Vecinos de Urquiza al Oeste no tienen respuestas por la inseguridad
Un grupo de vecinos del barrio Florida, de la calle Río Uruguay y de Urquiza al Oeste (entre parada 5 y 7), dialogaron con EL ARGENTINO sobre su preocupación por la inseguridad creciente, que afecta no sólo a las propiedades y pertenencias, sino a la propia vida.
Por razones obvias que reflejan que estos vecinos viven con miedo, esta nota se pautó sin fotografías y sin nombres; porque temen represalias. Así está la situación en estos barrios, donde la delincuencia y la comercialización de drogas domina el territorio ante la vista casi impasible de las autoridades en todos sus niveles.
“Nuestros barrios son vecinos de una zona que se ha transformado con el correr del tiempo en un corredor delictivo que abarca desde el Barrio Zuppichini hasta el asentamiento en el loteo Florida”, describieron para aclarar que no se trata de una estigmatización social, porque en esos barrios viven gente honestas y trabajadoras. “Pero unos pocos delincuentes están dominando al vecindario y nadie hace nada”, se quejaron.
El reclamo no es nuevo. Prácticamente todo comenzó cuando se usurparon unos lotes a particulares, hace aproximadamente ocho años. “Desde entonces venimos gestionando ante las autoridades policiales, de la Justicia, ante Gendarmería Nacional, ante la Municipalidad e incluso ante el propietario del lote, pero nadie hace nada”, fue otra crítica que se expresó con indignación.
Los vecinos también señalaron que desde hace cuatro años fue notable como se ha incrementado la venta de drogas. “Los vecinos sabemos dónde se comercializa, los hemos denunciado a las autoridades pero nadie actúa. Ya no sabemos qué hacer ni qué pensar”, advirtieron.
También señalaron que esta pasividad ante la venta de drogas los lleva a sospechar que las autoridades políticas locales deben tener sus intereses, porque de otro modo no se entiende por qué tienen tanta cobertura e impunidad.
“Ya no se trata de apretar los dientes y tolerar que nos roben nuestras pertenencias, sino que tenemos miedo por nuestra seguridad física. Sabemos que ni siquiera los inspectores de la Municipalidad pueden entrar por temor a las amenazas que reciben. No tenemos a nadie que nos defienda o proteja”, fue otra de las quejas más escuchadas.
“La gestión del ex intendente Juan José Bahillo fue un fracaso total para abordar este tema. Fue una gran decepción. Ahora que hay intendente nuevo, observamos con preocupación que comete los mismos errores: no atendernos, ni siquiera nos recibe”, apuntó otra vecina que dio cuenta que desde enero (para citar una fecha última) iniciaron un expediente para solicitar una audiencia con el intendente Esteban Martín Piaggio pero todavía no han tenido ninguna respuesta.
“Eso sí, los malandras tienen acceso directo a los funcionarios municipales; pero los vecinos que nos quejamos por la seguridad ni siquiera somos escuchados”, apuntó otra señora indignada.
Quejas contra la Policía
En cuanto a la Policía, los vecinos observan que la garita que se colocó en Gervasio Méndez es insuficiente en materia de prevención. “La Policía debería admitir que no puede controlar a estos delincuentes y dar paso a la Gendarmería Nacional. Lo decimos porque estamos desesperados y tememos por nuestras vidas”, sugirió un vecino.
El rol del Estado
Lo otro que señalaron es que el asentamiento tiene energía eléctrica. “La Cooperativa Eléctrica también es responsable. No entendemos cómo se da un medidor a viviendas irregulares. Es decir, el Estado y las empresas de servicios colaboran para la existencia de estos asentamientos; en vez de esforzarse por erradicarlos”, reflexionó un vecino; quien también se quejó que los propietarios de esas tierras no han hecho la denuncia por usurpación en la Justicia y de manera indirecta son responsables de este cuadro de inseguridad.
“Estamos llegando a este punto por la desidia de muchos. Del propietario del lote que ni siquiera radicó denuncia de usurpación en la Justicia, pero fundamentalmente de las autoridades municipales y de la policía que desde hace ocho años no aciertan con una tarea que permita que el barrio tenga un poco de paz social”, recalcaron.
Otro aspecto que también refleja la impotencia del vecindario es la impunidad y la protección que tiene la delincuencia. “Impunidad porque la Justicia no actúa y protección porque es evidente que el sector político partidario les da cobertura. De otra forma no entendemos por qué desde hace ocho años este problema viene creciendo mes a mes sin que nadie atine a resguardar la seguridad de los vecinos”.
