Fundavida reclamó por amplia agenda ambiental al gobierno provincial

Se trata de ocho puntos, a saber:

1) Ley de Bosques N° 26.331, sancionada y promulgada el 26 de diciembre de 2007.

2) la preocupación porque el 90 por ciento de las empresas –de un universo de casi ocho mil- no han sido todavía fiscalizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y apenas un centenar cuentan con certificados ambientales.

3) La Dirección de Recursos Naturales conoce perfectamente los desmontes que están terminando con el bosque nativo provincial, pero carece de medios para parar esta situación. En consecuencia, le piden al gobernador que esa área dependa de la Secretaría de Medio Ambiente. Además, le pide la renuncia del director de Recursos Naturales, Conrado González, “por falta de idoneidad y falta de responsabilidad en su función”, según se explicó en la nota remitida al gobernador y a la que tuvo acceso EL ARGENTINO.

4) Pide la inmediata suspensión de las fumigaciones agrícolas por avión, dado que la deriva de sus volcados afecta gravemente a las personas. Y además exige controlar de manera estricta las fumigaciones efectuadas con sistemas terrestres.

5) Solicita que se realice un plan maestro agrícola provincial de cinco años, para salir del monocultivo de soja que está desertificando a las tierras y la agricultura industrial que también destruye los suelos frágiles y semi-agrícolas.

6) Reclama por la construcción de la planta de tratamientos de afluentes industriales del Parque Industrial de Gualeguaychú, porque su situación no admite más demora. En ese marco, pide que se apliquen sanciones a aquellas empresas que no invierten para adecuar sus instalaciones y en consecuencia no ejercen la responsabilidad social empresaria. En ese contexto, Fundavida sugiere que a través de la Cafesg se financien la construcción de plantas de tratamiento de efluentes cloacales en todas las ciudades de la costa del río Uruguay (Federación, Chajarí, Concordia, Colon y Concepción del Uruguay) “si queremos ser coherentes con nuestra política de defensa del rio Uruguay desarrollada en el Tribunal de La Haya”, recordó la entidad ambiental.

7) Entre Ríos en base a su ley provincial de “Libertad de los ríos” (anti-represa) deberá gestionar ante el gobierno nacional para no continuar con el proyecto de la represa de Garaví sobre el río Uruguay.

8) Fundavida alerta sobre la inconveniencia de continuar con el plan de exploración petrolera en la provincia. “Enfáticamente le pedimos ya en carácter de suplica que anule el contrato firmado por usted con Repsol YPF. Basta tomar conocimiento de lo que está pasando con el derrame petrolero en el país del norte para racionalmente decidir no arriesgar en nada la posibilidad de un derrame en la perforación del Acuífero Guaraní, patrimonio de las generaciones por venir”.