Internos de un centro de rehabilitación huyeron y se refugiaron en la Jefatura

Una confusa situación con denuncias cruzadas, sucedió en Villa Paranacito, departamento Islas, en la noche del domingo.
Fue cuando 24 pacientes, internados voluntariamente, en la Comunidad Terapéutica para el Tratamiento de Adicciones, “Programa Ibicuy”, escaparon de la institución y se refugiaron en la Jefatura Departamental.
Aunque los primeros informes daban cuenta de una fuga, lo que realmente ocurrió fue es que los residentes del costoso centro de rehabilitación acudieron a la Jefatura para denunciar a las autoridades de la institución por el tratamiento que estaban recibiendo, que calificaron como muy duro. También los internos exigían que se les concediera el derecho de movilidad.
Con una contradenuncia presentada por los responsables de la Comunidad, el caso llegó a manos del juez de Instrucción N° 1 en turno de Feria, doctor Eduardo García Jurado, quien dispuso que el defensor oficial, doctor Pablo Ledesma, y el auxiliar de Justicia verificaran si se estaba cumpliendo con lo que dispone la Ley de Salud Mental vigente, ya que en el centro de tratamiento habían quedado otros 26 internos, que no acompañaron a los que salieron del lugar.
Con el correr de las horas las autoridades judiciales se pusieron en contacto con los familiares de los 24 internos que permanecían en sede policial, de los cuales 20 se retiraron hacia sus domicilios en distintos puntos del país o a nuevos sitios de internación. Los cuatro restantes retornaron a la Comunidad ya que dos de ellos están a cargo de jueces que deben decidir en la cuestión, mientras que los dos restantes quedaron nuevamente internados en el centro isleño por así disponerlos sus familiares, junto a los 26 residentes que no habían participado del episodio.

Investigación judicial

Consultado el doctor García Jurado sobre lo sucedido, manifestó: “En principio no estaríamos frente a un delito, por cuando el reclamo, que hacen los internos por su derecho de movilidad, no constituye un delito. Pero también estamos investigando la denuncia que hicieron los miembros de la clínica, en la que aseguran que fueron amenazados, en el contexto de los reclamos que hicieron los residentes para poder recuperar su derecho ambulatorio”, señaló el magistrado.
Cabe apuntar que el juez en varias oportunidades visitó la Comunidad Terapéutica y está al tanto del control estricto que se desarrolla para la rehabilitación de personas con problemas de adicción. “A primera vista, no estamos visualizando un claro delito penal, por ahora. Esto no quiere decir que con la continuidad de la investigación no aparezca algún hecho. No obstante, lo que aparece muy claro es una controversia naturalmente entre los internos con las autoridades del centro. Por un lado los residentes están por su propia voluntad y no sólo firmaron un acuerdo para estar allí, sino además pagaron un costoso tratamiento (NdeR: De varios miles de pesos mensuales) y ahora no están de acuerdo”, remarcó el magistrado, que ordenó una investigación a nivel provincial y municipal sobre las habilitaciones del centro de rehabilitación y cuántas inspecciones se hicieron desde el área de Salud, provincial y municipal, manifestó García Jurado.