Otro duro cuestionamiento al gobierno y a la CARU

El mismo fue construido por la empresa de capitales españoles Iberpapel Argentina S.A. y afecta al humedal “2 de agosto” de más de 1.000 hectáreas, el cual “funcionaba como valle de inundación y reservorio de biodiversidad –montes nativos, selvas ribereñas y especies autóctonas-, impactando negativamente en la dinámica del río y alterando la calidad de sus aguas”. “Pareciera que también se ha incurrido en la violación al Tratado del Río Uruguay”, dicen los pobladores en el escrito, “demostrando nuevamente la inactividad o inoperancia del Estado cuando se trata de preservar los recursos naturales y el ambiente, y contraviniendo la Constitución Provincial, reformada en el año 2008, que dispone que la provincia tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados’, el área de recursos naturales, la Corufa, la Secretaria de Ambiente y demás estamentos provinciales, han convalidado el hecho consumado, permitiendo la construcción del terraplén”. A continuación en el texto se afirma que como en Gualeguaychú, fue la sociedad civil la que denunció “el desastre que se avecinaba, informó al Estado y convocó a los responsables”, entre los que cita al secretario de Ambiente de la Provincia, Fernando Raffo; el senador y titular de la Comisión de Producción del Senado, Oscar Arletaz; el director General de Recursos Naturales, Conrado González; y al gerente de Iberpapel, Jorge Campos Gil, a una reunión pública que tendrá lugar el viernes 14 de mayo a las 20 en una escuela de Liebig, “para que den explicaciones”. “Fue también la ciudadanía la que en varias oportunidades instó a la empresa de que desista de la construcción del terraplén mediante una carta a Iberpapel, rubricada por 50 instituciones de Colón, San José y Liebig, acompañada además por más de 2500 firmas, que la empresa se negó a recibir, por lo que la tuvieron que hacerla pública mediante solicitada en medios locales y provinciales y enviarla por fax a su casa matriz en España”, añade. En lo que respecta a la CARU, los vecinos se preguntan si el organismo “ha tenido intervención, conforme lo dispone el Decreto Provincial Nº 4935/07, que establece en forma similar al artículo 7 del Tratado del Río Uruguay, “que todo proyecto, tanto públicos como privados, de … realización de cualesquiera de otras obras de entidad suficiente para afectar … el régimen o la calidad de las aguas del Río Uruguay y su cuenca, luego de ser aprobado por los Organismos intervinientes de la Provincia de Entre Ríos en lo que es de su competencia y previo a su elevación para el dictado del instrumento legal que apruebe el mismo, deberá ser enviado a la Consulta Previa a la CARU, de acuerdo a lo prescripto por los artículos 7° a 12° del Estatuto del Río Uruguay de 1975, quedando supeditada su ejecución al resultado de la Consulta Previa." “Más allá de los artilugios y estratagemas que planteen la empresa y el Estado, ha quedado claro que los vecinos no van a permitir que nuestro país nos “viole” cómo lo hizo Botnia-UPM y la República Oriental del Uruguay, y confían que sea la justicia provincial, o en su caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien ha demostrado lucidez a la hora de fallar sobre contaminación y protección de recursos naturales, la que mande a desmantelar el terraplén, cómo lo ordenó respeto de los construidos en la provincia de Corrientes”, según difundió APF.