El 25 de octubre se conocerá la resolución de la Cámara

La audiencia comenzó minutos antes de las 9 y finalizó pasadas las 15 y la Cámara cerró la jornada con una nueva convocatoria para el 25 de octubre, a las 8.
A pesar de tratarse de una audiencia oral y pública fue un número muy reducido de personas el que pudo ingresar a la Sala de Audiencia “Juan Bautista Alberdi” donde se desarrolló la exposición.
La audiencia fue presidida por Daniel Alonso y contó con el acompañamiento de los vocales Gustavo Ibáñez y Cintia Gómez.
El primer en exponer fue el fiscal de Cámara, Ricardo Álvarez, quien también es titular de la Unidad Fiscal Ambiental aunque sin actuación en el tema.
El representante del Ministerio Público se expidió por un lapso de una hora y diez minutos, y se centró en defender la apelación que interpuso la fiscal ad hoc de Concepción del Uruguay, Daniela Neyra, quien apeló el fallo del juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que desestimó el pedido del Ejecutivo nacional para que los asambleístas sean indagados.
Álvarez indicó que el juez Pimentel presume “que los señores intervinientes en el corte de ruta obraron con desconocimiento” para luego destacar que a su entender esto es lo mismo que tratar a todo el colectivo social como ignorante del derecho.
En este contexto, aseguró: “Abogo para que los asambleístas sean escuchados” y por eso “sostengo la necesidad de que sean citados a declaración indagatoria”.
Asimismo, el fiscal de Cámara también se refirió al hecho de que el ser humano, desde su sociabilidad primaria, sabe que no puede interrumpir el tránsito. Por lo que más adelante añadió: “Es evidente que la interrupción del tránsito por tan largo período de tiempo conlleva inevitablemente perjuicios” para terceros.
También remarcó la necesidad de confiar en un Estado de Derecho, “necesitamos que se confíe, necesitamos un juez que los escuche porque creo que esto es un beneficio de los imputados, a quienes seguramente no se les hace un favor tratándolos de ignorantes”.
En otro tramo se refirió a la criminalización de la protesta indicando: “Me parece equivocada la frase, casi obsesiva en estos tiempos, de la criminalización y judicialización de la protesta. Judicializar la protesta no siempre tiene que ser un desvalor sino que a veces es una exigencia, porque existen modos y maneras de protestar”.
“Solicito a este Tribunal que habilite el desarrollo mínimo de institución y de proceso para esclarecer normativa y judicialmente qué es lo que ha ocurrido (…) Además, el auto no hace hincapié en cada una de las cabezas de los imputados sino que generaliza en una suerte de colectivo, de modo tal que se puede inducir que todo el que estuvo ahí no conocía el derecho”, añadió el fiscal de Cámara.
Tras solicitar que los diez asambleístas sean citados a declarar, Álvarez indicó que en su opinión resulta innecesario el reemplazo del juez Federal de Concepción del Uruguay.
Luego de la extensa exposición del fiscal de Cámara el presidente de la Cámara, Daniel Alonso, llamó a un cuarto intermedio de unos diez minutos que finalizaron cerca de las 10:30.
En el regreso del cuarto intermedio, fue el turno de los abogados defensores.
En primer lugar tomó la palabra el Defensor Oficial, Juan Carlos Ferrari que defendió a tres asambleístas. Ferrari aseguró que “desde la foto de Gendarmería saltaron sobre once personas que pretenden ser involucradas en el proceso”. Asimismo, el Defensor indicó: “Es la ecología la que esta en juego, tal es así que el esfuerzo de esta gente provocó el traslado de otra pastera de las márgenes del río Uruguay”. Y, haciendo referencia a las declaraciones del fiscal de Cámara, respondió: “¿Tenemos que devolverle esto diciéndoles que eran ignorantes? Yo rechazo el término ignorantes”, espetó.
En sus declaraciones el defensor recordó que “en mayo de 2006, el ex Presidente de la República (por Néstor Kirchner) convocó en el Corsódromo de Gualeguaychú a 17 gobernadores y allí dijo que “era una causa nacional”. Fue con esa estimulación que siguieron adelante estas personas.
Finalmente el letrado reclamó “que no se haga lugar al pedido de citación indagatoria. Se confirme el auto en curso y en nombre de mis representados se rechace el pedido del fiscal”.
A su turno, Rubén Pagliotto -defensor de Fritzler y Acosta-, ironizó sobre la posibilidad de estructurar el hecho delictivo para la imputación sobre un ciudadano en particular y cuestionó la “selección azarosa” de los diez querellados. Sostuvo que el gobierno está en medio de una “esquizofrenia” y como prueba aportó un subsidio por 100 mil pesos cedido a la Asamblea por el Ejecutivo Provincial, como fotos del entonces presidente Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández apoyando la “causa nacional”.
