Hechos que arruinan la moral
La designación de tres nuevos funcionarios en la Dirección Departamental de Educación dispuesta por el Consejo Provincial de Educación ha suscitado una serie de reacciones que dan pábulo a toda suerte de conjeturas.
En principio, y esto hay que decirlo sin ambages, se está en presencia de hechos que más que causar un sensible daño a la credibilidad pública, producen un sensible daño en el campo moral.
De acuerdo a lo trascendido, una de las personas designadas estaría acusada de haberle sustraído una importante suma de dinero a la Asociación Cooperadora de la Escuela "Leopoldo Herrera", episodio que dio origen a un sumario administrativo ordenado por el ex-director departamental de Educación, Profesor Mario Giordán.
Naturalmente, a partir de la denuncia penal del hecho, es la Justicia la que ahora tendrá la última palabra. Lo que sorprende de todo lo señalado es que las autoridades entrerrianas hayan ordenado la incorporación del docente sospechado de un delito a un cargo de tanta jerarquía. Y aunque es cierto que nadie es culpable hasta que los jueces no lo decidan, tampoco admite sustento nominar para una función pública a quien debe aún demostrar su inocencia.
Consultado por un medio local, el Sr. Giordán formuló una apreciación ciertamente preocupante. Tras reconocer que la instrucción del sumario le había ocasionado serios tropiezos en detrimento de su autoridad, hizo un agregado que no puede ser pasado por alto: "Sucede que el docente acusado cuenta con poderosos padrinos", subrayó.
Si bien el Sr. Giordán no aportó más precisiones, resulta fácil deducir que al mencionar a padrinos poderosos, está denunciando la existencia de intereses políticos que han impedido que el supuesto ladrón haya sido desplazado del ámbito docente, lo mismo que dos educadoras más, sumariadas por haber incurrido en otras irregularidades igualmente punibles.
Lo que ha trascendido al conocimiento público es demasiado grave para ser silenciado, para restarle entidad o para querer ocultarlo, todo lo cual nos obliga, como intérpretes y voceros de la gente, a solicitar que se ponga en conocimiento de todos la verdad sobre un episodio que, reiteramos, es una mácula para toda la educación departamental.
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