El fracaso del control de precios
La política de control de precios que implementó el gobierno nacional es un rotundo fracaso.
Por otro lado, la escalada de precios que experimentó en estas dos últimas semanas la bolsa de harina, una materia prima indispensable para la mesa familiar, disparó el precio del pan a un nivel nunca antes vivido. Ni hablar del acceso a productos lácteos como la leche y la manteca, que también debilita la base alimentaria de los niños.
Técnicamente se puede definir que el control de precios es un mecanismo que establece una autoridad gubernamental, a manera de imposición y límite para determinados bienes y servicios de consumo en un determinado mercado.
Como toda decisión gubernamental, la debe controlar el propio Estado. En todo caso, un ciudadano solamente podrá controlar los precios eligiendo dónde comprar y a qué precio pagará aquello que quiere consumir. Pero no mucho más, porque todo lo que viene es distorsión de roles e incluso de precios. Y esto es lo que ha sucedido con la medida adoptada por el gobierno nacional.
Hay que aprender de la historia, porque toda vez que un gobierno implementó un control de precios ha tenido como finalidad mantener al alcance de los consumidores la existencia de esos bienes y servicios. Y en otras oportunidades, para evitar la escasez. Esto tampoco ha ocurrido en el país. Los precios no se han mantenido al alcance de los consumidores, la existencia de esos productos “controlados” tampoco se ha mantenido en las góndolas y la escasez se ha observado en muchos productos.
Pero el gobierno nacional ha incurrido en un error de base cuando tomó la medida del control de precios. Creyó erróneamente que el precio se establece en el último eslabón de la comercialización, es decir, en la góndola o mostrador. De un productor ganadero a la carnicería, el producto cárnico pasa por muchas otras manos o intermediarios que siguen sin controles. Del mismo modo se puede decir de la quinta a la verdulería o de los trigales a la panadería. ¿Por qué el gobierno eligió el último eslabón de la cadena en la formación de precios? Por pereza, por inoperancia, por falta de compromiso con los reales consumidores, es decir, los ciudadanos.
Lo otro que es necesario señalar es que mucho más efectiva que un control de precios, es generar un cambio sustancial en el sistema tributario, teniendo en cuenta que el Estado se queda con más del treinta por ciento del precio final que se consume. O al menos reducir el IVA en los productos de la canasta familiar. De todos modos, aún así, sería injusto solamente apelar al último eslabón de la cadena formativa de precios.
Si bien en su momento desde Presidencia de la Nación se involucró a las Municipalidades y a los gobiernos provinciales para realizar el control de precios –además de la militancia, otro error grosero-, quedó demostrado en la realidad que los municipios no tienen ese rol fiscalizador, excepto para los aspectos vinculados con los controles sanitarios y las habilitaciones, pero no mucho más.
Además, hay una contradicción en la construcción política, puesto que obligar y acordar no son la misma cosa, y esto también quedó demostrado con el mal llamado acuerdo de precios.
Técnicamente se puede definir que el control de precios es un mecanismo que establece una autoridad gubernamental, a manera de imposición y límite para determinados bienes y servicios de consumo en un determinado mercado.
Como toda decisión gubernamental, la debe controlar el propio Estado. En todo caso, un ciudadano solamente podrá controlar los precios eligiendo dónde comprar y a qué precio pagará aquello que quiere consumir. Pero no mucho más, porque todo lo que viene es distorsión de roles e incluso de precios. Y esto es lo que ha sucedido con la medida adoptada por el gobierno nacional.
Hay que aprender de la historia, porque toda vez que un gobierno implementó un control de precios ha tenido como finalidad mantener al alcance de los consumidores la existencia de esos bienes y servicios. Y en otras oportunidades, para evitar la escasez. Esto tampoco ha ocurrido en el país. Los precios no se han mantenido al alcance de los consumidores, la existencia de esos productos “controlados” tampoco se ha mantenido en las góndolas y la escasez se ha observado en muchos productos.
Pero el gobierno nacional ha incurrido en un error de base cuando tomó la medida del control de precios. Creyó erróneamente que el precio se establece en el último eslabón de la comercialización, es decir, en la góndola o mostrador. De un productor ganadero a la carnicería, el producto cárnico pasa por muchas otras manos o intermediarios que siguen sin controles. Del mismo modo se puede decir de la quinta a la verdulería o de los trigales a la panadería. ¿Por qué el gobierno eligió el último eslabón de la cadena en la formación de precios? Por pereza, por inoperancia, por falta de compromiso con los reales consumidores, es decir, los ciudadanos.
Lo otro que es necesario señalar es que mucho más efectiva que un control de precios, es generar un cambio sustancial en el sistema tributario, teniendo en cuenta que el Estado se queda con más del treinta por ciento del precio final que se consume. O al menos reducir el IVA en los productos de la canasta familiar. De todos modos, aún así, sería injusto solamente apelar al último eslabón de la cadena formativa de precios.
Si bien en su momento desde Presidencia de la Nación se involucró a las Municipalidades y a los gobiernos provinciales para realizar el control de precios –además de la militancia, otro error grosero-, quedó demostrado en la realidad que los municipios no tienen ese rol fiscalizador, excepto para los aspectos vinculados con los controles sanitarios y las habilitaciones, pero no mucho más.
Además, hay una contradicción en la construcción política, puesto que obligar y acordar no son la misma cosa, y esto también quedó demostrado con el mal llamado acuerdo de precios.
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