Además, recordó la ley provincial Nº 9922 “que declara paraje histórico y cultura a Arroyo Verde y destacó la abnegada lucha del pueblo de Gualeguaychú en defensa de la vida”. Al término de su alocución pidió al tribunal “no firmar un cheque en blanco a la criminalización de la protesta social”.
El segundo abogado defensor, Osvaldo Fernández (que también está querellado), comenzó su propia defensa indicando que “el fiscal de Cámara por un lado representa al Estado en su rol acusador y por otro como fiscal ambiental en esta jurisdicción, a quien me hubiera gustado verlo tan convencido en los hechos que cotidianamente padecemos quienes somos víctimas de la contaminación”.
“El Estado denuncia a través del Procurador del Tesoro y en el medio estamos nosotros. Hay aquí una situación y un colectivo social que defiende vías jurídicas y jerárquicamente superiores, como son la vida, la salud y el medioambiente”, aseguró Fernández.
Fernández afirmó que “no le ha quedado a este pueblo más alternativa que expresarse de la forma en que lo ha hecho, detrás de una causa que es noble, de una causa que es justa y en la que el derecho también asiste a la defensa de este tipo de situaciones”.
“Cuando un colectivo social lleva adelante una causa de este tipo no lo hace pensando en perjudicar a nadie, sino en beneficiar a todos. Ese es el eje central, el beneficio y de ninguna manera el perjuicio (…) Desde la convicción de defender la vida, la salud y el medioambiente, el presente y el futuro se impone de un día para el otro el cambio de un tipo y un modo de vida. El derecho y la Justicia deben de tener en cuenta este tema. Se trata de un conflicto perturbador en el que un pueblo no hace catarsis porque se suba a la ruta, sino obligado por circunstancias que llevan a ejecutar acciones de protesta social”, concluyó Fernández.
Por su parte, Luis Leissa comenzó planteando cuestiones estrictamente procesales y luego ahondó “que el tribunal debe desestimar el recurso de apelación sin entrar en su tratamiento”.
“No estamos en una situación aséptica o en un laboratorio que nos permita ver las formas de una mirada exclusivamente unidimensional (…) Kaufman en su libro sobre la Filosofía de la Modernidad dice que las normas no deben ser miradas sino en la vida. Yo reclamo para la resolución de este tema una mirada en la vida”, reclamó el abogado y concluyó: “Pido el rechazo de la apelación”.
En la misma línea que los anteriores abogados defensores, Darío Carraza, solicitó que “se rechace el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y en todo caso se rechace especialmente el pedido de apartamiento del juez Pimentel”.
Carraza indicó que “Pimentel al absolver a nuestros defendidos de alguna manera se absolvió y nos absolvió a todos”.
Por su parte, el abogado Jaime Martínez Garbino, atribuyó la responsabilidad de la causa al procurador general del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, y expresó que el funcionario “armó un zafarrancho que no reúne los requisitos procesales”. En sus fundamentos, el letrado expuso la “imposibilidad” del delito en base a lo inverosímil de que diez personas hayan podido cortar la ruta durante cuatro años, las 24 horas del día.
Igual pedido esgrimió Daniel Garbino -defensor de Paola Robles Duarte-, quien advirtió sobre las vías alternativas terrestres, fluviales y aéreas de paso hacia Uruguay cuando estaba bloqueado el Puente Internacional General San Martín. Y minimizó la molestia al tránsito “en comparación con los derechos constitucionales que la lucha contra Botnia defiende”.

Réplicas

Haciendo uso de la instancia de réplica, el fiscal Álvarez volvió a fundamentar en una extensa exposición su pedido de confirmación de revocatoria de la resolución del juez Pimentel y el llamado a indagatoria de los diez asambleístas, luego de cuestionar “la defensa prematura de quienes todavía no han sido intimados”.
Por la defensa, tomó la palabra Osvaldo Fernández, quien sostuvo que “el conflicto va a finalizar cuando la planta de Botnia se vaya del río Uruguay”, a lo que el público presente en la sala respondió con una intensa ovación. También duplicó el doctor Luis Leissa, quien marcó como “el primer derecho” al derecho a protestar, “porque es el que nos permite que el Estado reaccione y salga de la inercia en que se encuentra”.
Por último, el presidente del tribunal, Daniel Alonso, tomó la palabra para comunicar que de acuerdo al Artículo 455 del Código Procesal Penal de la Nación, se tomará el tiempo previsto y citó a las partes para tomar conocimiento de la resolución el 25 de octubre a las 8.