Autoridad de cuenca
El Acuífero Guaraní es uno de los mayores reservorios de agua dulce del planeta. Quienes lo han estudiado han aclarado que no es un yacimiento ni un lago subterráneo, sino agua que corre y se extiende bajo los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y posee áreas de recarga y descarga.
Se trata de un sistema hídrico muy poco estudiado en la Argentina pero que representa uno de los recursos más importantes en términos estratégicos para la vida misma. Cualquier planificación a mediano y largo plazo debe contemplar este recurso, en el rubro que sea.
Se sabe a ciencia cierta que sólo el 2,5 por ciento del agua en todo el mundo es dulce y por lo tanto irremplazable para la vida humana. Los pronósticos sobre este recurso son también dramáticos y se expresa en índices que son catastróficos: se estima que en el 2025 (faltan once años) más de tres mil millones de personas, de las cuales la inmensa mayoría será de países en vías de desarrollo, padecerán la falta de agua. En la actualidad, se calcula que una de cada cuatro personas carece de acceso a este vital elemento.
Urge convertir el acceso al agua en un derecho humano y para ello es preciso contar con legislaciones y marcos jurídicos que garanticen su consumo.
En Entre Ríos existe una ley provincial que habilita la creación de consorcios a través de una autoridad de cuenca.
Al respecto, la cuenca del río Gualeguaychú se encuentra desprotegida, con actividades que en vez de proteger el agua dulce, la vulneran de manera constante, justamente por la falta de coordinación y de previsión.
Llama mucho la atención que las autoridades políticas y legislativas de Gualeguaychú todavía no hayan utilizado esta herramienta (la ley de cuenca) para establecer mecanismos y dispositivos que permitan generar una gestión desde el Estado con mayor previsibilidad y sustentabilidad.
No hay que olvidar que Gualeguaychú es, aguas abajo, la última comunidad de este río que atraviesa distintos Departamentos y que arrastra contaminaciones varias y que se depositan justamente en donde la ciudad toma el agua cruda para su posterior potabilización.
Urge que una autoridad de cuenca pueda, por lo menos, establecer normativas, ordenanzas e incluso leyes que protejan de un mejor modo al bien y al recurso que significa el agua dulce.
No alcanza solamente con la previsión de acceder al agua dulce hoy, sino también modelar paradigmas para que las generaciones futuras también puedan tener su acceso.
Lamentablemente, todavía no prevalece el paradigma que proteja de manera integral las fuentes de agua y mucho menos en la cuenca del río Gualeguaychú.
Se sabe a ciencia cierta que sólo el 2,5 por ciento del agua en todo el mundo es dulce y por lo tanto irremplazable para la vida humana. Los pronósticos sobre este recurso son también dramáticos y se expresa en índices que son catastróficos: se estima que en el 2025 (faltan once años) más de tres mil millones de personas, de las cuales la inmensa mayoría será de países en vías de desarrollo, padecerán la falta de agua. En la actualidad, se calcula que una de cada cuatro personas carece de acceso a este vital elemento.
Urge convertir el acceso al agua en un derecho humano y para ello es preciso contar con legislaciones y marcos jurídicos que garanticen su consumo.
En Entre Ríos existe una ley provincial que habilita la creación de consorcios a través de una autoridad de cuenca.
Al respecto, la cuenca del río Gualeguaychú se encuentra desprotegida, con actividades que en vez de proteger el agua dulce, la vulneran de manera constante, justamente por la falta de coordinación y de previsión.
Llama mucho la atención que las autoridades políticas y legislativas de Gualeguaychú todavía no hayan utilizado esta herramienta (la ley de cuenca) para establecer mecanismos y dispositivos que permitan generar una gestión desde el Estado con mayor previsibilidad y sustentabilidad.
No hay que olvidar que Gualeguaychú es, aguas abajo, la última comunidad de este río que atraviesa distintos Departamentos y que arrastra contaminaciones varias y que se depositan justamente en donde la ciudad toma el agua cruda para su posterior potabilización.
Urge que una autoridad de cuenca pueda, por lo menos, establecer normativas, ordenanzas e incluso leyes que protejan de un mejor modo al bien y al recurso que significa el agua dulce.
No alcanza solamente con la previsión de acceder al agua dulce hoy, sino también modelar paradigmas para que las generaciones futuras también puedan tener su acceso.
Lamentablemente, todavía no prevalece el paradigma que proteja de manera integral las fuentes de agua y mucho menos en la cuenca del río Gualeguaychú.
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