Buscan justicia y recuperar su verdadera identidad

En la noche del 25 de enero de 1978, la Dictadura Militar se había cobrado una nueva víctima, tras un horrendo crimen, perpetrado en un terreno baldío de calle Roffo al norte, cuyos autores materiales fueron dos suboficiales de policía.
La víctima era Juan Domingo Lizasuain un joven de 28 años de edad, que era cuidador de caballos, vendedor de rifas y padre de dos hijos.
Aquella horrenda muerte, marcó a fuego a tres generaciones de una familia gualeguaychuense, los Lizasuain.
Tras el asesinato, los hermanos de Juan Domingo, lucharon contra el sistema dictatorial imperante en la época para hacer justicia por Juan Domingo y ver tras las rejas a los verdugos.
A los hijos de Juan Domingo que en aquel entonces tenían entre 6 y 8 años, su madre les cambió el apellido al casarse nuevamente y ya adultos buscan adoptar su verdadero apellido y a su vez dárselo a sus hijos - los nietos de Juan Domingo- y ver tras las rejas a los asesinos de su padre que en 1992 fueron favorecidos por el indulto durante la presidencia de Carlos Menem.

Cómo sucedió el crimen

Juan Domingo era apodado desde chico “El Grillo” por su madre, un apodo que lo sacó de un personaje de radioteatro de la novela de Juan Carlos Chape.
En su juventud, simpatizaba con el comunismo y era ávido lector de literatura comunista, pero nunca llegó a militar clandestinamente en el PC.
Se carteaba con compañeros de la primaria que estaban presos por haber sido acusados de supuestos guerrilleros.
Juan Domingo trabajaba cuidando caballos, había tenido dos hijos con su esposa, con la que luego se había separado. Durante dos años había estado en Buenos Aires junto a su hermana estudiando para detective y trabajaba como recolector de residuos en la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero al tener su familia en Gualeguaychú, y sus hijos, decidió volverse.
Continuó trabajando como cuidador de caballos y para poder incrementar sus ingresos, ocupaba parte de su tiempo libre vendiendo rifas de los Bomberos en los barrios, y fue precisamente una noche cuando salía del Cuartel de Bomberos, tras rendir la venta de ese día, que fortuitamente fue testigo de un espantoso crimen.
Vio como dos agentes de policía quemaban vivo dentro de su casa a un changarín que trabajaba en el molino, que para tapar el crimen lo hicieron pasar como un incendio, es por eso que quemaron su casa, y la víctima fue encontrada luego carbonizada junto a su perro.
Juan Domingo no pudo evitar ser visto por los asesinos, pero en aquella oportunidad tuvo la suerte de escapar.
Los agentes, luego lo identificaron y comenzaron a averiguar su vida y con quién se relacionaba.
Es así que comenzó un acoso y una persecución constante hacia Juan Domingo.
Lo veían en la calle y le inventaban contravenciones o delitos para detenerlo. Por ejemplo cuando vendía rifas por la calle, los agentes le decían que era vendedor de quiniela clandestina y lo detenían.
Como el acoso policial seguía, un día cansado de esa persecución finalmente, enfrentó a los agentes y les dijo que si lo seguían molestando iba a decir que habían quemado a una persona viva dentro de su casa. Fue esa desafortunada frase que lo condenaría.
Sabiendo que podían matarlo por lo que había dicho y visto, “El Grillo” decidió volver a Capital Federal en un intento de salvar su vida.
Pero los agentes, que no le perdían pisada sabían que, el joven cuidador de caballos se estaba por ir de la ciudad el 25 de enero de 1978 a Capital Federal, y éstos fueron a interceptarlo a la terminal antes de que partiera.
Allí le dijeron que un compañero de fútbol del club donde Juan Domingo jugaba en su adolescencia, estaba muy enfermo y lo quería ver en una casa que estaba sobre calle Roffo al norte.
Le dijeron que ellos le hacían el favor de arrimarlo hasta la casa, y Juan Domingo en su ingenuidad accedió. Tomó sus valijas y subió en un auto para ir hasta la casa de su amigo.
Al llegar a una zona de terrenos baldíos sobre calle Roffo al norte, por las inmediaciones de Obras Sanitarias, en un sector que para entonces estaba poco iluminado, el auto se detuvo.
Juan Domingo se bajó del vehículo porque le dijeron que habían llegado a la casa del amigo. Era alrededor de las 23 del 25 de enero. En una noche cerrada, en un lugar poco habitado. Había que cruzar dos alambrados para llegar a la supuesta casa del amigo, que conocía de su equipo de fútbol.
