El fiscal no asistió y los defensores hicieron su descargo
Los asambleístas pidieron ser sobreseídos en la causa que les inició el Gobierno nacional
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú realizó ayer una manifestación frente a los tribunales de Comodoro Py, en rechazo a las citaciones en la causa por cortes de ruta en contra de la pastera UPM (ex Botnia) que promueve el gobierno nacional.
El fiscal de la causa en esta instancia de Casación, Juan Martín Romero Victorica, no se presentó y los defensores de los asambleístas hicieron su descargo. Esta instancia corresponde a la querella iniciada por el gobierno nacional por el corte de la ruta internacional 136, que se resolvió en octubre de 2010 en la Cámara Federal de Paraná, pero que por apelación del fiscal general Ricardo Álvarez llegó a la Cámara Nacional de Casación Penal.
Álvarez tiene el doble rol de fiscal general y fiscal ambiental, pero en esta última materia no ha hecho absolutamente nada contra la lucha de las pasteras que es emblema a nivel internacional y sólo se dedicó –como una obediencia debida- a hacerle la corte a la denuncia del Ejecutivo nacional. De hecho, para llegar a la Cámara de Casación redactó un escrito de sesenta páginas y no se le conoce un solo renglón en materia de defensa ambiental.
La citación de los asambleístas de Gualeguaychú comprendió a los vecinos Osvaldo Fernández; Jorge Fritzler; Sira Muñoz; Juan Ferrari; Ana Costa; Cristina Limba; Víctor Limba; Alejandra Crimella; José Gómez y Paola Robles. Y teniendo en cuenta la adhesión casi unánime de la lucha contra Botnia en la ciudad, esta nómina también incurre en una grosera discriminación judicial. ¿Por qué sólo a estos diez vecinos los persigue el Estado nacional y no a otros, por ejemplo? ¿Por qué son diez y no cien o miles? Este ejemplo ya habla por sí mismo que más que ante una causa judicial, se está ante una estrategia de criminalización de la protesta utilizando el imbricado laberinto de la Justicia.
La Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal estuvo integrada por Liliana Cartucci, Eduardo Riggi y Gustavo Wagner Mitchell.
Los abogados defensores fueron: la defensora oficial Mariana Grasso en representación de Cristina Limba y Alejandra Crimella. Luis Leissa, en representación de Víctor Limba y Jorge Fritzler. Nicolás Tauber Sanz que representó a Paola Robles y a Juan Ferrarri. Darío Carrazza a José Gómez y Osvaldo Fernández que hizo su propia defensa como abogado.
El Ministerio Público no asistió a la audiencia y los abogados defensores pidieron que se dicte el sobreseimiento de los denunciados. Ahora, la Cámara de Casación Penal tendrá veinte días hábiles para resolver. Es oportuno recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indica que no se puede someter a un proceso mediante una dilación indebida, y por eso tanto la defensora oficial como los demás defensores reclamaron el sobreseimiento para clausurar definitivamente esta causa penal promovida por el gobierno.
Malos antecedentes
La Sala 3 de la Cámara de Casación Penal no goza de prestigio. Su último escándalo estuvo vinculado con una grave denuncia que llevó adelante la jueza Wilma López, que investigó el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra (ocurrido el 20 de octubre del año pasado) y por el cual se procesó al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.
En la edición del martes 21 de junio de Página/12 se dio cuenta que la Justicia pidió los teléfonos de los camaristas Eduardo Riggi, Gustavo Wagner Mitchell y Mariano González Palazzo, a quienes habrían intentado “comprar” para evitar la prisión del ferroviario, acusado por el asesinato de Mariano Ferreyra.
A pedido del fiscal Sandro Abraldes, el juez Luis Rodríguez exigió informes sobre los números telefónicos de los camaristas Eduardo Riggi, Gustavo Wagner Mitchell y Mariano González Palazzo, con el objetivo de entrecruzarlos e identificar con quiénes hablaron entre noviembre de 2010 y febrero de 2011. En ese período, según las pruebas que juntó la fiscalía, el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y el vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, pagaron por lo menos 50 mil dólares con tres objetivos: que Casación evitara tratar el caso durante la feria judicial; que saliera “sorteada” la Sala III como tribunal definitivo para el expediente, y comparar finalmente la voluntad de los jueces. Las gestiones fueron encomendadas al ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid –ex secretario de Casación– y al agente de la Secretaría de Inteligencia (ex Side) Juan José Riquelme. Las escuchas de sus conversaciones revelan presuntos encuentros, “discretos almuerzos” con los camaristas y hasta “atenciones” de fin de año.
