Falta de consenso social e indecisión impiden su tratamiento

Las causas por las que aún no han sido declorizados son básicamente la falta de consenso social e indecisiones de parte de los actores implicados.
La cuestión se puede resumir en una frase: es necesario y todos quieren que los transformadores sean tratados, para que dejen de ser un peligro para la salud y el medioambiente, pero nadie quiere que ese tratamiento se haga cerca de su hábitat.
En su momento, la solución acordada por las cooperativas y el Estado fue elegir un lugar único para trasladar todos los transformadores a ese lugar y hacerles allí el tratamiento. Esa era la opción real y factible, pero el lugar elegido por las cooperativas por su perspectiva geográfica propicia, teniendo en cuenta que el transporte de estos transformadores también implica asumir riesgos –Villaguay- no contó con el consenso social de los vecinos.
Son unos 1.200 los transformadores con PCB que necesitan ser declorizados pero con justa razón los vecinos de Villaguay no quieren que su departamento sea el epicentro en el que los más de mil transformadores sean tratados, siendo que ellos sólo poseen unos pocos.
Desde Medio Ambiente de la provincia indican que en este momento hay dos opciones: una es la que se ha venido manejando hasta el momento y que indica centralizar el proceso de declorización en una localidad. La otra, es que cada cooperativa se encargue de hacer el proceso en su depósito, opción que es mucho más costosa.
Consultado sobre en qué estado está la cuestión del tratamiento de los transformadores que contienen bifenilo policlorado (PCB), el secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Fernando Raffo señaló a EL ARGENTINO que hasta el momento el tema está frenado. “Hay una propuesta presentada por las cooperativas en el departamento de Villaguay, donde también hay conflictos sociales por este tema. Por lo que estamos viendo qué otras alternativas tenemos”.
En tanto, el funcionario destacó que “las cooperativas han presentado otra opción, siempre dentro del esquema de planta centralizada. La empresa que hace el tratamiento y la tecnología que se utilizará ya están definidas. Pero a su vez, los grupos ambientales plantean porqué cada uno no trata sus propios transformadores, lo que técnicamente se puede hacer, pero económicamente es mucho más costoso. Entre las dos soluciones se está buscando una intermedia que tenga el acuerdo de la mayor cantidad de actores posibles: Estado, cooperativas y sociedad”, aseveró Raffo.

Un tema que preocupa

Asimismo, el secretario de Medio Ambiente reconoció que “hoy por hoy es un tema que nos preocupa mucho. Si bien no somos los dueños del pasivo, eso debe quedar claro –los transformadores son propiedad de las cooperativas- somos autoridad de aplicación por lo que debemos facilitar que el trabajo se haga y controlar que se haga de la mejor forma posible, minimizando los riesgos ambientales”.
“Acá hay dos cuestiones. Existe la ley - Ley Nº 25.670 de Presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCBs- y hay que cumplir con esta normativa y desde la Secretaría se entiende que el riesgo mayor es la situación actual: que los transformadores estén fuera de servicio en lugares dispuestos para hacer el tratamiento. Pero hay un impedimento logístico”, ahondó el funcionario provincial.
Por lo que la alternativa de solución sería que haya una planta móvil, que vaya a cada lugar y que pueda hacer la declorización in situ, lo que económicamente no es viable para las cooperativas.
El secretario de Medio Ambiente aclaró además que “desde el punto de vista técnico, económico y ambiental están dadas las condiciones de seguridad para hacer el tratamiento en una planta centralizada”.
Consultado sobre cómo es el tratamiento de declorización, Raffo explicó que “en el proceso no se liberan efluentes, sino que el aceite que poseen los transformadores se pasa por un equipo y en ese mismo equipo se declorinan, luego ese mismo aceite vuele a ingresar al transformador, por lo que no se generan efluentes. Este transformar vuelve a ser operativo luego de que se le hagan los análisis correspondientes. Es un sistema casi cerrado”.
En tanto, añadió que “la tecnología de este sistema fue desarrollada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) y se ha implementado en muchas provincias con éxito, incluso la empresa contratada es una empresa muy seria y posee tecnología aprobada”.
La tecnología estaría, los recursos también pero no se posee el certificado de uso de suelo –que es lo que se necesita para poder instalar la planta centralizada-, por el reclamos de los vecinos que no quieren recibir estos 1.200 transformadores.
Mientras tanto, los transformadores que si bien no están activos continúan siendo un riesgo, siguen sin ser tratados tal como lo establece la ley nacional.