El dato temporal, hace ocho años que viven todos los días con esta problemática, no debe pasar desapercibido. “Hace ocho años venimos advirtiendo que el Estado llega tarde a las soluciones. No sabemos qué están esperando para actuar. Tal vez estén esperando que alguien pierda la vida para hacer algo”.
Los vecinos insisten en el concepto de que no todos los que están en el asentamiento viven de la delincuencia. “Conocemos a muchas familias y son gente de trabajo y honestas. Por eso nuestra indignación, porque hay un grupo de delincuentes perfectamente individualizados y nadie hace nada. Entonces, ellos creen que tienen luz verde para hacer lo que les viene en ganas”, expresó una vecina.
“A la Gendarmería le hemos marcado en dónde se vende la droga; pero tampoco han hecho nada. Ya no sabemos a quién recurrir, a quién pedirle ayuda. No nos alcanzan las reuniones donde los políticos prometen acciones que luego vemos que no se cumplen. La situación no da para más. Estamos desesperados. Queremos que nos escuchen y que comprendan que no podemos seguir viviendo con miedo”, recalcaron en diálogo con EL ARGENTINO.
“Y a los dirigentes políticos les queremos decir que no les den protección a estos delincuentes, porque sabemos muy bien que tienen una red de cobertura. Pareciera que son intocables. El vandalismo en todas sus formas nos acecha las 24 horas. Ya no somos dueños ni siquiera de estar en nuestros patios”, fue otra de las quejas más recurrente que formularon.
Rehenes de la delincuencia
“Somos rehenes de la delincuencia. Pero también somos rehenes de la inacción del Estado en todos sus niveles. Esto no da para más. Las autoridades deben entender que cuando hablamos de inseguridad nuestras vidas corren peligro, sin exageraciones. No puede ser que la alternativa que nos dejen sea el todos contra todos. No es así cómo se forma una comunidad. Por eso las autoridades deben actuar, porque esto va creciendo a niveles insoportables para la vida en sociedad”, concluyeron en un pedido tan desesperado como impotente.
“Hace ocho años que venimos reclamando por esta problemática. Lejos de disminuir, se ha acrecentado. Hace cuatro años se instaló la comercialización de drogas, con todas las consecuencias que ello implica. Nadie hace nada y eso también nos da mucho temor, porque las autoridades no actúan, los funcionarios no funcionan y lo único que prevalece es que los vecinos debemos quedar a merced de la delincuencia. ¿Quién puede vivir así?”, señalaron para dar cuenta que se está en una situación límite en términos de la paz social.
“Nuestros barrios son vecinos de una zona que se ha transformado con el correr del tiempo en un corredor delictivo que abarca desde el Barrio Zuppichini hasta el asentamiento en el loteo Florida”, describieron para aclarar que no se trata de una estigmatización social, porque en esos barrios viven gente honestas y trabajadoras. “Pero unos pocos delincuentes están dominando al vecindario y nadie hace nada”, se quejaron.
El reclamo no es nuevo. Prácticamente todo comenzó cuando se usurparon unos lotes a particulares, hace aproximadamente ocho años. “Desde entonces venimos gestionando ante las autoridades policiales, de la Justicia, ante Gendarmería Nacional, ante la Municipalidad e incluso ante el propietario del lote, pero nadie hace nada”, fue otra crítica que se expresó con indignación.
Los vecinos también señalaron que desde hace cuatro años fue notable como se ha incrementado la venta de drogas. “Los vecinos sabemos dónde se comercializa, los hemos denunciado a las autoridades pero nadie actúa. Ya no sabemos qué hacer ni qué pensar”, advirtieron.
También señalaron que esta pasividad ante la venta de drogas los lleva a sospechar que las autoridades políticas locales deben tener sus intereses, porque de otro modo no se entiende por qué tienen tanta cobertura e impunidad.
“Ya no se trata de apretar los dientes y tolerar que nos roben nuestras pertenencias, sino que tenemos miedo por nuestra seguridad física. Sabemos que ni siquiera los inspectores de la Municipalidad pueden entrar por temor a las amenazas que reciben. No tenemos a nadie que nos defienda o proteja”, fue otra de las quejas más escuchadas.
“La gestión del ex intendente Juan José Bahillo fue un fracaso total para abordar este tema. Fue una gran decepción. Ahora que hay intendente nuevo, observamos con preocupación que comete los mismos errores: no atendernos, ni siquiera nos recibe”, apuntó otra vecina que dio cuenta que desde enero (para citar una fecha última) iniciaron un expediente para solicitar una audiencia con el intendente Esteban Martín Piaggio pero todavía no han tenido ninguna respuesta.
