El HCD rechazó la declaración del Canciller Héctor Timerman
El Concejo Deliberante votó por mayoría ayer “el rechazo” a las declaraciones efectuadas por Timerman, quien manifestó que el conflicto con la R.O.U se encuentra “enterrado”. El bloque oficialista no acompañó el proyecto.
En la resolución el Cuerpo Deliberativo expresas su reclamo al Gobierno Nacional, Provincial y Municipal “la adopción de todas las medidas y acciones políticas dirigidas a ratificar que el conflicto con la República Oriental del Uruguay por la instalación de Botnia UPM, no se encuentra terminado”.
En tanto exhorta a impulsar “todas las medidas necesarias para demostrar y probar la contaminación producida por Botnia UPM, denunciar esa situación y conducir a partir de ello, una nueva instancia de juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya”.
Las expresiones del Cansiller, quien dijo que el conflicto con la República Oriental del Uruguay se encuentra “enterrado”, resultan una afrenta a la comunidad de Gualeguaychú que desde el año 2003 lleva adelante un legítimo reclamo por la instalación ilegal de una empresa contaminante como Botnia UPM, en abierta violación al Estatuto del río Uruguay de 1975.
Esa violación quedó verificada en el juicio llevado adelante ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ámbito donde por primera vez concurrió como Estado la República Argentina, lo que demuestra la gravedad del conflicto y al tiempo la razón que asistía al reclamo efectuado.
No obstante haberse reconocido más de ocho violaciones al Estatuto que establece la forma de aprovechamiento y cuidado del río Uruguay, el Tribunal Internacional olvidando las pautas que orientan el derecho internacional de daños- solo estableció que el Estado Uruguayo era “violador” del Estatuto del Río Uruguay.
Pese a todos esos episodios, el Estado Nacional intenta ahora dar vuelta la página de la historia y esconder la afectación que produce un emprendimiento que genera constantemente una contaminación acumulativa que ya compromete la salud de la población más cercana y a nuestro medio ambiente.
Eso quedó demostrado con las emanaciones de ácido sulfúrico producidas –que llegaron hasta la propia Municipalidad- y con el reconocimiento efectuado por el Estado Nacional en la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia.
Esos hechos no pueden ser olvidados ya que se compromete tanto la suerte de la población actual y las generaciones futuras, como la sustentabilidad de nuestros recursos naturales.
En ese contexto, las declaraciones del Canciller significan una claudicación que no podemos convalidar y una voluntad inequívoca de resignar nuestros derechos y atentar contra nuestra comunidad, que es nuestro deber alentar porque el camino emprendido –resistiendo la instalación ilegal y contaminante- ha sido el desarrollo correcto que ahora se pretende ocultar. Mas inaceptables se vuelven aún estas expresiones cuando vecinos “asambleístas” se encuentran criminalizados por voluntad del Estado Nacional y se ven comprometidos por causas penales impulsadas desde el propio Estado Nacional.
En tanto exhorta a impulsar “todas las medidas necesarias para demostrar y probar la contaminación producida por Botnia UPM, denunciar esa situación y conducir a partir de ello, una nueva instancia de juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya”.
Las expresiones del Cansiller, quien dijo que el conflicto con la República Oriental del Uruguay se encuentra “enterrado”, resultan una afrenta a la comunidad de Gualeguaychú que desde el año 2003 lleva adelante un legítimo reclamo por la instalación ilegal de una empresa contaminante como Botnia UPM, en abierta violación al Estatuto del río Uruguay de 1975.
Esa violación quedó verificada en el juicio llevado adelante ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ámbito donde por primera vez concurrió como Estado la República Argentina, lo que demuestra la gravedad del conflicto y al tiempo la razón que asistía al reclamo efectuado.
No obstante haberse reconocido más de ocho violaciones al Estatuto que establece la forma de aprovechamiento y cuidado del río Uruguay, el Tribunal Internacional olvidando las pautas que orientan el derecho internacional de daños- solo estableció que el Estado Uruguayo era “violador” del Estatuto del Río Uruguay.
Pese a todos esos episodios, el Estado Nacional intenta ahora dar vuelta la página de la historia y esconder la afectación que produce un emprendimiento que genera constantemente una contaminación acumulativa que ya compromete la salud de la población más cercana y a nuestro medio ambiente.
Eso quedó demostrado con las emanaciones de ácido sulfúrico producidas –que llegaron hasta la propia Municipalidad- y con el reconocimiento efectuado por el Estado Nacional en la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia.
Esos hechos no pueden ser olvidados ya que se compromete tanto la suerte de la población actual y las generaciones futuras, como la sustentabilidad de nuestros recursos naturales.
En ese contexto, las declaraciones del Canciller significan una claudicación que no podemos convalidar y una voluntad inequívoca de resignar nuestros derechos y atentar contra nuestra comunidad, que es nuestro deber alentar porque el camino emprendido –resistiendo la instalación ilegal y contaminante- ha sido el desarrollo correcto que ahora se pretende ocultar. Mas inaceptables se vuelven aún estas expresiones cuando vecinos “asambleístas” se encuentran criminalizados por voluntad del Estado Nacional y se ven comprometidos por causas penales impulsadas desde el propio Estado Nacional.
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