Qué dice la Ley: ¿Se podría pedir la extradición del uruguayo prófugo?

Luciano José Pérez Pilón ha sido el gran protagonista de las noticias en Gualeguaychú en los últimos días, e incluso el caso llegó a tener repercusión en los medios nacionales. En las últimas horas trascendió que habría logrado volver a su ciudad de origen, pero sin pasar por los controles oficiales en el paso fronterizo del puente San Martín. No se ha encontrado evidencia hasta el momento que certifique ello, y las hipótesis de los investigadores apuntan a que si ello ocurrió podría haber ocurrido a través de un paso no habilitado.

Pero, en el caso de que esto sea así y Pérez Pilón se las haya ingeniado para burlar los controles, qué herramientas tiene el fiscal Lucas Pascual para lograr traerlo de regreso a Gualeguaychú para que comparezca por los delitos cometidos el domingo contra el agente de tránsito municipal, Matías Pallarini. En principio son muy pocas, casi nulas.

El 6 de octubre del año 2000 fue promulgada la Ley 25304, que aprueba el Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, que fue sancionada el 7 de septiembre de ese mismo año. Esta Ley, en su artículo 2 del Capítulo 1, establece los delitos que dan lugar a la extradición, los cuales “son hechos tipificados como delito por las leyes de ambas partes, cualquiera sea la denominación de dicho delito, que sean punibles con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años”.

Es decir, para requerir la extradición, la calificación jurídica del delito que se le acusa a la persona tiene que tener una pena máxima que supere los dos años, y si eso no ocurre, si la calificación jurídica no es semejante, podría haber un impedimento para solicitar una extradición.

Si bien el hecho que cometió Pérez Pilón es de una gravedad muy importante, que puso en riesgo la vida de Pallarini y de terceros, los delitos que cometió y se le imputan son menores: resistencia a la autoridad y lesiones leves. Estos dos delitos por sí solos no llegan a los dos años, lo cual plantea un primer problema para el fiscal Pascual, que debería modificar la imputación jurídica para alcanzar a cumplir con ese primer obstáculo.

El segundo obstáculo es la burocracia judicial y política. Un pedido de extradición empieza por un pedido de un Fiscal a un Juez de Garantías (en este caso) que debe enviar un exhorto a Cancillería vía diplomática con pedido de detención y traslado de extradición. Esto lo debe gestionar Cancillería argentina con la Cancillería uruguaya, pero debe cumplir con ciertos requisitos formales, y de sortear esos pasos, la Cancillería uruguaya le remite al Juez de turno de Fray Bentos o del departamento de Río Negro, el pedido que debe ser analizado y tratados por los juristas orientales.

Así de engorroso y burocrático es el pedido, y de igual forma son los tiempos que se deben cumplimentar y aguardar. Hay casos en Gualeguaychú que han requerido de un pedido de extradición del gobierno argentino. Uno de los más resonantes fue el de Leandro “Coño” Martínez, que escapó a Brasil días antes del juicio que se le iba a hacer por el crimen de Estela Alberto. Desde que fue detenido en la Triple Frontera, permaneció en una comisaría de Foz do Iguazú casi dos años hasta que se lo pudo traer ante la Justicia de Gualeguaychú y condenarlo en 2018 a 27 años de prisión.

Actualmente también hay otros casos. Uno de los más recientes es el de Ricardo Manuel Videla, de quien hay serias sospechas de que se encuentra en Brasil. Está imputado de protagonizar un asalto a mano armada a una estación de servicio en Urdinarrain, pero además tiene condena por narcomenudeo. Aún se lo busca, y en caso de que Interpol lo detenga, se debe iniciar con este proceso para regresarlo a Argentina. Hay una orden de captura internacional sobre este hombre.

Por último, en otro caso, hace más de un año se espera por la extradición de un colombiano que se encuentra detenido por Interpol en su país, vinculado al robo de 70 mil dólares y casi un millón de pesos a un empresario en Gualeguaychú en 2020. En enero de ese año, el empresario salió de un banco en el centro de la ciudad con un maletín con el dinero, y luego de recorrer dos domicilios se percató que tenía una rueda pinchada. Bajó, la arregló y cuando volvió a subir confirmó que le habían robado el maletín que tenía sobre el asiento de acompañante, en pleno centro.

Otro de los puntos a tener en cuenta es la coordinación del traslado, porque ello requiere de un costo que corre por vía del solicitante, y en un supuesto caso de que se requiera la detención primero y extradición después del joven conductor uruguayo, el traslado a Gualeguaychú corre por costas de la provincia de Entre Ríos. En definitiva, poner a un sujeto a derecho tiene sus complicaciones.