Intervención del Gobierno provincial para esclarecer la muerte de un joven entrerriano

Un joven de 29 años oriundo de Islas del Ibicuy, identificado como Miguel Ángel Durrels, apareció muerto hace un mes en una celda de la Comisaría 1ra de Pilar, Buenos Aires, a la que había sido trasladado luego de su detención por fumar marihuana en la vía pública.
Según las versiones oficiales, el joven fue detenido por personal del Servicio de Apoyo Policial (SAP) y trasladado a la dependencia en un horario que no se ha podido determinar, y esa misma noche apareció ahorcado y con marcas en el rostro y el pecho. La autopsia, conocida horas atrás, arrojó que fue golpeado por un objeto duro, por lo que cobró fuerza la hipótesis de que el joven habría sido asesinado por efectivos policiales.
Luego de conocerse el informe forense, el secretario de Justicia de nuestra Provincia, Rubén Virué, se comunicó con autoridades del gobierno bonaerense con el fin de transmitir la preocupación institucional por el hecho e interiorizar a los funcionarios de esa jurisdicción para que actúen en consecuencia.
También se estableció comunicación con la familia del joven a través de su abogado, Eduardo Cantis, a quién se le manifestó la preocupación por el hecho sufrido por un ciudadano entrerriano y las autoridades provinciales se pusieron a entera disposición de los deudos.
En esta línea, el secretario de Justicia junto al subsecretario de Derechos Humanos, Julián Froidevaux, aseguraron que seguirán de cerca el desarrollo de las investigaciones para aportar desde la Provincia todos los mecanismos al alcance para esclarecer el hecho y juzgar a los responsables.
Cabe destacar que Entre Ríos viene trabajando sostenidamente en la lucha contra la violencia institucional, propiciando la cooperación entre los tres poderes del Estado para combatir este flagelo.
Este año la legislatura entrerriana adhirió a la declaración del 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, y desde el Ejecutivo se ha trabajado con organismos nacionales para la implementación efectiva del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
En este marco, cabe recordar que varios años atrás –a fines de noviembre de 1989- un joven oriundo de Gualeguaychú (Edgardo Noguera, de 23 años), apareció ahorcado en una celda de la Jefatura de Gualeguay, luego de su detención en esa ciudad.
Familiares y allegados afirmaron posteriormente que en su cuerpo había evidentes signos de torturas y denunciaron que los policías lo habían matado.
Sin embargo nada pudieron hacer para que se abriera una investigación y ese caso fue cerrado y olvidado.