Dos debates pendientes para un mismo desarrollo: el urbanístico y el energético

Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO

Para que una sociedad como la de Gualeguaychú pueda desarrollarse de manera armónica requiere de una serie de debates y puesta en común que abarcan casi todas las materias el quehacer humano en comunidad. Una de esas materias –no la única, claro está- es la vinculada con el desarrollo urbanístico.

Del mismo modo, para que una provincia pueda aspirar a un futuro mejor requiere de la puesta en común de una serie de parámetros que sean gestionados más allá del gobierno de turno. Una de esas matrices –no la única, claro está- es la energética.

A nivel local el desarrollo urbanístico no depende de nadie, salvo de los propios vecinos. No hay variable externa con la suficiente influencia como para impedir su puesta en común, su diseño, su consenso. Del mismo modo, el tema energético a nivel provincial dependerá de los entrerrianos.

El desarrollo urbanístico

Gualeguaychú tiene un potencial que invita –con entusiasmo- a aspirar a un crecimiento constante. No se trata solamente de sus bondades naturales o de ubicación geográficas estratégicas que son importantes de por sí, sino a sus bases fundacionales.

Y ese ADN está vinculado con el compromiso en la participación de sus vecinos, que a su vez se enriquece con el talento y la creatividad de sus emprendimientos, y un sentimiento colectivo que hace prevalecer el interés general. Se trata de un capital no tangible, pero muy concreto.

Por eso es oportuno al transitar casi el primer cuarto del siglo XXI preguntarse en voz alta ¿hacia dónde crecerá Gualeguaychú? La respuesta no puede surgir de una sola persona o de un único sector. 

El potencial de Gualeguaychú está reflejado en sus variados frentes de desarrollo donde debe prevalecer de manera elogiosa el diálogo entre lo público y lo privado. Ahí está el desarrollo industrial, pero también el agropecuario, por supuesto que el mercantil o comercial, el de servicios y turismo, el universitario, el ambiental, entre otros.

Por otro lado, al pensar en el desarrollo urbanístico hay que tener en cuenta –así lo señalan los expertos- que no se vive aislados sino inmersos en una crisis ecológica a escala planetaria sin precedentes. Esto obliga a ser responsables al momento de analizar o decidir sobre los modelos sociales y urbanos.

El otro punto vinculante con el desarrollo urbanístico es el de poder visualizar que nada puede crecer ni desarrollarse de manera ilimitada, porque si ello ocurre es un despropósito que nadie podrá controlar. Y en materia urbanística, su mejor clave –no la única- es la planificación. Del mismo modo se puede decir que la falta de planificación urbana es uno de los grandes obstáculos para el desarrollo.

Algunos ejemplos podrán ser más pedagógicos. Desde lo urbanístico es innegable que es necesario y urgente mejorar la circulación vehicular, especialmente en el radio céntrico, porque ya tal como está en determinados horarios genera caos. Un segundo ejemplo -que debe ser una premisa permanente- es la de mejorar siempre las condiciones de higiene urbana, donde la educación ciudadana es parte de esa aspiración.

Así se podrían continuar señalando aspectos que hacen al desarrollo urbano, que no es solo edilicio. De ahí que es necesario equilibrar cuatro funciones básicas que caracterizan a toda ciudad: la vivienda, el trabajo, el ocio y la circulación. Y, como todo en la vida, es necesario evitar la concentración, la aglomeración, el monopolio territorial.

Si se admite que hay desarmonía urbana y simultáneamente malestar ambiental, entonces se comprenderá mejor que a este tema (como al energético) es conveniente abordarlo con soluciones en el corto, mediano y largo plazo.

Está claro que es necesario revisar la zonificación urbana, sus limitaciones de construcciones, pero al mismo tiempo es necesario evitar la especulación inmobiliaria que impide el acceso constitucional a la vivienda. 

Si actualmente se está en una crisis urbanística ha sido justamente por una ausencia de planificación integral en la materia. Integral y de voces colectivas y plurales.

Planificar implica (re) conocer el criterio de sostenibilidad, es decir, saber dónde cómo se encausará el crecimiento y el desarrollo para que no se salga “de madre” o de cauce.

La energía eléctrica

A escala provincial, es innegable que, si hay que señalar a un sistema injusto a nivel global en el país, ese es el sistema eléctrico.

En Argentina hay 24 jurisdicciones que aplican de manera independiente las tarifas eléctricas. Cada jurisdicción tiene la autarquía de determinar sus costos de distribución de manera independiente y trasladar esos costos a los usuarios, sumados a los valores mayoristas (iguales para todas las jurisdicciones).

Es en esa ecuación donde radica las grandes diferencias tarifarias según la provincia que se habite. Así, por ejemplo, en Capital Federal o en la Provincia de Buenos Aires o en Santa Fe, el costo de la energía para el usuario será abismalmente más económico que para cualquier entrerriano.

En Entre Ríos –en otras provincias también-, se le debe sumar a la factura las imposiciones municipales, cuyos porcentajes varían de una localidad a otra y que nada tienen que ver con el consumo eléctrico.

Y algo más: en muchas localidades como es el caso de Gualeguaychú, quien presta el servicio es una cooperativa, es decir, una empresa de la economía social que responde a la dinámica de una “empresa privada”. Sin embargo, dependen casi absolutamente del Estado para las mínimas inversiones.

Hay una mirada casi instintiva cuando la factura eléctrica llega a un hogar: la mirada se dirige casi automáticamente al recuadro donde se señala el monto total a abonar por el servicio eléctrico consumido. Sin embargo, al hacer una lectura detallada, se observará que la factura eléctrica no refleja –porque hay distorsión- el costo real del valor de la energía. El importe final está conformado por dos partes: la tarifa de la energía eléctrica ya consumida y una serie de impuestos y cargos que se le suman a ese consumo eléctrico. Es esa carga impositiva la que distorsiona el valor real de la energía, amén de otros cargos como el alumbrado público.

Esto explica –no es justificación- por qué en Entre Ríos se tiene una de las tarifas más altas en materia energética del país, a pesar de ser una provincia generadora de energía. Un contrasentido.

¿Por qué el Municipio prefiere que la Cooperativa Eléctrica sea su recaudadora de impuestos? Porque es un cobro seguro y porque no le implica costos de personal y de seguridad en el manejo del dinero. Pero, entonces, ¿quién paga ese costo? El pueblo.

Así las cosas, no es real el importe que se abona sea únicamente por el consumo eléctrico, porque casi la mitad –a veces más- de ese monto está vinculado con impuestos y tasas.

No hay discusión alguna que el servicio eléctrico es indispensable para vivir y desarrollarse en sociedad. Lo que es necesario discutir para una solución vinculada con el interés general es la necesidad de jerarquizar su utilidad pública.

Y aquí hay una casi proverbial ociosidad de los legisladores provinciales y locales, que no se atreven siquiera a tocar el tema.

En términos competitivos para el desarrollo industrial o comercial (para citar dos frentes de desarrollo) Entre Ríos se presenta con desventajas por esta asimetría a escala nacional que obstaculiza los mejores esfuerzos en la materia. Y esto a pesar de Entre Ríos es una provincia generadora de energía eléctrica, y que en principio debería ser un territorio con una de las tarifas más bajas y en realidad es una de las más altas. Un contrasentido por donde se lo quiera analizar.

¿No habrá llegado la oportunidad de comenzar al menos a generar espacios para dar ambos debates?