Se inicia el juicio por corrupción de menores más importante en la historia de Entre Ríos
Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, se constituirá mañana para dar inicio a uno de los juicios orales más trascendentes en la historia de Entre Ríos.
Se trata del juicio oral suscitado en la causa Nº J/454 “Rivas Gustavo/ promoción a la corrupción de un menor, promoción a la prostitución de un menor de 18 años de edad reiterada”, cuya Investigación Penal Preparatoria (IPP) estuvo a cargo de la fiscal Martina Cedrés, luego que el 27 de julio de 2017, una investigación periodística realizada por Daniel Enz, director de la Revista Análisis, derribó más de 40 años de indiferencia y dio a conocer un secreto “a voces” que era ejercido por toda la comunidad.
Las audiencias comenzarán mañana y continuarán el 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de este mes; “aunque el cronograma dependerá de la dinámica del juicio. Y al final de cada audiencia se informará sobre lo ocurrido”, se indicó desde el área de Prensa y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El Tribunal está integrado por Alicia Vivian, Arturo Exequiel Dumón y Mauricio Derudi; mientras que el Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Lisandro Béhéran (coordinador general) y Martina Cedrés; y la querella por los abogados Alfredo Vitale y Estela Esnaola; en tanto que la defensa de Rivas es ejercida por el abogado Raúl Eduardo Jurado.
La fiscal Cedrés presentó el 22 de agosto del año pasado al juez de Garantías y Transición N° 1 Tobías Podestá, su investigación que demandó poco más de trece meses de recolección de denuncias, testimonios y evidencias, para su elevación a juicio, que finalmente comenzará este lunes.
Doce víctimas se han presentado a realizar su denuncia, todas bajo identidad reservada (excepto una, la de Martín Daneri, que ofreció su testimonio de manera pública) y en todos los casos lo narrado en fiscalía son coherentes entre sí. Por eso muchas víctimas son a su vez testigos de otras víctimas y en este particular caso, se cuenta con fotografías, diapositivas y video filmaciones de clara connotación sexual, que confirman que los hechos imputados a Rivas ocurrieron tal como le fueron imputados… sin atenuantes.
Doble cara
Gustavo Rivas es abogado de profesión con una alta y precisa influencia en el fuero local y provincial y llegó a ser presidente de ese Colegio a nivel local. También es considerado una persona de gravitante influencia en la cultural de Gualeguaychú y uno de los que más ha escrito sobre su historia y especialmente el Carnaval del País; además de ser dirigente de varios clubes e instituciones intermedias.
Hasta la publicación de la Revista Análisis, su nombre se pronunciaba con un reconocimiento casi reverencial, a pesar que gran parte de la sociedad no ignoraba la otra vida “del doctor”: esa que lo convirtió en un corruptor de menores serial, con una actuación que implicó la afectación en el desarrollo sexual de varias generaciones durante casi cuatro décadas.
La investigación de la Revista Análisis demandó más de un año y medio y exhibió lo que muchos generacionalmente callaron: desde los años ´70 Rivas corrompió sexualmente a menores de entre 14 y 16 años. Primero eran los hijos de las familias que lo consideraban un amigo y lo sentaban en su mesa invitado a cenar; luego fueron los compañeros de esas primeras víctimas y años más tarde, ya sin límites y con absoluta impunidad, a niños de todas las condiciones sociales y extracciones (varios de ellos tutelados por organismos del Estado).
Rivas llega a esta audiencia sabiendo que las pruebas (las denuncias de las víctimas, las declaraciones de los testigos, pero también las fotografías, diapositivas y filmaciones como las conversaciones vía internet o chat y otros elementos secuestrados en el allanamiento de su vivienda de calle Mitre 7 de Gualeguaychú realizada el 27 de julio de 2017) son de una contundencia que seguramente no admitirá otra sentencia que la condena.
De todos modos, la tarea de los jueces no será sencilla. Rivas fue presidente del Colegio de Abogados de Gualeguaychú, candidato a gobernador y todavía su influencia se hace sentir por los pasillos de Tribunales.
Si con la publicación de la investigación de la Revista Análisis hubo un “antes” y un “después”; con el desarrollo de estas audiencias se sabrá si las víctimas podrán contar con un acto de Justicia que les ponga fin a los cuarenta años de impunidad.
