La provincia ante varios conflictos gremiales

La agenda sindical vinculada a la realidad laboral de los empleados públicos tuvo ayer un día clave con las elecciones de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Pero, el panorama del sector no se agota con el proceso de renovación de autoridades. Es que junto a esa disputa de poder en uno de los gremios más activos de la vida social entrerriana, se ubican varias clases de conflictos y reclamos en diversas reparticiones provinciales. Con distintos actores y en instancias diferentes, las pujas vienen a dar cuenta de cierto malestar, al que incluso se podrían agregar las expectativas del numeroso sector docente que cuenta los días para empezar a reclamar una recomposición salarial, mientras demanda que se ejecute el arreglo de las escuelas comprometido desde el primer día de la actual gestión. # Conflicto en Salud En el área de Salud ?que ha tenido tres ministros y cuatro Secretarios de Estado en tres años- la Dirección Provincial del Trabajo dictó una conciliación obligatoria entre las autoridades del área y representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). En ese marco, se acordó retomar el diálogo el miércoles 6 de junio, luego de que los trabajadores expusieran sus demandas. Empleados de los hospitales San Martín y Roballos de Paraná hegemonizan la discusión. El pedido de mejores haberes se entrelaza con reivindicaciones propias de cada establecimiento. # Conflicto en Vialidad Ayer se realizó la segunda jornada de paro que dispusiera la Federación Argentina de Trabajadores Viales en reclamo de un aumento en el salario mínimo y el cumplimiento del convenio colectivo a nivel nacional. El acatamiento fue total, según el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos, Juan Carlos Lallana. En esta ocasión, el sindicato resolvió no realizar movilizaciones ni cortes de ruta sino implementar la medida de fuerza en los lugares de trabajo. Más adelante, se verá qué dinámica adoptará la protesta si el reclamo no tiene respuesta por parte del gobierno. # Conflicto en el Registro Civil En el Registro Civil, continuará la retención de servicios entre las 9 y las 13, con atención sólo de urgencias. Los trabajadores, que no han recibido noticias del gobierno sobre sus reclamos, esperan que de un momento a otro se dicte la conciliación obligatoria por parte de la Dirección Provincial del Trabajo. Por las dudas, han previsto un endurecimiento del cronograma de lucha para la semana que viene. El reclamo de los trabajadores es conseguir un adicional de 700 pesos sobre el sueldo, que en promedio representa una mejora del orden de los 850 pesos. # Conflicto en el IAPV En el IAPV los trabajadores también están expectantes sobre la inminente conciliación obligatoria que debería dictar la Dirección de Trabajo, que aún no tomó intervención directa en el conflicto. Los trabajadores del IAPV siguen de asamblea en asamblea, con retención de servicios. Esto se traduce en que concurren a los lugares de trabajo pero no desarrollan tareas específicas. El paquete de medidas que están exigiendo abarca desde la incorporación al básico de un adicional que se cobra actualmente en negro, hasta que se mejore un plus nacional, pasando por la provisión de vestimenta y la restitución de los créditos blandos para empleados, que eran devueltos a través del recibo de sueldo. La descripción de estos reclamos, explica mejor por qué el malestar de los trabajadores del IAPV trasciende la mera exigencia de mejoras puntuales y se internan en el diseño y la ejecución de políticas de gestión de gobierno en esa área. En ese marco, se señala como negativa la actitud del presidente del Instituto, José Orlando Cáceres, quien se mantiene en la negativa de no escuchar y de no recibir a los trabajadores. La crítica más dura que realizan los empleados del IAPV van desde el ?manejo discrecional? del propio Cáceres hasta otras vinculadas a la baja performance de un organismo dedicado exclusivamente a proyectar y verificar la ejecución de planes de vivienda como así también la relación ?poco clara? con contratistas, cuando no a la depreciada calidad constructiva de las unidades habitacionales inauguradas.