Cuando la víctima logró cruzar el primer tejido, uno de los agentes le pateó el estomago. Del otro lado del alambrado lo estaba esperando el otro policía, le trabó los brazos y el compañero -que era boxeador- le quebró el maxilar derecho de una trompada. Luego lo estrangularon con un alambre de púa y para rematarlo le abrieron la boca y le introdujeron un palo.
El cuerpo fue dejado en el mismo lugar donde Juan Domingo cayó, tras la brutal golpizas y su terrible muerte.
A la mañana siguiente fue encontrado por una mujer que vivía en la zona, que realizó la denuncia a la Policía, pero como era muda, en la Comisaría 4ta no le entendían a qué se refería. Pero dada la insistencia de la mujer que regresó al día siguiente para probar suerte, los policías la acompañaron hasta el lugar donde yacía el cuerpo de Juan Domingo. Habían pasado 48 horas del crimen.
El 28 de enero la opinión pública se enteraba por los medios de comunicación de entonces, que el joven Juan Domingo Lizasuain había sido “brutalmente asesinado por la guerrilla”.
Lo que no sabía la Policía de entonces que quería encubrir a los asesinos, era la tenacidad que la familia Lizasuain tenía para que el crimen de Juan Domingo se esclareciera.
Su hermana viajó desde Capital Federal para poder reconocer el cuerpo, por estar muy desfigurado. Los parientes de Juan Domingo tuvieron que pedir una orden judicial con el objetivo de que abrieran el ataúd para reconocer que era su hermano. Pero pasó mucho tiempo para que el caso se pudiera esclarecer.
Para investigar el crimen, desde las máximas autoridades policiales de la provincia de Entre Ríos, pidieron a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú que cooperara en su esclarecimiento.
Desde asuntos internos de la Policía enviaron un comisario inspector de la Jefatura de Gualeguay, con órdenes de trabajar encubierto y para esto se hacía pasar como un tío de Juan Domingo.
Las autoridades de la Policía local sabían quiénes eran los agentes que habían matado a Juan Domingo. Sabía que los agentes habían sido los autores materiales y que había un oficial que era el autor intelectual del crimen.
Los Policías pensaban que Juan Domingo, era un guerrillero peligroso que iba a tomar represarías contra ellos. Lo único malo que hizo el joven estudiante de detective privado fue haber tenido la mala suerte de haber pasado por un lugar, en el momento equivocado y haber sido testigo de un aberrante crimen.
Finalmente la tarea investigativa del comisario inspector de asuntos internos logró esclarecer el crimen y los dos agentes fueron enjuiciados y condenados a cadena perpetua. Pero el oficial que fue el autor intelectual quedó sobreseído por falta de mérito y culpabilidad por no haber estado en el momento del crimen.
Los agentes fueron liberados en 1992 gracias al indulto del ex presidente Carlos Menem, tras catorce años de prisión.
Desde 1992, los hijos de Juan Domingo brutalmente asesinado por la Dictadura Militar, aquella noche del 25 de enero de 1978, busca que los verdugos de su padre, que andan sueltos por nuestra ciudad, vuelvan a estar tras las rejas, al igual que el autor intelectual del crimen que quedó absuelto.
El año pasado la familia logró cambiar la carátula del expediente judicial. El expediente pasó de ser delito político a crimen de Lesa Humanidad y este tipo de delitos nunca prescriben.
Este cambio de caratula pudo lograrse luego que el actual Gobierno Nacional, aboliera la Ley de Obediencia de Vida y Punto Final que se dictó durante el Gobierno de Raúl Alfonsín y dejara sin efecto el indulto menemista.
Así los verdugos de Lizasuain podrían correr la misma suerte que los autores intelectuales de la Junta Militar. Una herida que la sociedad aún intenta cauterizar al enjuiciar a los criminales de la Dictadura, que provocaron una de las etapas más oscura de la historia Argentina y cuyas consecuencias es incomprensible para las nuevas generaciones que se formaron en democracia y abrazaron la militancia política como una forma de vida.
En estos momentos, la causa del asesinato de Juan Domingo está en manos de la Justicia Federal, a la espera de pasar al Tribunal de Casación, que deberá fijar el monto de la indemnización que el Estado deberá pagarle a los familiares de Juan Domingo Lizasuain. Y luego seguirá su curso al Supremo Tribunal de Justicia de la Nación para reanudar el juicio.
“No es mi intención hacer todo esto por un fin económico, quiero justicia para mi padre, recuperar mi verdadera entidad, dársela a mis hijos y cerrar un triste capítulo de mi vida y de mi familia”, dijo uno de los hijos del joven asesinado en 1978.

Por Diego Elgart
EL ARGENTINO (c)