La lucha contra la prostitución
Es indudable que en Entre Ríos como en el país se sigue teniendo una perspectiva marcadamente machista, a pesar de los avances de los derechos civiles.
Por algo se continúa ejerciendo el mercado del placer al precio de la esclavitud ajena, especialmente el de la prostitución de mujeres.
En la Argentina son Misiones, Santiago del Estero y Corrientes las provincias que más se caracterizan por ser proveedoras. Así como en Europa se considera que la ex Yugoslavia y Albania son países de paso para la trata de personas y que países como Alemania, Francia, Italia y España, entre otros, son países de destino de esas esclavas; en la Argentina, Entre Ríos es la única provincia que tiene las características de ser de paso y de destino.
Generalmente secuestradas, violadas, golpeadas hasta quedar exhaustas, esas mujeres nunca son voluntarias.
Si algo debe avanzar la sociedad en su conjunto es en comprender que no hay ninguna prostituta feliz y que se trata de un delito que lo consuma el cliente, tal vez uno de los peores delitos que cometa el hombre por sus consecuencias en el alma de cualquier persona.
La sociedad entrerriana está dividida entre reglamentaristas y abolicionistas. Los primeros consideran a la prostitución como un mal necesario que conviene controlar por razones sociales, sanitarias y morales. Los últimos la juzgan incompatible con la dignidad de la persona humana inscripta en la Convención Internacional contra la prostitución de 1949. Y ambos coinciden que la prostitución individual no constituye una infracción.
La prostitución no es una actividad profesional, aunque muchos se empecinen en llamarla la profesión más vieja del mundo. La prostitución es siempre la explotación de la mujer por el hombre.
En lugar de distraerse en el debate entre abolicionismo y reglamentarismo, sería mejor ocuparse de esas víctimas que son las prostitutas, salvarlas de ese “suicidio diario”. Para ello se necesita que el Estado no se contente solamente con decir que no está de acuerdo con la existencia de los prostíbulos, sino que articule una política integral donde se conjuguen represión, prevención y reinserción.
Está claro que hay que castigar a los rufianes, a los proxenetas. Pero también debería quedar claro que también es necesario castigar y condenar a los clientes, que son los que obtienen placer con la esclavitud ajena. Mientras el cliente, que es el que paga, quede impune, será difícil tener una política de Estado en la materia.
Hay que tomar conciencia de que una persona prostituida es una grave como clara violación a los derechos de la persona y fundamentalmente de que el cuerpo humano es inalienable.
Por eso se insiste en el concepto de que los legisladores deberían elaborar una norma que expresamente fije una condena clara a quien paga por la esclavitud del cuerpo de la mujer. Mientras eso no ocurra, limitado será la mera prohibición de habilitar prostíbulos. La prostitución callejera, la que se ejerce en casas particulares y se insiste, castigar al cliente son cuestiones pendientes en la provincia.
En la Argentina son Misiones, Santiago del Estero y Corrientes las provincias que más se caracterizan por ser proveedoras. Así como en Europa se considera que la ex Yugoslavia y Albania son países de paso para la trata de personas y que países como Alemania, Francia, Italia y España, entre otros, son países de destino de esas esclavas; en la Argentina, Entre Ríos es la única provincia que tiene las características de ser de paso y de destino.
Generalmente secuestradas, violadas, golpeadas hasta quedar exhaustas, esas mujeres nunca son voluntarias.
Si algo debe avanzar la sociedad en su conjunto es en comprender que no hay ninguna prostituta feliz y que se trata de un delito que lo consuma el cliente, tal vez uno de los peores delitos que cometa el hombre por sus consecuencias en el alma de cualquier persona.
La sociedad entrerriana está dividida entre reglamentaristas y abolicionistas. Los primeros consideran a la prostitución como un mal necesario que conviene controlar por razones sociales, sanitarias y morales. Los últimos la juzgan incompatible con la dignidad de la persona humana inscripta en la Convención Internacional contra la prostitución de 1949. Y ambos coinciden que la prostitución individual no constituye una infracción.
La prostitución no es una actividad profesional, aunque muchos se empecinen en llamarla la profesión más vieja del mundo. La prostitución es siempre la explotación de la mujer por el hombre.
En lugar de distraerse en el debate entre abolicionismo y reglamentarismo, sería mejor ocuparse de esas víctimas que son las prostitutas, salvarlas de ese “suicidio diario”. Para ello se necesita que el Estado no se contente solamente con decir que no está de acuerdo con la existencia de los prostíbulos, sino que articule una política integral donde se conjuguen represión, prevención y reinserción.
Está claro que hay que castigar a los rufianes, a los proxenetas. Pero también debería quedar claro que también es necesario castigar y condenar a los clientes, que son los que obtienen placer con la esclavitud ajena. Mientras el cliente, que es el que paga, quede impune, será difícil tener una política de Estado en la materia.
Hay que tomar conciencia de que una persona prostituida es una grave como clara violación a los derechos de la persona y fundamentalmente de que el cuerpo humano es inalienable.
Por eso se insiste en el concepto de que los legisladores deberían elaborar una norma que expresamente fije una condena clara a quien paga por la esclavitud del cuerpo de la mujer. Mientras eso no ocurra, limitado será la mera prohibición de habilitar prostíbulos. La prostitución callejera, la que se ejerce en casas particulares y se insiste, castigar al cliente son cuestiones pendientes en la provincia.
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