Opinión
Infraestructura judicial
Desde el 5 de febrero de 2013 se implementó el nuevo Código Procesal Penal en el departamento Gualeguaychú en la cual permitió a los pocos meses de su funcionamiento reducir los plazos de inicio de una investigación penal preparatoria, que no debe pasar más de tres meses, desde la denuncia del delito.
La implementación de esta reforma penal necesitó de la existencia de ocho fiscalías, generando más presión a la infraestructura ya existente por la necesidad de contar con más espacio, acrecentando un problema estructural de la justicia local, que es la de contar con edificios acordes para albergar todos los juzgados y facilitar así los tiempos administrativos de los abogados y los ciudadanos.
La administración de justicia local hoy se enfrenta a un serio problema de infraestructura y a un costo creciente al tener que alquilar propiedades como sucedió este año con la renta de una propiedad en calle Luis N. Palma para que funcione la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y el Juzgado de Paz, en la cual hasta el año pasado los tres camaristas tenían que compartir el mismo despacho en la Caja Forense. La inversión en infraestructura judicial hoy es una materia pendiente y urgente a resolver por el actual gobierno provincial.
Sin embargo, este proyecto quedó archivado, debido a que ya la situación económica y financiera de la provincia comenzó a deteriorarse año a año y la financiación del nuevo complejo judicial se postergó por tiempo indefinido.
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