La defensa
La defensa de Rivas es ejercida por el abogado Raúl Jurado. En los inicios de la causa, públicamente admitieron “que para el amor no hay edad” (Jurado); que a los menores “no le pedía el documento” o en todo caso “habría que sacar las cuentas de los años” (Rivas); o la parodia –una burla cruel- ejercida por Rivas camino a Tribunales y balbuceando un sonido gutural (“hum, hum, hum”) para dar cuenta que no iba a declarar; fueron expresiones propias de quien se siente por encima de los demás o está convencido de que en la Justicia nadie se atreverá a condenarlo porque solía ser convocado para animar las fiestas de colegas y magistrados.
La imputación que pesa sobre Rivas -promoción de la corrupción y de la prostitución a menores de edad- están contempladas en los Artículos 125° y 125° bis del Código Penal y para la parte acusadora se trata de hechos en concurso real y con una pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal de 25 años.
Se trata de uno de los delitos más detestables que dimensiona hasta dónde el ser humano se convierte en lobo depredador de su propia especie.
El 22 de agosto del año pasado –trece meses después de la denuncia periodística- se realizó el requerimiento de elevación a juicio. En esa oportunidad se contabilizaron doce víctimas porque desde el Ministerio Público Fiscal se dejó de recibir denuncias para no dilatar más los tiempos. El legajo contiene el aporte de más de 120 testigos; además de una voluminosa prueba documental, donde están incluidos los videos procesados por Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos; fotografías y diapositivas explícitas de situaciones grupales de directa connotación sexual, junto con otros elementos secuestrados en la casa de Rivas también de clara relación sexual.
Rivas atravesó este proceso en libertad, aunque con medidas de restricción como la de no ausentarse de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano sin el permiso de la Justicia.
Por consejo de su abogado defensor, en cada una de las doce imputaciones se ha refugiado en su derecho constitucional de no declarar.
Las víctimas
El relato de las doce víctimas es coincidente y todos confluyen en el delito de corrupción y prostitución de menores de edad.
Casi todas las víctimas tenían al momento de los hechos denunciados entre 13 y 17 años; aunque también hay casos de edades aún menores.
Además, todos coincidieron –en diferentes años, claro está- haber ido hasta los domicilios de Rivas (su actual residencia de calle Mitre 7; la casona familiar de Urquiza 541 y su casa de descanso en 30 de Marzo y Larroque de Pueblo General Belgrano) en grupo, nunca de manera individual.
Casi como un ritual, cuando estas víctimas cumplían los 17 años de edad, Rivas los descartaba o ellos ya rechazaban esas prácticas por decisión personal. Lo concreto es que Rivas, adulto, ejerciendo plenamente la abogacía, practicaba con su conducta una aptitud clara para desviar el libre crecimiento y desarrollo sexual de sus víctimas, todos menores de edad.
El fiscal coordinador general de la jurisdicción, Lisandro Béhéran, explicó en su momento a EL ARGENTINO que se está frente “a un delito de peligro porque más allá del acto en sí, el riesgo que implica para la personalidad del menor no requiere el resultado, no requiere que el menor luego se dedique a ejercer la prostitución. Con que la conducta sea idónea para que el menor luego lo haga asiduamente ya configura el hecho delictivo. Por eso es promoción: es promocionar o facilitar la prostitución de menores”.
En ese marco, reveló que todas las víctimas “en su momento eran menores de edad en distintas épocas de tiempo y que de acuerdo a sus declaraciones podrían haber visto menoscabada su integridad sexual. Y luego aparecen testigos que aportan distintos datos a la investigación corroborando –en mayor o menor grado- los hechos cometidos en perjuicio de las víctimas”, tal como lo reveló la investigación de la Revista Análisis.
Fechas clave
En un mismo día, dos hechos de conmoción colectiva.
El 27 de julio de 2017 tuvo una doble significación para esta causa. Fue el día de la publicación de la investigación de Daniel Enz y que permitió romper con cuatro décadas silencios e impunidad.
Ese mismo 27 de julio también se realizó el allanamiento y requisa domiciliaria en la vivienda particular de Rivas de calle Mitre; donde se secuestraron más de 200 fotografías, diapositivas y cintas de video, que contenían de manera directa las imágenes elocuentes de esta conducta desplegada contra los menores; además de diálogos de chat con muchas víctimas que todavía perduraban en los soportes informáticos que fueron secuestrados por la Justicia y posteriormente peritados por Criminalística de Paraná.
La tercer fecha clave es el 5 de agosto de 2017, cuando se supo que en sede de Fiscalía ya había cuatro denuncias radicadas; luego se recibieron dos más el 18 y 23 de ese mes.
