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La censura insoportable
La Agencia Periodística Federal (APF) publicó una columna Editorial a raíz que el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú emitió una orden de censura que afecta el ejercicio del periodismo y también el derecho humano de la comunidad a estar informada.
El amordazamiento y la actitud paternalista sobre qué puede saber y que no una sociedad, conspiran contra la democracia. La reforma del sistema judicial que anunció el gobernador Gustavo Bordet es ahora no sólo necesaria, sino también urgente.
A continuación, los conceptos de dicha columna Editorial.
El caso del homicidio de Lucas Betancourt es llevado adelante por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú integrado por Alicia Vivian (presidenta), Mauricio Derudi y Arturo Exequiel Dumón. Al comienzo de las audiencias, Vivian planteó al periodismo presente en la sala: “Ustedes pueden presenciar todo el debate, no pueden publicar ninguna de las declaraciones ni ningún comentario sobre las declaraciones que van a escuchar, sean del imputado si es que declara o sean de los testigos”. “Si se hace algún tipo de publicación de esa naturaleza va a ser interpretado como una falta a una orden judicial con las consecuencias que desde el punto de vista penal puede acarrear”, añadió.
Es decir que los periodistas que seguían las audiencias, que tienen carácter público, podían comentar la vestimenta de los abogados y de quienes integran el Tribunal, si hacía o no calor dentro de la sala, pero no informar sobre las instancias del debate, lo cual transforma la cobertura del juicio en un sinsentido digno del mundo tras el espejo que Lewis Carrol creó para Alicia.
El cerrojo fue tan fuerte que, por haber publicado qué ocurrió en la primera audiencia, se le dio intervención a Fiscalía para que investigue la comisión del delito de desobediencia. Como en las épocas más oscuras de la Nación, informar y conocer es un riesgo que puede acarrear la cárcel.
La vulneración de derechos que ha generado el cuerpo que integra Vivian; Derudi y Dumón afecta el derecho humano a la comunicación en un doble aspecto: restringe sin más y con absoluta arbitrariedad la garantía de informar que tienen quienes ejercen el periodismo en forma profesional, pero, aún más grave, afecta el derecho que tiene la comunidad de Gualeguaychú y de toda la provincia a estar informada sobre un acontecimiento de interés público (como fue el terrible crimen del joven Betancourt) y también acerca de cómo está llevando adelante su tarea un órgano público.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones se ha arrogado potestades sobre la población propias de tiempos en que imperaban las monarquías y ha definido, en sentido contrario a los postulados democráticos y constitucionales, que sólo tres personas tienen la facultad de determinar o no qué puede saber y que no la comunidad sobre los asuntos públicos.
Felizmente, la Argentina dejó atrás el tiempo en que tres personas se arropaban con las galas de creerse con dotes especiales para conducir a un pueblo infantil que no podía pensar ni decidir por sí mismo.
Insólitamente, esta manifestación extemporánea y vulneratoria de derechos y garantías del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú se registra en momentos en que la Legislatura aprueba el juicio por jurados para darle participación activa a la ciudadanía en el proceso de justicia. Este crimen que Vivian; Derudi y Dumón juzgan, por sus características, habría sido pasible de ser juzgado por un jurado, lo que agrava más el sinsentido de la resolución dada a conocer en estos días.
La decisión de la jueza Vivian y de los jueces Derudi y Dumón puede generar cualquier reacción, menos indiferencia.
El Superior Tribunal de Justicia debe tomar cartas en el asunto de manera inmediata para evitar que este nuevo escándalo socave aún más la escasísima credibilidad que la sociedad tiene en el sistema de justicia, sacudido periódicamente por escandalosas declaraciones de sus integrantes donde se ventilan los trapos sucios de toda la estructura de tribunales.
En el mensaje con que inauguró un nuevo período de cuatro años al frente de la Administración Pública, el gobernador Gustavo Bordet planteó la necesidad de una reforma judicial para dar “mayores garantías a los ciudadanos” porque “todos somos iguales ante la ley”. Uno de los puntos, es terminar con la perpetuidad de los magistrados en sus cargos y ser evaluados periódicamente.
En esta evaluación es necesaria una presencia activa de la sociedad para evitar que la familia judicial (el entramado de relaciones conyugales y parentescos que ata todas las instancias judiciales de la provincia) transforme esta reválida en un acto formal.
Ante situaciones como las que se están viviendo en Gualeguaychú, esta reforma que plantea el gobernador Bordet no sólo es necesaria: es urgente.