La juez Vivian explicó los alcances de la Probation

La Iglesia enseña que para que el perdón prevalezca debe operar primero el arrepentimiento. Algo similar, salvando algunas distancias, se intenta aplicar en la Justicia con el instituto de la Probation. Ayer la jueza Alicia Vivian, ofreció una charla pedagógica a los medios de prensa y a los familiares de víctimas de delitos, en los que contextualizó los alcances de la Probation o la suspensión del juicio a prueba. La magistrada explicó que la Probation es un derecho que tienen aquellas personas que han cometido un delito y que así está establecido por la Ley. La suspensión del trámite de su juicio se materializa a cambio de una compensación del daño generado por la conducta delictuosa por la cual se lo imputa, sometiéndose a determinadas reglas de conducta y eventuales deberes comunitarios. Vivian aclaró que este instituto tiene como objetivo conceder al imputado la oportunidad de resarcir el daño causado, apelando al concepto de “paz social”, liberándolo así del estigma de la sanción penal, suspendiendo el ejercicio de la potestad punitiva estatal. En efecto, el Código Penal en su artículo 76 bis expresa que “el imputado de un delito de acción pública reprimido con la pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba”. “Y en caso que exceda los tres años, se puede otorgar o no con acuerdo del Ministerio Público Fiscal”. En la audiencia abierta que concedió ayer en la Caja Forense, Vivian lamentó justamente la ausencia de los fiscales, que así perdieron una valiosa oportunidad de construir ciudadanía. En igual sintonía, explicó que fueron invitados los dos legisladores nacionales que viven en Gualeguaychú, el diputado Emilio Martínez Garbino (quien se excusó porque estaba en Buenos Aires), y el senador nacional Guillermo Guastavino, que faltó sin aviso. Quien sí estuvo en la audiencia fue el diputado nacional electo, Atilio Benedetti. Vivian explicó que el juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada y aclaró que siempre la parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente; “que es lo que ocurre en la mayoría de los casos”. De todos modos, la jurisprudencia y la doctrina ha oscilado entre dos teorías en materia de interpretación del artículo 76 bis del Código Penal, prevaleciendo la teoría amplia que considera que es aplicable a los delitos que tengan prevista una pena mayor a los tres años en los que proceda una condena en suspenso, “siempre con acuerdo del fiscal”. Vivian insistió que así está la ley y que en todo caso hay que pedirles a los legisladores que la mejoren, pero mientras tanto es obligación de los magistrados aplicarla. Lo interesante es que se está construyendo en Gualeguaychú, un nucleamiento de familiares de víctimas que intentan colaboran con un mejor servicio de Justicia (no es en contra de los jueces) y que la sociedad ejerza todos sus derechos, especialmente aquellos que han padecido un delito. Se trata de la Asociación Civil por Verdad y Justicia (ACIVERJUS), en la que ayer manifestaron su oposición en la aplicación de este instituto en el caso específico del complejo tratamiento de los accidentes de tránsito cuando hay condiciones agravantes como conducir antirreglamentariamente, provocar la muerte y lesiones graves y el abandono de persona. Por último, la doctora Amelia Angerosa –junto con los familiares de las víctimas- insistió en que la Justicia tome este reclamo como un espejo y así lo refleje en sus sentencias. Los magistrados deberían ser más rígidos, deberían agotar todas las instancias y la reparación no debe perder de vista el contexto integral al daño infringido, fueron algunos de los sólidos argumentos que expresaron los familiares de víctimas de delitos. Como un espejo, ahora les quedarán a los legisladores devolver una mejor imagen de este instituto llamado Probation, dado que toda ley es perfectible.