Ley de Adopción
Se sumarán opiniones para avanzar en modificaciones
Diputados busca un texto conciliador antes de cerrar el año.Uno de los criterios apunta a lograr una “adopción de calidad” que beneficie a los niños y depure un sistema complicado que alimenta la ilegalidad.
La comisión de Legislación General de Diputados sumará opiniones de profesionales y sectores vinculados a la niñez para avanzar en las modificaciones a la ley de adopción pero desde una perspectiva que beneficie la “calidad” de la adopción y no sólo la ansiedad de los padres. Las dificultades que presenta hoy el sistema alimentan la ilegalidad. En el Congreso también proponen cambios y hace foco en acortar los tiempos de institucionalización: La espera de un hijo adoptivo, en la Argentina, en la mayoría de los casos, casi nunca es inferior a los 5 años. Según el registro Nacional, hay casi dos mil familias en espera y, de acuerdo a datos de Unicef, son 16 mil los niños institucionalizados.
La diputada Ana D’Angelo explicó que el tema de la adopción, el que trabaja como integrante de la comisión, “tiene muchas aristas” y lamenta la falta de “avances” en el sistema en el que existe “una lista interminable de gente esperando para adoptar pero – propone - es necesario tratar de responder a los derechos del niño y no a los de los mayores para pensar en una adopción de calidad”.
Para D’Angelo, “existe un falso concepto que empuja a sacar el niño del hospital o la maternidad porque se piensa que lo más buscado es un recién nacido pero muchas veces los mejores resultados se encuentran entre niños más grandes” comenta.
“Hay una fuerte búsqueda para lograr que evolucione este sistema pero no se logra trasladar al terreno institucional y frente a la demora de la vía legal, cae la posibilidad de lograr adopciones de calidad” a lo que se suma en Entre Ríos la incertidumbre de una ley que está vetada pero que sigue sin reglamentarse abonada por la diferencia de criterios entre la Justicia y el Consejo del Menor.
# La ley provincial
La Ley 9752, promulgada en enero del 2007, crea en Entre Ríos el Registro Único de Aspirantes a Guardadores con fines de Adopción que deberá coordinar, recopilar, procesar y archivar los datos de este registro, pero parte de su articulado fue vetado a través del decreto 8442/06 “por incompatibilidades” con el Registro nacional. En estos días, el uso de la ley es complejo porque aún vetada, nunca fue reglamentada.
D’Angelo propuso entonces, a través de un proyecto de ley, derogar la Ley N° 9752 y que la provincia adhiera “en todos sus términos” a la ley 25.854 y fija como autoridad de aplicación al STJ.
Entre los fundamentos objeta que con esa ley se mantienen disposiciones sobre la “nómina de niños en condiciones de adoptabilidad” que palmariamente se aparta del sistema nacional, ya que el decreto reglamentario PEN Nº 1022/05 expresamente dejó sin efecto la nómina de niños dados en guarda con fines de adopción y adoptados, reconociendo los serios cuestionamientos que se han formulado a la validez de tales nóminas que “constituyen una violación a la intimidad de los niños, evidenciando un marcado sentido discriminatorio y estigmatizante, aún cuando pueda garantizarse la confidencialidad del listado, con lo cual se terminan vulnerando los derechos de los niños que se quieren proteger” advierte D’Angelo entre otros puntos.
Un informe realizado en 2005 por la oficina argentina de Unicef y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hablaba de 16.600 chicos institucionalizados, pero no discriminaba entre los que estaban allí por cuestiones vinculadas con hechos delictivos de los que permanecían institucionalizados por causas asistenciales.(Fuente: RN)
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