En Corrientes, una organización utilizaba dos estancias para operar avionetas con drogas
En una nota que salió publicada ayer en el diario La Nación, se asevera que “una organización utilizaba dos estancias en las cercanías a Santo Tomé para la operación de avionetas cargadas con drogas”, que traían desde Bolivia.
Los aterrizajes en el establecimiento ganadero Santa Úrsula, un predio arrendado por un ciudadano brasileño, situado sobre la Ruta Provincial N° 12, en Corrientes, se repetían los miércoles y jueves. Era una situación extraña, sobre todo porque en el campo no había vacas, pero sí hombres armados que custodiaban las aeronaves en las que se transportaba por semana una tonelada de cocaína desde Bolivia. El movimiento alarmaba a los pobladores de esa zona cercana a Santo Tomé, en Corrientes. A medida que los vuelos y aterrizajes se hacían más frecuentes, crecía la desconfianza y el temor por el paso rasante de las avionetas Cessna. Y no estaban equivocados. Santa Úrsula y la estancia Santa María del Aguapey eran usadas por una importante organización narco transnacional -conformada por argentinos, paraguayos, brasileños y bolivianos- para acopiar en Corrientes grandes cantidades de cocaína que provenían de Bolivia para después distribuirla en distintos países.
Así lo determinó una investigación judicial que comenzó en 2013 cuando las máximas autoridades del Escuadrón 57 “Santo Tomé” de la Gendarmería Nacional presentaron a la Justicia Federal la investigación. Seis meses antes habían empezado a seguir de cerca los movimientos en esa estancia. Pero era complicado pasar inadvertidos. Los gendarmes eligieron disfrazarse como cazadores para pasar la noche en el campo y observar el movimiento de los aviones. Por ese motivo, al operativo lo apodaron “Ciervo blanco”.
La cantidad de cocaína secuestrada fue inusual para Corrientes, una ruta natural de la marihuana que se produce en Paraguay. Pero esta causa abrió interrogantes sobre nuevos caminos de la droga, esta vez con origen en Bolivia hacia el centro del país, con Corrientes como punto de acopio para la distribución. Pero lo que más encendió la alarma es que esta organización tenía un perfil transnacional, con hombres de la Argentina, Perú, Paraguay, Bolivia y Brasil.
Después de más de tres años de investigación judicial, el caso entró ahora en su etapa decisiva en un juicio oral y público a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, donde once personas están en el banquillo de los acusados. El Ministerio Público está representado por el fiscal Carlos Schaefer y alegará ante el TOF el próximo martes, publicó La Nación.
La investigación
Según la investigación judicial, el 14 de noviembre de 2013, cuando “un helicóptero de la Gendarmería Nacional sobrevolaba la zona, sus tripulantes observaron en cercanías al casco de la estancia Santa María del Aguapey, en una pista de aterrizaje un avión rodeado por un grupo de personas y vehículos. Cuando los gendarmes decidieron descender, los sospechosos intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados y reducidos por los uniformados”.
En la estancia había un Cessna modelo U206G, matrícula CP-2037, y los gendarmes secuestraron “documentación de todo tipo, como papeles de la República de Bolivia”, un GPS, una cámara de fotos, teléfonos, una cisterna con capacidad para 1.500 litros de combustible para aviones, y un acoplado en el que estaban ocultos 330 kilos de cocaína.
Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el valor de la droga ascendía en 2013 a los 35 millones de pesos.
El fiscal Schaefer dijo que esta organización realizaba dos o tres vuelos por semana, por lo que se presumen que llegaban a esos campos más de cuatro toneladas de cocaína por mes. Para controlar esa cantidad de droga, en el casco de la estancia había hombres armados con fusiles, equipos de comunicaciones y visores nocturnos.
“Los elementos de prueba permiten afirmar que los sospechosos con anterioridad al 14 de noviembre de 2013 pusieron en marcha una sofisticada organización criminal, con evidentes componentes internacionales, dedicada al tráfico ilegal de estupefacientes; cumpliendo para ello varios roles distintos, desplegando su accionar por diferentes puntos geográficos de la Argentina y de Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil con epicentro en Santo Tomé, Corrientes, donde utilizaban la infraestructura de antiguos y alejados establecimientos rurales, situados en una zona limítrofe con Brasil y Paraguay, como ser las estancias Santa Úrsula y Santa María del Aguapey”, señala el dictamen de elevación a juicio.
Esta organización transnacional, según la investigación que llevó adelante el fiscal Schaefer, estaba liderada por Carlos Elías Pacheco, un consignatario de hacienda oriundo de Santo Tomé. Este hombre era quien, se presume, mediaba en la cadena del tráfico de estupefacientes junto a Silvio Lima Borges, brasileño, quien se encuentra prófugo.
Otros supuestos miembros de la banda como Carlos Pereyra (paraguayo), Edison Álves Dzwieleski (brasileño) y Osvaldo Villán (argentino) eran los nexos entre los transportistas que piloteaban los aviones y los destinatarios de la droga tanto en Argentina como en el exterior.
William Hurtado Suárez y Gabriel Pirro Mori, boliviano y peruano, respectivamente, eran los tripulantes de la aeronave donde fue secuestrada la droga en noviembre de 2014 en la estancia Santa María del Aguapey.
José Alberto Velazco está imputado como coautor funcional, ya que su tarea habría consistido en recibir directivas de Pacheco, uno de los cabecillas de la organización. Simulaba ser capataz de la estancia, cuando en realidad su tarea consistía básicamente en organizar la recepción de los vuelos que traían cocaína.
Arrendamiento
María Hilda Calabrese y Florentino Niemiz aparecen ligados con la banda por realizar los contratos de arrendamiento y de pastaje de los campos donde se desplegaba la actividad criminal. Pero allí no pastaban las vacas sino que aterrizaban aviones con cocaína boliviana.
Más allá de que ambos mantenían una relación sentimental, tenían estrechos vínculos con los líderes de la banda. Niemiz además está sospechado de contratar a las personas que recibían la droga que llegaba del extranjero. El misionero Horacio Acosta está acusado de organizar los aviones y de blanquear el dinero a través de la compra de emprendimientos productivos agropecuarios. Fue detenido en la noche del 25 de abril de 2014, cuando realizaba los trámites migratorios para cruzar el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une las ciudades de Posadas y Encarnación, Paraguay.
Para los investigadores está claro que uno de los objetivos de la organización era traficar la droga hacia Brasil. “Un comentario especial merece la participación del ciudadano brasileño Dzwieleski en el hecho, ya se le atribuye el rol de integrante de la asociación ilícita, dado sus antecedentes delictuales en su país de origen y resulta altamente probable que su participación en los hechos haya ido mucho más allá; máxime cuando uno de los cabecillas de la organización, Lima Borges era de la misma nacionalidad y uno de los objetivos de la organización era reducir la droga en la República del Brasil”, se sostuvo en la investigación.
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