Las PYMES no son formadores de precios

Durante décadas las pequeñas y medianas empresas de todo el país sufrieron las clausuras arbitrarias, la fijación de precios máximos, y los cierres intimidatorios de la AFIP que se valió de esa legislación para perseguir por temas impositivos a las empresas más vulnerables, dejando inmunes a los grandes evasores.
Paradójicamente en todos los años transcurridos desde la vigencia de la Ley de Abastecimiento, los grandes grupos económicos, que son los verdaderos formadores de precios, los que maximizan su renta inescrupulosamente, nunca fueron afectados. Y menos intimidados como lo fueron las PYMES.
En la Argentina hay decenas de grupos monopólicos y oligopólicos en los sectores públicos y privados que requieren controles y sanciones para evitar abusos contra las PYMES y los consumidores.
Una sola empresa del país controla la producción de chapas, y una sola empresa controla la producción de polietileno, que es un insumo clave para la industria plástica donde se producen por ejemplo, los envases para los productos que consumimos diariamente. Y hay más: una sola empresa en la Argentina controla la producción de aluminio, cuatro empresas controlan la producción de cemento, una empresa controla el 80% de la producción de panificados, y sólo dos controlan el 82% de la producción de leche.
En cualquier país donde existen grupos monopólicos u oligopólicos el Estado debe actuar en defensa de los usuarios y de las PYMES, que son las víctimas reales de la fijación de precios y de la búsqueda de rentas extraordinarias de esos grandes actores. Pero hay un hecho que es indiscutible: las PYMES deben ser excluidas de cualquier legislación que implique controles y sanciones del Estado. Porque las PYMES no son formadoras de precios, generan trabajo en origen y constituyen uno de los mercados más transparentes de la economía.