“Eso sí, los malandras tienen acceso directo a los funcionarios municipales; pero los vecinos que nos quejamos por la seguridad ni siquiera somos escuchados”, apuntó otra señora indignada.
Quejas contra la Policía
En cuanto a la Policía, los vecinos observan que la garita que se colocó en Gervasio Méndez es insuficiente en materia de prevención. “La Policía debería admitir que no puede controlar a estos delincuentes y dar paso a la Gendarmería Nacional. Lo decimos porque estamos desesperados y tememos por nuestras vidas”, sugirió un vecino.
El rol del Estado
Lo otro que señalaron es que el asentamiento tiene energía eléctrica. “La Cooperativa Eléctrica también es responsable. No entendemos cómo se da un medidor a viviendas irregulares. Es decir, el Estado y las empresas de servicios colaboran para la existencia de estos asentamientos; en vez de esforzarse por erradicarlos”, reflexionó un vecino; quien también se quejó que los propietarios de esas tierras no han hecho la denuncia por usurpación en la Justicia y de manera indirecta son responsables de este cuadro de inseguridad.
“Estamos llegando a este punto por la desidia de muchos. Del propietario del lote que ni siquiera radicó denuncia de usurpación en la Justicia, pero fundamentalmente de las autoridades municipales y de la policía que desde hace ocho años no aciertan con una tarea que permita que el barrio tenga un poco de paz social”, recalcaron.
Otro aspecto que también refleja la impotencia del vecindario es la impunidad y la protección que tiene la delincuencia. “Impunidad porque la Justicia no actúa y protección porque es evidente que el sector político partidario les da cobertura. De otra forma no entendemos por qué desde hace ocho años este problema viene creciendo mes a mes sin que nadie atine a resguardar la seguridad de los vecinos”.
El dato temporal, hace ocho años que viven todos los días con esta problemática, no debe pasar desapercibido. “Hace ocho años venimos advirtiendo que el Estado llega tarde a las soluciones. No sabemos qué están esperando para actuar. Tal vez estén esperando que alguien pierda la vida para hacer algo”.
Los vecinos insisten en el concepto de que no todos los que están en el asentamiento viven de la delincuencia. “Conocemos a muchas familias y son gente de trabajo y honestas. Por eso nuestra indignación, porque hay un grupo de delincuentes perfectamente individualizados y nadie hace nada. Entonces, ellos creen que tienen luz verde para hacer lo que les viene en ganas”, expresó una vecina.
“A la Gendarmería le hemos marcado en dónde se vende la droga; pero tampoco han hecho nada. Ya no sabemos a quién recurrir, a quién pedirle ayuda. No nos alcanzan las reuniones donde los políticos prometen acciones que luego vemos que no se cumplen. La situación no da para más. Estamos desesperados. Queremos que nos escuchen y que comprendan que no podemos seguir viviendo con miedo”, recalcaron en diálogo con EL ARGENTINO.
“Y a los dirigentes políticos les queremos decir que no les den protección a estos delincuentes, porque sabemos muy bien que tienen una red de cobertura. Pareciera que son intocables. El vandalismo en todas sus formas nos acecha las 24 horas. Ya no somos dueños ni siquiera de estar en nuestros patios”, fue otra de las quejas más recurrente que formularon.
Rehenes de la delincuencia
“Somos rehenes de la delincuencia. Pero también somos rehenes de la inacción del Estado en todos sus niveles. Esto no da para más. Las autoridades deben entender que cuando hablamos de inseguridad nuestras vidas corren peligro, sin exageraciones. No puede ser que la alternativa que nos dejen sea el todos contra todos. No es así cómo se forma una comunidad. Por eso las autoridades deben actuar, porque esto va creciendo a niveles insoportables para la vida en sociedad”, concluyeron en un pedido tan desesperado como impotente.
“Hace ocho años que venimos reclamando por esta problemática. Lejos de disminuir, se ha acrecentado. Hace cuatro años se instaló la comercialización de drogas, con todas las consecuencias que ello implica. Nadie hace nada y eso también nos da mucho temor, porque las autoridades no actúan, los funcionarios no funcionan y lo único que prevalece es que los vecinos debemos quedar a merced de la delincuencia. ¿Quién puede vivir así?”, señalaron para dar cuenta que se está en una situación límite en términos de la paz social.
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