Para el 19 de septiembre de 2017 había siete víctimas que se atrevieron a exponer su caso para evitar que otros atravesaran el mismo calvario. Y las denuncias se siguieron acumulando incluso hasta julio de 2018 hasta llegar a las 12 víctimas; oportunidad en que el Ministerio Público Fiscal tomó la decisión de cerrar la IPP para no dilatar más el proceso.
“Todos los meses recibimos nuevas denuncias contra Rivas. Y así no íbamos a terminar nunca. Hemos decidido cerrar esta investigación, presentar su elevación a juicio y si llegan nuevas denuncias, abriremos otro legajo”, explicó en su momento a EL ARGENTINO la fiscal Cedrés.
Rivas sabe que las pruebas son contundentes y los testimonios coherentes. Pero también sabe algo más y que lo ha experimentado a lo largo de este proceso: ya no cuenta con la aureola de la impunidad, por más que todavía reciba algún que otro apoyo por las redes sociales. En todo caso, se trata de expresiones muy residuales y marginales.
Además, sabe que sus víctimas dieron un paso hasta la publicación de la revista Análisis inimaginable: se atrevieron a contar el infierno vivido y esa narración hoy es parte de sus propios procesos de sanación, que ahora irremediablemente requiere de la palabra responsable que debe pronunciar la Justicia.
Rivas no ignora que en esos registros fotográficos y fílmicos hay niños en distintas poses sexuales que él mismo le sugería hacer para deleitarse luego en su intimidad.
El iniciador
Las charlas que solía brindar en determinados colegios, o las acciones vinculadas con carrozas estudiantiles, el carnaval, el paseo del estudiante, los viajes de egresados, diversas actividades culturales y deportivas, también funcionaban en Rivas como un coto de caza para elegir a sus víctimas. El depredador se ocultaba en la piel del hombre solidario con “la muchachada” y así se sentía como un verdadero iniciador.
Pero la conducta desplegada para aprovecharse de espacios educativos, deportivos, culturales y sociales, también se apoyó en otra matriz: en la selección de menores a partir de descubrir los puntos débiles de sus víctimas.
De acuerdo a las víctimas, Rivas potenciaba esa vulnerabilidad y luego se aprovechaba de esa minuciosa y detallista selección para satisfacer sus más bajos instintos.
Durante todo el proceso una vez que se abrió la Investigación Penal Preparatoria, Rivas –como su defensa- nunca clamó por su inocencia, aunque tampoco asumió responsabilidades por sus actos. No niegan los hechos… en todo caso los justifican: “El tiempo extinguió la acción penal”; “esos hechos quedan reservados al juicio de Dios”, “para el amor no hay edad”, “no le preguntaba la edad ni les pedía documentos”; son algunos de los planteos expresados de manera pública.
“Los hechos que aparentan irse confirmando con las pruebas recolectadas ocasionan pavor, es una situación que nunca pensamos –después de muchísimos años de estar en la Justicia- encontrarnos con semejante panorama”, describió en su momento el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amílcar García, al referirse a la investigación judicial por “promoción a la corrupción y promoción a la prostitución” contra Gustavo Rivas.
En ese marco, contextualizó que “supera la posibilidad de imaginación un tratamiento tan abusivo de adolecentes” y resaltó que “no se trata de actos aislados de una determinada orientación sexual. Se trata de un ataque a la posibilidad de elegir con libertad la sexualidad al momento de ser mayores”.
Aclaró también que “la calificación de prostitución tiene que ver con que el sexo que es uno de los aspectos más excelsos que caracterizan al ser humano porque no es la procreación sino que es el amor vinculado a la sexualidad, y eso se prostituye, se quebranta porque se hace por dinero, y eso no implica que el cliente paga y el organizador organiza, sino que es también cuando una persona por satisfacer sus deseos propios le da dinero o bienes a los adolescentes, porque los está llevando al camino de lo que llamamos el taxi boy”, ejemplificó en su momento en declaraciones formuladas al programa “A quien corresponda” que se emite por Radio de la Plaza de Paraná .
La investigación de la Revista Análisis del 27 de julio de 2017 fue un punto de inflexión. Y junto a la Investigación Penal Preparatoria, las víctimas tuvieron –acaso por primera vez- la seguridad de que serían comprendidas y por eso pudieron superar su silencio y dejar de sufrir en soledad. Ahora es el tiempo de la Justicia.
Este contenido no está abierto a comentarios