El ausentismo
La política educativa tiene varios desafíos, algunos ya asumidos y encaminados como es la inclusión. Sin embargo, inclusión no es lo mismo que calidad educativa, aunque sea su paso previo indispensable para mejorar el sistema.
El otro gran desafío que tiene el área educativa es vincularse con otros estamentos de la administración pública central como Salud e incluso los sindicatos y los Colegios Médicos. Es indispensable que Entre Ríos baje el promedio de los docentes en uso de licencia por enfermedad, que en muchos casos se presenta con un índice escandaloso de casi el 20 por ciento, cuando el promedio histórico no debería superar el ocho por ciento.
Los certificados médicos que avalan falsamente faltar al trabajo argumentando una enfermedad también están seriamente cuestionados por la comunidad y en esto se articulan cuatro protagonistas clave: 1) el trabajador que hace de un derecho un abuso. 2) El sindicato que no colabora en la conciencia de clase y permite que estos abusos se naturalicen. 3) Algunos médicos que en la intimidad de un consultorio extienden (y cobran) certificados simulando diagnósticos con absoluta impunidad. 4) El Estado que no fiscaliza, no controla, no sanciona y genera el todo vale.
En el medio se deben destinar recursos millonarios para solventar la plantilla de docentes en carácter de suplencias, cuya cifra alcanzaría más que suficiente casi para aumentar en más de un cincuenta por ciento el salario de un maestro sin necesidad de buscar fondos extras.
Esta situación no la padece solamente el Estado como empleador, sino también el sector privado.
No es un tema nuevo y en esta misma columna Editorial se lo ha señalado varias veces. Hoy vuelve a cobrar interés público porque es evidente que las soluciones no se han implementado y todo sigue como entonces.
Así las cosas, la comunidad en su conjunto queda debilitada y se pierden oportunidades para que sus trabajadores y servidores públicos cobren dignamente por sus tareas, se pierdan puestos de trabajos y se deteriore la elemental confianza que debe prevalecer entre las instituciones y los ciudadanos. Por el momento, prevalece cierta hipocresía, porque todos lamentan la existencia de estas prácticas pero nadie esboza una solución integral.
Que un profesional simule un diagnóstico para que un trabajador haga de un derecho un abuso y que los sindicatos y el Estado miren para otro lado es un escándalo por donde se lo quiera analizar. Además, esto genera una inversión en salarios enorme, deteriora el sistema de suplencias e incluso –como ocurre en el sector privado- se pierden importantes inversiones en materia de radicación de empresas.
Algo distinto hay que implementar, porque hasta ahora todas las iniciativas han sido para que nadie pueda siquiera ponerle un límite a esta realidad que es casi una estafa en materia laboral.
Los certificados médicos que avalan falsamente faltar al trabajo argumentando una enfermedad también están seriamente cuestionados por la comunidad y en esto se articulan cuatro protagonistas clave: 1) el trabajador que hace de un derecho un abuso. 2) El sindicato que no colabora en la conciencia de clase y permite que estos abusos se naturalicen. 3) Algunos médicos que en la intimidad de un consultorio extienden (y cobran) certificados simulando diagnósticos con absoluta impunidad. 4) El Estado que no fiscaliza, no controla, no sanciona y genera el todo vale.
En el medio se deben destinar recursos millonarios para solventar la plantilla de docentes en carácter de suplencias, cuya cifra alcanzaría más que suficiente casi para aumentar en más de un cincuenta por ciento el salario de un maestro sin necesidad de buscar fondos extras.
Esta situación no la padece solamente el Estado como empleador, sino también el sector privado.
No es un tema nuevo y en esta misma columna Editorial se lo ha señalado varias veces. Hoy vuelve a cobrar interés público porque es evidente que las soluciones no se han implementado y todo sigue como entonces.
Así las cosas, la comunidad en su conjunto queda debilitada y se pierden oportunidades para que sus trabajadores y servidores públicos cobren dignamente por sus tareas, se pierdan puestos de trabajos y se deteriore la elemental confianza que debe prevalecer entre las instituciones y los ciudadanos. Por el momento, prevalece cierta hipocresía, porque todos lamentan la existencia de estas prácticas pero nadie esboza una solución integral.
Que un profesional simule un diagnóstico para que un trabajador haga de un derecho un abuso y que los sindicatos y el Estado miren para otro lado es un escándalo por donde se lo quiera analizar. Además, esto genera una inversión en salarios enorme, deteriora el sistema de suplencias e incluso –como ocurre en el sector privado- se pierden importantes inversiones en materia de radicación de empresas.
Algo distinto hay que implementar, porque hasta ahora todas las iniciativas han sido para que nadie pueda siquiera ponerle un límite a esta realidad que es casi una estafa en materia laboral.
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