacional del Medio Ambiente, consideraron que “es inadmisible que nos condenen a respirar sulfídrico que emana de la empresa, como así también al daño irreparable que ocasiona al ecosistema de nuestro río”.
En otro de los párrafos, el pueblo asumió que si bien los derechos no pueden contradecirse, estos pueden tensionarse, y en esos casos prevalece el de mayor jerarquía. Ante la amenaza a la salud humana y del medio ambiente que representa Botnia, el derecho a la Vida es supremo y se impone por sobre el derecho a transitar.