La actitud de la Caru ya le asegura a Botnia cero conflicto hasta fin de año
Las actitudes de las delegaciones de Argentina y Uruguay en la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) le aseguran a la pastera UPM Botnia que no habrá ninguna sorpresa y que todo seguirá como hasta ahora: un simulacro de monitoreo, ningún informe científico que sea público y cuando mucho la ya tradicional teatralización de que no se ponen de acuerdo para rendir cuentas republicanas a ambos pueblos.
Esto será así al menos hasta octubre (cuando sean las elecciones generales) o hasta diciembre (cuando el 10, Día de los Derechos Humanos se haga el traspaso de gobierno).
Nada en las delegaciones de ambos países ante el organismo binacional hace presuponer que habrá avances vinculados con la contaminación de la pastera o en todo caso lo único que avanzará son los mecanismos que le permiten al proyecto Orion continuar produciendo con absoluta impunidad.
Este contexto tiene otro ingrediente. La gestión de Tabaré Vázquez ya tiene lo que más le interesa a la pastera: el dragado del río Uruguay. Por eso se aprobó esa obra aún con disidencias en el seno de la Caru. Es que para esta iniciativa no prevaleció aquel concepto de que toda decisión debe ser adoptada por unanimidad.
Por eso Tabaré Vázquez esperará al sucesor de Cristina Fernández de Kirchner y mientras tanto ambos gobiernos mantendrán la postura de que todo “está frío” y nada puede avanzar.
El flamante embajador uruguayo en Buenos Aires, Héctor Lescano, aún le falta presentar sus cartas credenciales al gobierno nacional, pero se trata de un diplomático que por el momento ni siquiera tiene sede, porque la representación diplomática en el país fue vendida en la gestión de José Mujica y aún no han comprado ni alquilado otra propiedad. Hay que tener en cuenta que solamente en esa Embajada trabajan aproximadamente cincuenta personas.
Y la controversia por el funcionamiento de UPM, que marcó la relación bilateral durante todo el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) ya no representa ningún riesgo, dado que ambas cancillerías adoptaron una misma actitud: sostener el paraguas protector a través de la Caru para aquietar las voces de protesta y para ello abonan la estrategia de no difundir bajo el argumento de que no se ponen de acuerdo los resultados del monitoreo.
Algún mes será Argentina la que dice que tiene vocación por esa difusión y que Uruguay se lo impide; en otro momento será el Uruguay quien argumente lo mismo endosando esa responsabilidad a la Argentina. Mientras tanto, la contaminación avanza en la región y la Caru lo único que administra son los intereses de la pastera.
Lo demás anda sobre rieles: el dragado del río Uruguay y la profundización y mantenimiento del canal Martín García, lo que redundará en bajar de manera sideral los costos logísticos de UPM Botnia. Y encima son obras realizadas con aportes de ambos gobiernos.
Caraduras
“Que la ciencia hable”. “Hay que cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya”. “La información de algunos parámetros de la pastera se conocerán on line en tiempo real, a través de una pantalla ubicada frente al Palacio Municipal de Gualeguaychú y otro similar en Fray Bentos”. Nada de eso se ha cumplido por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay.
En cambio, un aceitado mecanismo del disimulo y un permanente silencio ha caracterizado a este organismo que hoy carece de toda autoridad para administrar los intereses del río Uruguay.
Es tal el desprestigio del organismo que en la actualidad tiene una consideración de desconfianza ciudadana peor que cuando estaba al frente de la delegación argentina el embajador Roberto García Moritán.
Al actual presidente de la delegación uruguaya ante la Caru, el capitán de navío (R) Gastón Silbermann como a su vice, arquitecto Rogelio Texeira, no le alcanzan las palabras de agradecimiento por el comportamiento de sus pares argentinos ante el organismo. Sólo así se entiende por qué desde 2010 hasta la fecha se desconocen los informes que la Caru debería dar a conocer vinculado al comportamiento ambiental de la pastera.
Un conflicto visible
El viernes pasado, el Tribunal Oral Federal de Paraná absolvió –pedido incluso por el fiscal- a los dos asambleístas que fueron vergonzosamente acusados de homicidio culposo a raíz de la muerte del motociclista Walter Maulucci el 26 de abril de 2009 en Arroyo Verde.
