UPM II derramó contaminantes en un arroyo y lo ocultó

Sin embargo, según alerta el Ministerio de Ambiente (MA) de Uruguay, la compañía les comunicó la nueva “contingencia” ocho días después de haberla descubierto. Al tomar conocimiento de la situación, técnicos de la cartera se presentaron en el lugar para tomar muestras y recoger información complementaria.

El vertido era “lixiviado de la celda de disposición final de residuos sólidos industriales”; su caracterización incluye contenidos como DQO, fenoles, cloruros y sulfatos. El informe del ministerio indica que “la empresa habría incumplido con la pauta de operación oportunamente prevista para esta instalación, habiéndose acumulado lixiviado dentro del pozo de bombeo, pero también de forma incontrolada en las conducciones que hasta ese pozo acceden, en una operación que no se ajusta a lo previsto en el Plan de Gestión Ambiental de Operación vigente”.

Por esta razón, el lixiviado “habría llegado rápidamente hasta el curso del arroyo Sauce”. A su vez, el documento detalla que “las acciones tomadas por la empresa inmediatas a la detección” habrían “detenido la pérdida de lixiviado desde las instalaciones del sistema de drenaje”.

Un análisis primario, realizado el 28 de junio, concluyó que es “limitado por el hecho de que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental no alcanzó a realizar un relevamiento propio en campo cuando se detectó el vertido, en tanto no fue notificada la contingencia ambiental en forma inmediata como correspondía en este caso”.

Al mismo tiempo, subrayó que en “el informe preliminar presentado por la empresa varios días después de constatado el hecho se encuentran indefiniciones y faltantes de información de particular relevancia para una evaluación precisa de las causas de la contingencia, del alcance concreto de las áreas y las instalaciones afectadas y también de la pertinencia de las acciones que la empresa ha adoptado y fundamentalmente de las que corresponde a futuro ejecutar”.

Acumulación de impactos en el arroyo Sauce

Otro informe elaborado por la División de Emprendimientos de Alta Complejidad del Ministerio de Ambiente, fechado el 19 de julio, buscó analizar la situación con mayor profundidad. Propone tener en cuenta “las causas que han derivado en la ocurrencia del derrame y las acciones de respuesta adoptadas por UPM II, incluidos los procedimientos de comunicación aplicados”, y “evaluar los efectos ambientales que ese evento ha generado sobre el medio receptor”. En el mismo documento también se busca “definir las acciones punitivas que corresponde aplicar por parte de la Administración”.

“Los resultados que arrojan los monitoreos realizados el propio día en que fue detectado el derrame evidencian que los niveles de pH en el arroyo Sauce excedieron los estándares de calidad de agua que establece la normativa vigente, configurando así la ocurrencia de impacto ambiental y que los niveles de conductividad en el arroyo también muestran la existencia de una nueva afectación de la calidad de agua de dicho arroyo”, afirmaron los técnicos del MA.

En el reporte se manifestó que “la extensión del impacto alcanzó a todo el arroyo Sauce aguas abajo del sitio donde se produjo el derrame, y el efecto sobre la conductividad fue incluso detectable en la laguna en la que desemboca el arroyo previo al río Negro”. Dice a su vez que el 20 de junio, dos días después del hecho, las condiciones de calidad de agua “volvieron a encontrarse dentro del rango esperable según las observaciones previas”. Cabe resaltar que estos datos fueron obtenidos a partir del monitoreo periódico de calidad del agua del arroyo que realiza UPM “sistemáticamente” por requerimiento del MA luego del derrame de 2023.

En el informe establecen que el lixiviado tiene “potencial contaminante”, pero que “en función de lo que ha sido la relativamente baja intensidad, la acotada duración y la rápida reversibilidad del impacto generado en términos de modificación de pH del curso, se considera que no corresponde calificar la contingencia ocurrida como una afectación grave sobre el ambiente, lo cual no obsta a seguir atendiendo los eventuales efectos adiciones que esta situación pudiere generar sobre las comunidades que ya están siendo objeto de monitoreo en el arroyo Sauce como corolario de una contingencia anterior”.

Dos dimensiones de los incumplimientos

El Ministerio de Ambiente señala en el informe de julio que han existido “incumplimientos a lo previsto” en el Plan de Gestión Ambiental de Operación (PGA-O) de la planta en “dos dimensiones diferentes”. Por un lado, UPM “debe informar a esta administración acerca de las contingencias ambientales con potenciales efectos significativos sobre el medio receptor de manera inmediata al suceso, pero en la ocasión del 18 de junio, UPM II optó por no comunicar inmediatamente lo ocurrido, afirmando –según expresa– que no hubo tales efectos negativos sobre el ambiente”. Los técnicos expresan que esta conducta no “resulta ajustada a lo establecido en el PGA-O, dado que habían sido detectados aportes a curso de agua provenientes de infiltración de terreno con valores de pH 11,5 y que habían sido medidos valores de pH en varios sectores del curso de agua superiores a 8,5, así como valores de conductividad anormalmente elevados en todas las estaciones monitoreadas el día de detección del derrame, incluso en la laguna en la que desemboca la cañada”.

En este contexto, los técnicos subrayan que “no es admisible aducir que no existían potenciales efectos negativos sobre el medio receptor como para justificar la no comunicación en forma inmediata de la contingencia detectada”.

Por otro lado, en el informe se indica que “el origen de la contingencia radica en que se produjo un apartamiento de la operación normal del pozo de bombeo a partir del 15 de junio”. A partir de esta fecha, argumentan, se “interrumpió la normal operación del pozo procediendo a almacenar lixiviado dentro del mismo –hasta muy elevados niveles que incluso provocaron la falla en el sistema de conducción aguas arriba del mismo–”.

En este sentido, la cartera determina que “la actividad de monitoreo para evaluar el seguimiento de la recuperación del arroyo Sauce como consecuencia del anterior derrame, ocurrido en agosto de 2023, deberá continuarse –or el momento– sin modificaciones y deberá esperarse a los resultados que de la misma surjan a los fines de definir eventuales acciones que pudiera corresponder agregar”. Añaden que la planta deberá incorporar “una actividad de monitoreo permanente de las condiciones de calidad de agua in situ del arroyo Sauce, en diversos puntos a lo largo del mismo”, con “frecuencia semanal, como mínimo de los parámetros pH, conductividad, temperatura y oxígeno disuelto”.

Pedido de organizaciones sociales

La organización Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendú) emitió un comunicado sobre el derrame en el que afirma que “una vez más el Estado guarda silencio sobre los hechos”. “La planta de primera generación, muy segura, que nos vendieron hace unos años, en sólo 15 meses de operación sigue contaminando y aniquilando vida en sus alrededores”, relata. El colectivo también sostiene que “las varias y reiteradas sanciones económicas que ha tenido la planta en poco más de un año de actividad no devolverán todo el daño causado”, y se pregunta “hasta cuándo permitiremos que deterioren nuestra tierra, agua y aire”.

En su comunicado Coendú afirma que “nuestros gobernantes actuales, anteriores y seguramente futuros, son responsables directos de todo esto. De nosotros depende decir basta y exigir un cierre definitivo de la planta si la misma carece de las condiciones de seguridad ambiental necesarias”. Fuente: La Diaria/ El Entre Ríos