Álvarez tiene el doble rol de fiscal general y fiscal ambiental, pero en esta última materia no ha hecho absolutamente nada contra la lucha de las pasteras que es emblema a nivel internacional y sólo se dedicó –como una obediencia debida- a hacerle la corte a la denuncia del Ejecutivo nacional. De hecho, para llegar a la Cámara de Casación redactó un escrito de sesenta páginas y no se le conoce un solo renglón en materia de defensa ambiental.
La citación de los asambleístas de Gualeguaychú comprendió a los vecinos Osvaldo Fernández; Jorge Fritzler; Sira Muñoz; Juan Ferrari; Ana Costa; Cristina Limba; Víctor Limba; Alejandra Crimella; José Gómez y Paola Robles. Y teniendo en cuenta la adhesión casi unánime de la lucha contra Botnia en la ciudad, esta nómina también incurre en una grosera discriminación judicial. ¿Por qué sólo a estos diez vecinos los persigue el Estado nacional y no a otros, por ejemplo? ¿Por qué son diez y no cien o miles? Este ejemplo ya habla por sí mismo que más que ante una causa judicial, se está ante una estrategia de criminalización de la protesta utilizando el imbricado laberinto de la Justicia.
La Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal estuvo integrada por Liliana Cartucci, Eduardo Riggi y Gustavo Wagner Mitchell.
Los abogados defensores fueron: la defensora oficial Mariana Grasso en representación de Cristina Limba y Alejandra Crimella. Luis Leissa, en representación de Víctor Limba y Jorge Fritzler. Nicolás Tauber Sanz que representó a Paola Robles y a Juan Ferrarri. Darío Carrazza a José Gómez y Osvaldo Fernández que hizo su propia defensa como abogado.
El Ministerio Público no asistió a la audiencia y los abogados defensores pidieron que se dicte el sobreseimiento de los denunciados. Ahora, la Cámara de Casación Penal tendrá veinte días hábiles para resolver. Es oportuno recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indica que no se puede someter a un proceso mediante una dilación indebida, y por eso tanto la defensora oficial como los demás defensores reclamaron el sobreseimiento para clausurar definitivamente esta causa penal promovida por el gobierno.
Malos antecedentes
La Sala 3 de la Cámara de Casación Penal no goza de prestigio. Su último escándalo estuvo vinculado con una grave denuncia que llevó adelante la jueza Wilma López, que investigó el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra (ocurrido el 20 de octubre del año pasado) y por el cual se procesó al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.
En la edición del martes 21 de junio de Página/12 se dio cuenta que la Justicia pidió los teléfonos de los camaristas Eduardo Riggi, Gustavo Wagner Mitchell y Mariano González Palazzo, a quienes habrían intentado “comprar” para evitar la prisión del ferroviario, acusado por el asesinato de Mariano Ferreyra.
A pedido del fiscal Sandro Abraldes, el juez Luis Rodríguez exigió informes sobre los números telefónicos de los camaristas Eduardo Riggi, Gustavo Wagner Mitchell y Mariano González Palazzo, con el objetivo de entrecruzarlos e identificar con quiénes hablaron entre noviembre de 2010 y febrero de 2011. En ese período, según las pruebas que juntó la fiscalía, el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y el vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, pagaron por lo menos 50 mil dólares con tres objetivos: que Casación evitara tratar el caso durante la feria judicial; que saliera “sorteada” la Sala III como tribunal definitivo para el expediente, y comparar finalmente la voluntad de los jueces. Las gestiones fueron encomendadas al ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid –ex secretario de Casación– y al agente de la Secretaría de Inteligencia (ex Side) Juan José Riquelme. Las escuchas de sus conversaciones revelan presuntos encuentros, “discretos almuerzos” con los camaristas y hasta “atenciones” de fin de año.
Este contenido no está abierto a comentarios