Tal como informó ayer EL ARGENTINO, la jueza Lilia Carnero, tras oír al Ministerio Público Fiscal expresó de manera muy elocuente: “No quiero que esto se entienda como que es posible que haya justicia, sino que el sacrificio de ustedes sirve para visibilizar en todo el país el reclamo de la Asamblea de Gualeguaychú. Tomemos el lado positivo”, pidió Carnero.
En efecto, la lucha ambiental de Gualeguaychú –a partir de este fallo- tomó otra visibilidad en el conflicto y dejó en evidencia el fracaso de la política de criminalizar la protesta social que ensayó y ensaya el gobierno nacional.
A partir de este fallo, seguramente la Asamblea Ambiental se animará a adoptar nuevas acciones que permitan no sólo darle continuidad a la protesta social sino intensificar el reclamo para exigir que se pare de contaminar el río Uruguay.
En un contexto de un año electoral clave, seguramente desde la cancillería se podrá orquestar alguna que otra puesta en escena como ya se hizo en las elecciones de 2013 cuando se amenazó con recurrir otra vez a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero será eso, una puesta en escena, porque la decisión es que la relación con el Uruguay no afecte en lo más mínimo la tranquilidad que hoy goza la pastera UPM y que, en todo caso, el nuevo gobierno que asuma en diciembre replantee la situación.
No otra cosa celebran quienes deben llevar adelante el monitoreo ambiental: que todo siga como hasta ahora, es decir, en una teatralización.
Presupuesto millonario
Los recursos corrientes de la Caru para el ejercicio 2015 ascienden a poco más de 44 millones de dólares, esto sin contar lo obtenido por el cobro de los peajes en ambos puentes internacionales (la Caru calcula recaudar 19 millones de dólares), a los que hay que sumarles más de 18 millones de dólares en recursos de capitales más otros 4,5 millones de dólares de su fondo de inversión (que son destinados a financiar los planes de monitoreo, entre otras acciones).
El presupuesto no termina con esos números, porque en el desglose se indica que se asignaron más de 13 millones de dólares para financiar las obras de pavimentación de los puentes y la construcción de las defensas contra las embarcaciones en ambos enlaces viales.
Lo proyectado para 2015 en Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos asciende a más de 66 millones de dólares, de acuerdo al Acta N° 10/14 que reflejó la Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre del año pasado.
Pero hay otros números que son más que elocuentes y que indican cuál es la prioridad para la Caru. En la misma Acta (a la que accedió EL ARGENTINO), figura el Anexo de la Resolución 202/14 donde se establece lo siguiente:
1) Para el monitoreo ambiental a Botnia, ambos países se comprometen a aportar 300 mil dólares.
2) Para realizar el dragado (que es una obra prioritaria para Botnia), Argentina aporta 13.750.000 dólares y Uruguay, poco más de seis millones de dólares.
¿Y todo para qué? Para continuar jugando “a las escondidas” al menos hasta diciembre cuando se realice el recambio de gobierno y pasarle la “herencia” de un conflicto que ya lleva más de once años a la próxima administración. El tiempo, que es un activo demasiado valioso, juega siempre a favor de la pastera y en contra de la soberanía de los pueblos.
El teatro del monitoreo
Hace cuatro años que se realiza el monitoreo a la planta UPM. En total se han realizado 48 ingresos. Cada vez que se hace un ingreso se labra un acta que está en poder de la Caru. Según Uruguay, allí no se demuestra que exista “perturbación” ambiental por parte de la pastera. Según Argentina, sí. Luego, ambas delegaciones se acusan mutuamente de no querer dar a conocer esos informes.
Pero en rigor, se trata del escenario de “pantano” que ambas delegaciones han construido para evitar que la ciudadanía acceda a la información científica y real de lo que realmente está sucediendo en el río Uruguay.
Por eso ahora Botnia tiene sólidos argumentos para quedarse más tranquila, al menos hasta diciembre. La Caru, se especula en el entorno de la pastera, tiene que seguir haciendo “la plancha”, se admite que ambas delegaciones se peleen por los medios sobre la cuestión del monitoreo, pero no mucho más.
¿Y si la Caru prueba con publicar los informes científicos de cada delegación de manera simultánea y que la gente saque sus conclusiones? La respuesta positiva incomoda a la Caru, porque como ha demostrado desde 2010 hasta la fecha, su negocio es seguir jugando a las escondidas.
