Gustavo Rivas: se inició el juicio oral por promoción a la corrupción de menores
Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO
A las 7:40, el abogado imputado por promoción a la corrupción y promoción a la prostitución de menores de 18 años, Gustavo Rivas, llegó a Tribunales desde su domicilio caminando en absoluta soledad. Vestido de traje negro con corbata violeta, repitió durante esos poco más de 200 metros de distancia, que no daría declaraciones, aunque adelantó que lo haría ante los jueces y que estaba “tranquilo con su conciencia" y que “ha sido un proceso bastante largo”.
Por decisión del Tribunal, estas audiencias no serán públicas ya que la causa que se investiga es sensible a la dignidad de las personas afectadas. En razón de ello se habilitó exclusivamente el registro de imágenes al inicio de la misma, con el posterior retiro de los periodistas gráficos.
En la Plaza San Martín, la ONG “Rompiendo el Silencio” contra el abuso y el maltrato infantil, realizó una instalación con diferentes carteles que expresaban apoyo a las víctimas y la necesidad de justicia ante 40 años de impunidad.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, habilitó a las 8:50 el juicio oral en la causa caratulada Nº J/454 “Rivas Gustavo/ promoción a la corrupción de un menor, promoción a la prostitución de un menor de 18 años de edad reiterada”.
El expediente refleja el calvario de doce victimas denunciantes, pero en el inicio de las audiencias quedaron diez, a raíz de que el Tribunal hizo lugar al pedido de la defensa que solicitó la prescripción de dos hechos: uno ocurrido en 1975 y 1977.
El Tribunal está integrado por los Alicia Vivian, Arturo Dumón y Mauricio Derudi. El Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales Lisandro Béhéran y Martina Cedrés y la querella por los abogados Alfredo Vitale y Estela Esnaola. En tanto; la defensa de Rivas es ejercida por el abogado Raúl Eduardo Jurado.
En esta jornada, el Tribunal hizo lugar a la solicitud de la defensa del imputado, de prescripción de dos hechos ocurridos en 1975 y 1977, haciendo propio los fundamentos e interpretación del Superior Tribunal de Justicia en la causa “Ríos, Carlos Antonio- Abuso sexual gravemente ultrajante agravado en concurso real S/ impugnación extraordinaria”.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal hizo reserva para recurrir la medida ante una instancia superior.
Cuarto intermedio
Minutos antes de las 10 se resolvió un cuarto intermedio para analizar un planteo de la defensa de Rivas sobre la prescripción de dos de las 12 denuncias. Casi una hora más tarde, se reanudó la audiencia, donde el Tribunal anunció que haría lugar al planteo defensivo, dejando sin posibilidad a estas dos víctimas de brindar sus testimonios.
La prescripción es un dispositivo regulado por los Artículos 59° y 62° del Código Penal de la Nación, que permite la extinción de la acción penal (poder de investigar y juzgar que tiene el Estado), que establece un límite máximo de 12 años que comienzan a transcurrir desde que la conducta es realizada.
En este caso, se trata de dos víctimas que denunciaron hechos ocurridos en 1975 y 1977
Luego declaró Rivas, aunque no respondió preguntas. Lo hizo por un lapso aproximado de una hora, donde despotricó contra el periodismo, especialmente contra este columnista y así evitó referirse a su propia situación actual donde debe responder por la promoción de la corrupción y promoción de la prostitución contra menores de 18 años de edad, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 125° y 125° bis del Código Penal.
Por su parte, el primer testigo en declarar fue Daniel Enz -director de la Revista ANÁLISIS- y autor de la investigación periodística que terminó con cuarenta años de impunidad, a partir de la cual el Ministerio Público Fiscal inició de oficio esta causa el 27 de julio de 2017.
Enz respondió una batería de preguntas tanto de la defensa como de la fiscalía, y como era previsible, resguardó en todo momento sus fuentes periodísticas y enriqueció su colaboración en la búsqueda de Justicia.
Se trató de un aporte importante, dado que su investigación periodística denunció este perverso accionar contra menores y derribó cuatro décadas de impunidad.
En esta jornada también se le tomó testimonio a Lucas Pascual –hoy fiscal-, pero en su calidad de delegado judicial que tenía en 2017 y por intervenir en ese rol durante el proceso de la investigación penal.
Las audiencias continuarán el miércoles y jueves, y se programaron audiencias para el 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de este mes; aunque la dinámica del juicio irá planteando este cronograma, se indicó desde el área de Prensa y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Los hechos por los que se acusa a Rivas abarcan un espectro temporal hasta 2011, de acuerdo a la última denuncia registrada en sede del Ministerio Público Fiscal.
En esas denuncias se da cuenta que Rivas ha promovido la corrupción y prostitución de menores de edad, a través de encuentros íntimos que se realizaban en su vivienda particular de calle Mitre 7, pero también hay relatos que ubican otros domicilios pertenecientes al imputado como la casona de calle Urquiza 541, una finca en Pueblo General Belgrano y también el interior de una embarcación que Rivas tenía amarrada en la zona ribereña de Gualeguaychú.
Como todas las víctimas eran menores de edad –la gran mayoría entre 14 y 15 años, aunque también hubo otras de 17 años- y teniendo en cuenta que Rivas era adulto, ejercía la docencia y era de profesión abogado, está claro que el imputado se aprovechaba de la situación de asimetría o relación desigual de poder para someter a sus víctimas y así lograr satisfacer sus instintos con adolescentes que estaban en plena etapa de desarrollo y aprendizaje.
El Ministerio Público Fiscal ya adelantó que pedirá una pena de 25 años de cárcel, que esa es la cuantía de pena establecida en la Ley Penal al momento de que fueron realizados los hechos denunciados; la ley aplicable no es la del momento de la denuncia, sino la del momento de ocurrencia de los hechos.
Más de 100 testigos, aproximadamente 80 ofrecidos por la Fiscalía y poco más de 20 convocados por la defensa, desfilarán por Tribunales, muchos de ellos dirigentes de instituciones de Gualeguaychú, responsables de tutelares de menores, autoridades educativas, religiosas, y de distintos clubes deportivos y sociales.
En cuanto a pruebas materiales, se aportará una voluminosa carpeta conteniendo una gran cantidad de fotografías (más de 200) de menores de edad en situación acorde a lo que fuera denunciado por ellos mismos, además de videos en los que también se aprecian situaciones de clara índole sexual que comprueban los hechos denunciados.