¿Pero si cuatro científicos (dos por cada país) no se ponen de acuerdo para emitir un único dictamen, por qué no lo publican por separado y que luego cada quien saque sus conclusiones? Esto también incomoda a la Caru e incluso a las cancillerías, porque se demostraría que no hicieron nada para frenar la contaminación.
Por Nahuel Maciel
Nada en las delegaciones de ambos países ante el organismo binacional hace presuponer que habrá avances vinculados con la contaminación de la pastera o en todo caso lo único que avanzará son los mecanismos que le permiten al proyecto Orion continuar produciendo con absoluta impunidad.
Este contexto tiene otro ingrediente. La gestión de Tabaré Vázquez ya tiene lo que más le interesa a la pastera: el dragado del río Uruguay. Por eso se aprobó esa obra aún con disidencias en el seno de la Caru. Es que para esta iniciativa no prevaleció aquel concepto de que toda decisión debe ser adoptada por unanimidad.
Por eso Tabaré Vázquez esperará al sucesor de Cristina Fernández de Kirchner y mientras tanto ambos gobiernos mantendrán la postura de que todo “está frío” y nada puede avanzar.
El flamante embajador uruguayo en Buenos Aires, Héctor Lescano, aún le falta presentar sus cartas credenciales al gobierno nacional, pero se trata de un diplomático que por el momento ni siquiera tiene sede, porque la representación diplomática en el país fue vendida en la gestión de José Mujica y aún no han comprado ni alquilado otra propiedad. Hay que tener en cuenta que solamente en esa Embajada trabajan aproximadamente cincuenta personas.
Y la controversia por el funcionamiento de UPM, que marcó la relación bilateral durante todo el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) ya no representa ningún riesgo, dado que ambas cancillerías adoptaron una misma actitud: sostener el paraguas protector a través de la Caru para aquietar las voces de protesta y para ello abonan la estrategia de no difundir bajo el argumento de que no se ponen de acuerdo los resultados del monitoreo.
Algún mes será Argentina la que dice que tiene vocación por esa difusión y que Uruguay se lo impide; en otro momento será el Uruguay quien argumente lo mismo endosando esa responsabilidad a la Argentina. Mientras tanto, la contaminación avanza en la región y la Caru lo único que administra son los intereses de la pastera.
Lo demás anda sobre rieles: el dragado del río Uruguay y la profundización y mantenimiento del canal Martín García, lo que redundará en bajar de manera sideral los costos logísticos de UPM Botnia. Y encima son obras realizadas con aportes de ambos gobiernos.
Caraduras
“Que la ciencia hable”. “Hay que cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya”. “La información de algunos parámetros de la pastera se conocerán on line en tiempo real, a través de una pantalla ubicada frente al Palacio Municipal de Gualeguaychú y otro similar en Fray Bentos”. Nada de eso se ha cumplido por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay.
En cambio, un aceitado mecanismo del disimulo y un permanente silencio ha caracterizado a este organismo que hoy carece de toda autoridad para administrar los intereses del río Uruguay.
Es tal el desprestigio del organismo que en la actualidad tiene una consideración de desconfianza ciudadana peor que cuando estaba al frente de la delegación argentina el embajador Roberto García Moritán.
Al actual presidente de la delegación uruguaya ante la Caru, el capitán de navío (R) Gastón Silbermann como a su vice, arquitecto Rogelio Texeira, no le alcanzan las palabras de agradecimiento por el comportamiento de sus pares argentinos ante el organismo. Sólo así se entiende por qué desde 2010 hasta la fecha se desconocen los informes que la Caru debería dar a conocer vinculado al comportamiento ambiental de la pastera.
Un conflicto visible
El viernes pasado, el Tribunal Oral Federal de Paraná absolvió –pedido incluso por el fiscal- a los dos asambleístas que fueron vergonzosamente acusados de homicidio culposo a raíz de la muerte del motociclista Walter Maulucci el 26 de abril de 2009 en Arroyo Verde.
Tal como informó ayer EL ARGENTINO, la jueza Lilia Carnero, tras oír al Ministerio Público Fiscal expresó de manera muy elocuente: “No quiero que esto se entienda como que es posible que haya justicia, sino que el sacrificio de ustedes sirve para visibilizar en todo el país el reclamo de la Asamblea de Gualeguaychú. Tomemos el lado positivo”, pidió Carnero.
En efecto, la lucha ambiental de Gualeguaychú –a partir de este fallo- tomó otra visibilidad en el conflicto y dejó en evidencia el fracaso de la política de criminalizar la protesta social que ensayó y ensaya el gobierno nacional.
A partir de este fallo, seguramente la Asamblea Ambiental se animará a adoptar nuevas acciones que permitan no sólo darle continuidad a la protesta social sino intensificar el reclamo para exigir que se pare de contaminar el río Uruguay.
En un contexto de un año electoral clave, seguramente desde la cancillería se podrá orquestar alguna que otra puesta en escena como ya se hizo en las elecciones de 2013 cuando se amenazó con recurrir otra vez a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero será eso, una puesta en escena, porque la decisión es que la relación con el Uruguay no afecte en lo más mínimo la tranquilidad que hoy goza la pastera UPM y que, en todo caso, el nuevo gobierno que asuma en diciembre replantee la situación.
No otra cosa celebran quienes deben llevar adelante el monitoreo ambiental: que todo siga como hasta ahora, es decir, en una teatralización.
Presupuesto millonario
Los recursos corrientes de la Caru para el ejercicio 2015 ascienden a poco más de 44 millones de dólares, esto sin contar lo obtenido por el cobro de los peajes en ambos puentes internacionales (la Caru calcula recaudar 19 millones de dólares), a los que hay que sumarles más de 18 millones de dólares en recursos de capitales más otros 4,5 millones de dólares de su fondo de inversión (que son destinados a financiar los planes de monitoreo, entre otras acciones).
El presupuesto no termina con esos números, porque en el desglose se indica que se asignaron más de 13 millones de dólares para financiar las obras de pavimentación de los puentes y la construcción de las defensas contra las embarcaciones en ambos enlaces viales.
Lo proyectado para 2015 en Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos asciende a más de 66 millones de dólares, de acuerdo al Acta N° 10/14 que reflejó la Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre del año pasado.
Pero hay otros números que son más que elocuentes y que indican cuál es la prioridad para la Caru. En la misma Acta (a la que accedió EL ARGENTINO), figura el Anexo de la Resolución 202/14 donde se establece lo siguiente:
1) Para el monitoreo ambiental a Botnia, ambos países se comprometen a aportar 300 mil dólares.
2) Para realizar el dragado (que es una obra prioritaria para Botnia), Argentina aporta 13.750.000 dólares y Uruguay, poco más de seis millones de dólares.
¿Y todo para qué? Para continuar jugando “a las escondidas” al menos hasta diciembre cuando se realice el recambio de gobierno y pasarle la “herencia” de un conflicto que ya lleva más de once años a la próxima administración. El tiempo, que es un activo demasiado valioso, juega siempre a favor de la pastera y en contra de la soberanía de los pueblos.
El teatro del monitoreo
Hace cuatro años que se realiza el monitoreo a la planta UPM. En total se han realizado 48 ingresos. Cada vez que se hace un ingreso se labra un acta que está en poder de la Caru. Según Uruguay, allí no se demuestra que exista “perturbación” ambiental por parte de la pastera. Según Argentina, sí. Luego, ambas delegaciones se acusan mutuamente de no querer dar a conocer esos informes.
Pero en rigor, se trata del escenario de “pantano” que ambas delegaciones han construido para evitar que la ciudadanía acceda a la información científica y real de lo que realmente está sucediendo en el río Uruguay.
Por eso ahora Botnia tiene sólidos argumentos para quedarse más tranquila, al menos hasta diciembre. La Caru, se especula en el entorno de la pastera, tiene que seguir haciendo “la plancha”, se admite que ambas delegaciones se peleen por los medios sobre la cuestión del monitoreo, pero no mucho más.
¿Y si la Caru prueba con publicar los informes científicos de cada delegación de manera simultánea y que la gente saque sus conclusiones? La respuesta positiva incomoda a la Caru, porque como ha demostrado desde 2010 hasta la fecha, su negocio es seguir jugando a las escondidas.
¿Pero si cuatro científicos (dos por cada país) no se ponen de acuerdo para emitir un único dictamen, por qué no lo publican por separado y que luego cada quien saque sus conclusiones? Esto también incomoda a la Caru e incluso a las cancillerías, porque se demostraría que no hicieron nada para frenar la contaminación.
Por Nahuel Maciel
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